De manera extraoficial trascendió que el gobierno de Honduras colocó en los mercados de capitales extranjeros un bono por 750 millones de dólares, más de 15,000 millones de lempiras.
La información la brindó el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico Álvarez, quien expresó a EL HERALDO que esta transacción la efectuó el gobierno a través de los grandes fondos de inversiones.
“Entiendo que sí, que hay compromiso de compra de la totalidad de los bonos”, expresó Álvarez, quien a su vez confirmó la veracidad del cable publicado por la firma de información financiera Bloomber, respecto al retiro de este proceso de colocación internacional de la firma Barklays.
“Es correcta la información de Barklay’s, pero no era el único intermediario. Está confirmado que los bonos se colocaron
entre los grandes fondos de inversiones”, expuso el financista.
Desde finales de la semana anterior trascendió que además de esta entidad financiera inglesa, el gobierno de Honduras contrató para este fin al
Deutsche Bank.
Las condiciones
Según Álvarez, el bono se colocó a una tasa relativamente alta, quizás, influenciado por recientes informes de Moody’s y de Standard & Poor’s.
Para el financista, dos puntos de los 6.50 que cobraron los desconocidos compradores están vinculados al pago de una prima debido al riesgo de pago.
“Estos fondos de inversión ven en estos bonos de alto riesgo una manera de elevar un poco su rentabilidad”, expresó.
Por su parte, el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Roldán Duarte, en su momento estimó que si el gobierno colocara este título valor a una tasa de 6%, tendría que pagar unos 45 millones de dólares al año por concepto de intereses.
Fue del criterio que Honduras acumula esta presión financiera sobre la deuda interna que ya supera los 3, 400.4 millones de dólares a junio de 2012.
Al sumar este nuevo compromiso el saldo de la deuda externa superaría los 4,100 millones de dólares.
Por su parte, Álvarez abogó para que estos recursos sean utilizados para reconvertir la deuda interna contratada a corto y mediano plazo con bancos e institutos de pensiones.
