TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de la República envió al Congreso Nacional (CN) una propuesta de ley denominada “Plan financiero de rescate solidario” con el objetivo de beneficiar a las personas y empresas que tienen dificultades para pagar sus deudas al haber sido afectadas por la pandemia del covid-19.
Sin embargo, la iniciativa dispara las alarmas, puesto que aunque genera expectativas para los deudores, también ha generado temores y polémica por la forma en que se busca regular el sistema.
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Economistas y empresarios consideran que el proyecto estaría atentando contra la economía de mercado. Piden prudencia para evitar un riesgo sistémico e instan a velar por la estabilidad del sistema financiero, debido a que el dinero que manejan es de todos los ahorrantes.
Contenido de la ley
Al aprobar las reformas, se les prohibiría a los bancos o financieras la capitalización de intereses de los pagos no realizados desde marzo 2020 a diciembre de 2021.
También se prohibiría, por el mismo periodo, la aplicación de cargos moratorios, cargos por servicios o cualquier otro costo o cargo adicional a la tasa de interés, incluyendo tarjetas de crédito.
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Establece tasas máximas mensuales de 2% para tarjetas de créditos y 1% para créditos otorgados por instituciones financieras (bajando de 30% a 12% anual la tasa promedio), según una presentación realizada por la Secretaría de Presidencia.
Además, la ley permitirá otorgar moratoria de créditos sin constituir reservas para los créditos por morosidad y sin cambio en la categoría de riesgo de los deudores.
Algunos empresarios consultados advierten que varios bancos no podrían sobrevivir al impacto que tendrían estas reformas en sus activos.
Cohep pide revisión
Las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) enviaron una carta al vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la comisión especial de dictamen, Mario Pérez, para que se tome en cuenta su opinión sobre la reforma y se logre una herramienta legal inclusiva para todos los sectores.
“Consideramos que es necesario que se tome en cuenta nuestra opinión y de esta forma establecer un mecanismo financiero de readecuación de obligaciones para reactivar de forma inclusiva a todos los sectores productivos afectados por el paro de la economía derivado de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19”, solicitaron los empresarios a través de la carta oficial.
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El Cohep pide que los mecanismos de readecuación de deuda sean para todos los sectores afectados y no solo para turismo como establece el anteproyecto de ley.
También rechaza que se apruebe vía decreto la prohibición de capitalizar intereses, imponer plazos o la no constitución de reservas. Los analistas legales del Cohep precisan que sea el Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) las entidades que aprueben mecanismos de política crediticia, monetaria y de regulación del sistema financiero. Mientras que los directivos de la Cámara Nacional de Turismo Honduras (Canaturh) pidieron a los diputados dar prioridad y agilizar la aprobación de la ley para beneficiar a este rubro que genera 250,000 empleos y aporta el 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Discrepancias
La ley estaría en contra de la economía de libre mercado, explica el economista Claudio Salgado, quien explica que hay muchos criterios que serían de injerencia del Estado en el sistema. Explica que la Ley del BCH establece que la tasa se regirá por la ley de oferta y demanda, solo en casos excepcionales puede ser fijada por el mismo Banco Central.
Además, la ley específica del BCH está por encima de cualquier ley general, categoría en la que se ubicaría esta nueva ley de rescate financiero.
En consecuencia, habría una discrepancia respecto a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que Honduras tiene un acuerdo vigente.
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