Se conoció que la Secretaría de Energía ( Sen) ya emitió una opinión en contra de este proyecto por ser contradictorio a su plan estratégico y ser un proyecto que puede producir contaminación.
Es así que la operación o no de esa planta a base de carbón depende principalmente del dictamen que emita la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ( MiAmbiente).
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EL HERALDO intentó comunicarse con las autoridades de MiAmbiente para conocer su opinión en el caso, pero no se obtuvo respuesta. De antemano, funcionarios y empresarios se pronunciaron en contra, ya que el proyecto no cumple con los compromisos del país en materia de acciones relacionadas al cambio climático.
“El Gobierno ha firmado recientemente en la COP26 en Escocia compromisos ambientales para no aprobar proyectos de carbón”, manifestó Leonardo Deras, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). “El problema y el riesgo es que bajo este mecanismo (la declaratoria como proyecto de interés nacional) se ordene la forma de un PPA (acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo) con la distribuidora de ENEE, violando la LGIE”, advirtió Deras.
Sin embargo, si Puente Alto llegase a obtener su licencia ambiental para operar, solamente puede generar energía eléctrica por dos medios legales: uno, para autoproducción, y dos, para vender la potencia y la energía en el mercado de oportunidad o mercado spot. Con esto, si a la ENEE le interesa y lo necesita, le puede comprar la energía, o cualquier consumidor calificado o alto consumidor directamente, mediante un comercializador, detalló Deras.
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¿Qué querían aprobar?
La empresa Puente Alto Energy SA es un agente generador de energía que cumple con los requisitos que exige la LGIE y tiene su permiso de conexión, explicaron expertos en el tema. El proyecto ya está en desarrollo en la zona norte del país y es una inversión privada de 654 millones de dólares, casi 16,000 millones de lempiras. Lo que generó rechazo fue el intento de que declararan el proyecto, a través del Congreso, como de interés nacional, ya que al ser de esta categoría evita cumplir con las regulaciones, permisos y licencias.No obstante, esto no es atribución del Congreso Nacional, ya que, conforme a la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, se establece que es potestad del Poder Ejecutivo, por medio del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Para ello, debe ser recomendado por el Consejo Nacional de Inversiones, lo que no ha ocurrido, explicó Jacqueline Foglia, directora de esa institución.
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“El proyecto violenta lo establecido en la LGIE, lo cual significa un daño a la seguridad jurídica y constituye un irrespeto a la institucionalidad de la CREE y de la Secretaría de Energía”, manifestó en un comunicado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica consideró que otorgar esos beneficios particulares genera competencia desleal en el sector. Por su lado, Pedro Barquero, miembro del nuevo Gobierno de Xiomara Castro, advirtió que aprobar ese decreto sería legalizar actos de corrupción, y que al asumir tomarán acciones correctivas.
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