En la recta final, el vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez, anunció que se convocó a los diputados a una sesión el próximo lunes para finalmente discutir la aprobación o no de la nueva ley.
El costo de no aprobarse las reformas electorales sería alto para el país, comenzando porque el fraude no solo desataría la anarquía, sino que dejaría un gobierno ilegítimo y poco representativo de la sociedad, dicen analistas.
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A pesar de las recomendaciones de la comunidad internacional de aprobar una normativa que vuelva transparente y confiable los procesos electorales, los políticos en el Congreso Nacional juegan a sus propios cálculos, sin importarles el deterioro de la débil democracia.
La responsabilidad de aprobar las reformas electorales está sobre todo en manos del Partido Nacional, Liberal y de Libertad y Refundación (Libre).
También entran en el juego los partidos pequeños que cuentan con algún representante en el Legislativo —como el Partido Demócrata Cristiano y Alianza Patriótica— pero que poseen un nivel de caudal electoral extremadamente pobre.
Uno de los grandes nudos está en las Mesas Electorales Receptoras (MER). La propuesta inicial era que estén conformadas por representantes de los tres partidos mayoritarios, pero del lado nacionalista ahora desean incluir a fuerzas minoritarias.
Las reformas “no se han aprobado porque un grupo de diputados del Partido Nacional afines al presidente de la República (Juan Orlando Hernández) y al candidato presidencial ‘Tito’ Asfura se oponen, ya que ellos quieren que haya más miembros de representación de mesas y que sigan las credenciales en blanco porque eso les permite comprarlas y así tener más miembros y ventaja en las mesas”, criticó Augusto Aguilar, expresidente del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), hoy Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Según él, esa misma posición han asumido algunos partidos minoritarios porque las reformas no solo los deja con una disminución de sus representantes en las mesas electorales, sino que también ya no se les dará los diez millones de lempiras como deuda política, sino que se le pagará por voto obtenido.
El Partido Liberal y Libre, en cambio, apoyan que el control de las mesas quede en manos de solo los tres partidos.
De seguir eligiéndose con la misma normativa, sin contemplarse el otro punto que es la segunda vuelta, Honduras seguirá con gobiernos ilegítimos y poco representativos, que al final solo conducen a la anarquía, explicó Aguilar.
Culpables con nombre y apellido
Para Omar Rivera, s ecretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) si no se aprueba la nueva Ley Electoral y la nueva Ley de Justicia Electoral los culpables de eso tienen nombre, apellido y bandera y señaló al partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre).Ir a elecciones generales en noviembre con la misma ley electoral que ha estado vigente en los últimos años “es aventurarnos a reeditar la conflictividad que se ha dado cada cuatro años, desde que el golpe de Estado en el 2009”.
Llama la atención de que los tres partidos mayoritarios no pongan suficiente empeño en el tema, “porque para otras cosas les ha sido fácil llegar a acuerdos, por ejemplo, cuando se repartieron las cuotas de poder en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Registro Nacional de las Personas (RNP), ahí no hubo problemas, se pusieron de acuerdo, pero ahora los veo ahí complicados. Así como se
repartieron la institucionalidad pública como que fuera un botín político, creo que así deben poner empeño para llegar a un acuerdo con las reformas a la ley electoral”, exigió Rivera.
Dijo comprender que es complejo llegar a consensos políticos en medio de tanta crispación y confrontación qué habido en la última década, sin embargo, consideró que es fundamental que todos los partidos se den cuenta que “ si vamos a los próximos comicios con las mismas reglas de siempre vamos a tener los mismos problemas que ancestralmente han causado insatisfacción y desconfianza en los procesos electorales”.
Deploró que se deje todo para última hora, para que con las fechas límites encima se puedan buscar acuerdos sobre la base de la presión. “Cuando se está en la fecha límite es más fácil presionar exigiendo que se decidan o se quedan sin nada”.
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“Creo que ha sido una estrategia dejar todo a última hora para improvisar, para hacerlo a mata caballo, para andar a las carreritas y algunos se aprovechan de eso. La otra es que en los tres partidos hay gente que se beneficia del estatus quo', criticó.
'En los tres partidos hay gente que le gustaría que no se modificara nada -consideró- porque de alguna u otra manera así conservan sus cuotas, sus privilegios y espacios. Sería un error privilegiar los intereses personales sobre los intereses del país”.
Además de las reformas electorales hay otros temas de carácter constitucional, como la segunda vuelta electoral y la reelección presidencial que también deberían tocar porque están generando división y no hacerlo sería como tener una especie de asignatura inconclusa, recordó.
El cree que en Honduras hay dos sectores que pueden ejercer presión para que se modernice el sistema electoral, comenzando por aquellos que son reformistas a lo interno de la clase política- hay una generación de hondureños que quieren cambios en los tres partidos y pueden jugar un papel importante a lo interno- y las otras son las acciones de las organizaciones de la sociedad civil.
En tercera instancia está el papel especialmente del G-16, por ejemplo, el rol que pueda jugar Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes de manera reiterada a lo largo de los últimos diez años han venido haciendo constantes recomendaciones para que el sistema electoral hondureño se modernice.
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Con el apoyo de esos tres actores en conjunto, a lo interno y lo externo, se pueda lograr algo. “No basta solo con la presión internacional, el papel de los actores locales es esencial para impulsar los cambios en la legislación electoral, reflexionó Rivera.