TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dio a conocer ayer los resultados de una investigación sobre la primera licitación internacional para la contratación de energía bajo la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).
El documento denominado “Electrocutados: el trasfondo de la crisis” aborda otros temas como las pérdidas de energía, las que en 2017 sumaron 11,200 millones de lempiras (220 millones de dólares).
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Contratos
La parte central del informe de ASJ se centra en el contrato otorgado a la empresa Enersa, quien participó en la licitación pública internacional 100-009/2017.
Señala que en ese bloque participaron dos empresas y al final fue adjudicado a Enersa.
El primer hallazgo es que la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) y la CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica) realizaron la licitación pública internacional en menos de cinco meses, comenzando en septiembre de 2017, o sea ocho meses antes del vencimiento del contrato de Enersa.
Agrega que el contrato programado para 10 años debía comenzar el despacho 30 días después de adjudicado y firmado (9 de noviembre de 2018). “Era difícil que otra empresa cumpliera; al menos seis meses para instalar equipos y demás permisos, Enersa era la única que cumplía con esa condición porque estaba instalada”, subraya.
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Otro hallazgo es que el contrato fue adjudicado fuera de la ley, ya que se hizo un año después, bajo el argumento que la mencionada empresa cumplía con las bases de licitación y podía demandar si no se les daba el contrato.
Impacto financiero
Otro de los hallazgos en el informe de ASJ es que el contrato a Enersa fue adjudicado con base en un dictamen legal, desconociendo las evaluaciones técnicas, económicas y financieras. Una objeción de la junta de licitación era que el precio era una carga financiera (10.6903 centavos de dólar por Kwh) en contra de la ENEE y
la población.
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Ese incremento podría significar al menos un impacto a 10 años de 4,355 millones de lempiras ($177 millones).
Otro señalamiento a Enersa es que los cambios en el contrato eran favorables para la empresa. Un ejemplo de lo anterior es el cambio de la moneda de dólar a euro, lo que podría tener un impacto de 300,000 dólares anuales.
Otro hallazgo es que Enersa pactó el pago para otras empresas generadoras, las que no participaron en la licitación, las que pertenecían a su mismo grupo empresarial.
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