TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cerca de 100,000 empleos directos generan las empresas de Choluteca y Valle que reciben incentivos fiscales.
Con la Ley de Justicia Tributaria enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional se pone en riesgo la estabilidad de ese número de trabajadores y de nuevas inversiones al ser excluidos los sectores productivos y contener una serie de “trampas legales”, dijo a EL HERALDO Víctor Wilson Cannesa, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCIS).
El entrevistado comparte sus puntos de vista sobre esa iniciativa de ley y la situación que atraviesa el sector privado en la región sur del país.
¿Cómo se explica el cierre de varias empresas en los últimos años en Choluteca?
Las condiciones para invertir no son las mejores por la inseguridad jurídica, las invasiones de tierras y los altos costos de producción, muchas empresas han trasladado sus operaciones a Guatemala, Nicaragua y Belice por los incentivos que ofrecen esos países y son más competitivos. La situación que vivimos es de mayor incertidumbre y preocupación si se aprueba la Ley de Justicia Tributaria como lo plantea el Poder Ejecutivo.
¿Dónde impactaría la Ley de Justicia Tributaria?
Habrá menos inversión. Sin haberse aprobado esa ley hay empresarios que tomaron la decisión de paralizar la expansión de sus empresas, son varios millones de dólares y de lempiras que no se invertirán. Pero lo más preocupante es la amenaza de esa ley a los empleos que generan los sectores productivos como el camarón, melón, azúcar, ocra, servicios y turismo.
¿Cuántos empleos directos estiman estarían en riesgo de aprobarse la Ley de Justicia Tributaria?
La Cámara de Comercio estima que son alrededor de 100,000 empleos directos los que están amenazados; la industria del camarón genera alrededor de 25,000 empleos, 14,000 están en el rubro del melón, 11,000 en la industria de la ocra, 8,000 en el sector azucarero y más de 40,000 en la actividad de turismo y servicios.
¿Cuál sería el impacto económico de esa ley en las empresas?
Este proyecto de ley conlleva la interrupción de los flujos de caja en las empresas por derechos adquiridos y que al eliminarse las órdenes de compra no se reconocen, así como la eliminación de beneficios vía Secretaría de Finanzas por acusación de supuestos abusos de las empresas, lo que significa un riesgo inaceptable para continuar invirtiendo en el sur.
¿Por qué la empresa privada ha rechazado esa propuesta de ley?
La Ley de Justicia Tributaria así como está redactada no beneficia en nada a la inversión nacional y extranjera, ni a la generación de empleos, y para muchas empresas representa un riesgo de quiebra y no tanto de trasladar las operaciones a otros países. Es importante destacar que el sector privado de Choluteca es capital nacional, somos hondureños, pero operamos en mercados internacionales con nuestros productos.
¿El sector privado de la zona sur recién entregó una propuesta al gobierno sobre la Ley de Justicia Tributaria?
Sí, la Cámara de Comercio e Industria del Sur envió una propuesta para mejorar esa ley y no fueron incorporados, ya que se excluyen los sectores productivos que más empleos generan en la zona sur de Honduras y lo que pedimos fue que se incluyeran en el artículo 2 de esa ley. Nosotros propusimos crear un régimen para la agroexportación, que busca exportar libre de impuestos y gravar todo lo que se venda en el mercado doméstico.
¿Cuáles son las bondades de la Ley de Justicia Tributaria?
Uno, dos o más artículos pueden ser de mucho beneficio para el sector privado pero cuando la suma de la totalidad es negativo no tiene bondades, además tiene varias trampas legales. Si se lee detenidamente la exposición de motivos es una carta de odio, la teoría económica planteada en el artículo 1 no tiene ninguna base, y si hay algunas empresas que han abusado de los incentivos que se proceda en contra de ellos, la CCIS está a favor de que se revisen esos casos.
