TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La única opción de los países es aprobar medidas fiscales que alivien la crisis económica que está generando la emergencia sanitaria del Covid-19, de lo contrario la quiebra de empresas y los masivos despidos de trabajadores serán inevitables.
En Honduras la actividad productiva está paralizada en un 80% y el 20% restante trabaja a medio vapor, reportaron representantes del sector privado, quienes reconocen que lo primordial ahora es asegurar la vida de las personas, pero a la vez advierten que de no tener un plan estructurado el impacto a la débil economía del país será mayor.
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El Producto Interno Bruto (PIB) diario de Honduras ronda los 1,700 millones de lempiras, de los que se están perdiendo entre 1,300 a 1,400 millones de lempiras por el cierre de la mayoría de empresas, proyectan los analistas del sector empresarial. Únicamente están funcionando los sectores prioritarios como: alimentos, bebidas, sistema financiero, seguridad, salud y el rubro de productos de higiene, de acuerdo con Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Cortés (CCIC).
Sin embargo, a la fecha las autoridades gubernamentales no han dado una respuesta efectiva sobre la petición del sector privado, lo que genera incertidumbre para los propietarios de negocios que desde ya piensan aplicar la suspensión de contratos de trabajo, de alquiler y de pedidos.
Sin respuesta el plan
Las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentaron el domingo anterior una iniciativa denominada “Plan Integral de la Reconstrucción y Transformación del Sistema de Salud y la Economía Nacional”.
Se requieren reformas financieras, monetarias, fiscales y administrativas, dijo el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, quien informó ayer que continúan trabajando en la conformación de equipos que analicen los temas y hagan las recomendaciones pertinentes.
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En la propuesta recomiendan aprobar una moratoria y eliminación de algunos impuestos y crear planes de alivio para las empresas. Diferir por tres meses los pagos de servicios públicos como energía y agua, así como las deducciones al RAP, Infop y otros. También líneas de crédito para empresas y trabajadores que sean pagaderos a 20 años. Además, reformular el presupuesto de la República para dar prioridad al sistema de salud y la asistencia social.
A corto plazo la principal solicitud del sector privado es que los plazos de declaración y pago de impuestos se pospongan para el mes de junio. “Todavía no se ha resuelto nada de esos temas, especialmente de los temas fiscales no hemos tenido una respuesta absoluta”, afirmó el economista y representante del sector de microcréditos, Juan José Lagos.
“Sabemos que el gobierno necesita recursos, pero sino se toman decisiones el impacto va a ser primero en el empleo porque ya estamos tratando el tema de suspensiones de contratos de trabajo y alquileres”, agregó.
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Tomar las medidas en el corto plazo es de mayor beneficio porque daría certidumbre a los empresarios antes de tomar decisiones como suspender o despedir a parte de sus empleados o a todos, explican los analistas económicos.
“La liquidez del país se debe repartir de forma equitativa de forma tal que la empresa privada tenga parte de la liquidez para poder pagar los salarios y que el gobierno tenga otra parte para poder cumplir con su función social y más en este tiempo de crisis”, explicó, por su lado, Barquero.
“Estamos a la espera para ver si se van a implementar, mejor dicho, para ver cuándo se van a implementar porque realmente es que no va a haber opción. Estas medidas son las que están tomando los países afectados por el virus porque no hay otra salida”, aseveró el presidente de la CCIT.
Aplicar medidas fiscales traerá consecuencias económicas para el Estado, ya que el déficit será más alto y para cubrirlo tendrá que endeudarse con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante, estos organismos han recomendado al gobierno reformular los presupuestos y adoptar medidas fiscales debido a la emergencia que además de muertes puede dejar una recesión económica similar o peor a la de 2009.
EL HERALDO consultó vía mensaje a la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rocío Tábora, sobre si el gobierno está anuente a aprobar medidas fiscales como las que propone el Cohep, pero no se obtuvo respuesta.
Medidas tomadas
Hasta el momento el gobierno ha tomado algunas medidas de alivio financiero y monetario. El Banco Central de Honduras (BCH) anunció una reducción de 75 puntos básicos a la Tasa de Política Monetaria (TPM), dejándola en 4.75%, así como otras medidas con el objetivo de reducir las tasas de interés para préstamos e inyectar más de 10,000 millones de lempiras a la economía.
A lo anterior se suman una serie de medidas aprobadas por el Ejecutivo como la moratoria en el sistema financiero para que las personas y empresas que tienen deudas puedan pagar en los próximos meses sin multas ni intereses extras.
