TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por cada 100 viviendas en Honduras, 18 son de alquiler. Así lo indica un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el que agrega que en el país se registran 2,562,219 viviendas, de las que 466,383 son alquiladas o rentadas.
Fuentes técnicas del INE sostienen que la construcción de viviendas para alquiler en Honduras, sea individuales o multi familiares, ha cobrado auge en los últimos años por la demanda de un espacio para vivir y por altos costos para contar con casa propia.
Agrega que los programas del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), los que se caracterizan por las bajas tasas de interés al oscilar entre 4% y 7%, han tenido un aporte positivo en el sector inmobiliario, no obstante, los recursos disponibles son pocos en relación al déficit habitacional, el que se estima en 950,000 unidades.
El mayor número de viviendas de alquiler se reportan en el departamento de Cortés con 155,575 unidades, seguida de Francisco Morazán con 96,852, Atlántida con 36,977, Yoro con 30,259 y Comayagua con 21,121 casas.Colón registra 18,179 viviendas de alquiler, Copán con 18,142 viviendas, Olancho con 14,353, El Paraíso con 12,754 y Choluteca con 12,168.
En las últimas posiciones aparecen Islas de la Bahía con 7,607 viviendas, Ocotepeque con 6,586, Intibucá con 6,083, La Paz con 4,696, Valle con 4,133, Lempira con 3,673 y Gracias a Dios con 1,366 casas.
Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), considera que hay una serie de factores que han impulsado las viviendas de alquiler en el país. Entre ellos enumera la falta de una política de estado en materia de vivienda y la ley que existe no se respeta o no se aplica.
Otros factores son la excesiva tramitología que evita y desincentiva la construcción masiva de proyectos de vivienda, ya que un permiso tarda hasta cuatro años, así como la injerencia de las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en temas técnicos que provocan distorsiones en el mercado.
Boquín sostiene que la fragilidad del estado de derecho es otro factor que evita que los hondureños tengan acceso a casa propia y se vean obligados a rentar, ya que los terrenos pueden ser invadidos o cambiar las reglas por cualquier funcionario sin análisis técnico.
