Libre monopoliza reducida agenda legislativa: “El Congreso es tramitador del Ejecutivo”

Tegucigalpa, Honduras.- Además de estar en la lista de los 10 Congresos más corruptos del mundo, según el Índice de Estado de Derecho, el hemiciclo Legislativo es blanco de críticas por su poca productividad y, peor aún, por la baja calidad de los decretos presentados.

Además, tiene una agenda monopolizada por el partido de gobierno: el 68% de los 300 decretos recepcionados y discutidos desde enero de 2022 hasta octubre de 2024 fueron presentados por el Partido Libertad y Refundación (Libre) o por el Despacho Presidencial.

Esta situación ha generado descontento entre la sociedad civil, que cuestiona que no solo se trata de quiénes introducen los decretos, sino la falta de priorización en las temáticas, el poco interés de los diputados en las necesidades de la población y la falta de diálogo entre las bancadas para llegar a consensos.

“No se ha construido una agenda del país, sino lo que hay dentro del Congreso es una agenda del proyecto político, en este caso de Libertad y Refundación, que no es nuevo, obviamente, pero que siempre es cuestionable”, condenó el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar.

Esta situación, según Aguilar, se refleja en cada gobierno, pues los partidos siempre buscan cumplir su agenda sin ver las necesidades básicas en educación, salud, seguridad y empleo.

La falta de consensos y diálogo, según expertos, ha provocado que el Congreso Nacional de Honduras, dirigido por Luis Redondo, tenga una baja productividad y que, incluso, pase meses sin aprobar un tan solo decreto legislativo.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó cada uno de los decretos presentados en el Legislativo desde enero de 2022 hasta octubre de 2024, evidenciando que de 153 discutidos en 2022, la cifra cayó a 61 en 2023. Es decir, la productividad se redujo en un tercio para ese año. Hasta octubre de 2024, el Congreso discutió 86 decretos, 26 de ellos presentados por el Ejecutivo y 29 por el Partido Libre.

Para Aguilar, el problema es que “no ha existido una capacidad de diálogo, no ha existido una capacidad de acuerdos ni de consensos dentro del Congreso, entonces eso también paraliza prácticamente todo lo que conlleva el tema de generar una productividad, y sobre todo el tema de aprobar leyes de calidad”.

En diálogo con EL HERALDO Plus, el experto en democracia y transparencia habló sobre el “Monitoreo Legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia, resultados en escasez”, que, entre otras cosas, menciona que en este 2024 (hasta octubre) el Congreso Nacional apenas concretó 29 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. Esto se traduce a 242 horas sesionadas en 97 días.

Pero, las horas sesionadas en 2024 están muy por encima de lo que pasó en 2023, porque los registros en poder de este rotativo indican que entre septiembre y diciembre de ese año, el hemiciclo no tuvo actividad, por lo que tampoco hubo reportes de decretos presentados.

Esto refleja, según Aguilar, uno de los problemas de productividad y gasto, porque aunque los diputados no celebraron sesiones, seguían cobrando sus salarios.

El informe de ASJ dice que en este año, en subvenciones (que se entregan en completa opacidad), salarios para los diputados, viáticos y sueldos, se ejecutaron 898 millones de lempiras, lo que fue catalogado como una “ejecución presupuestaria bastante grande” al compararlo con la productividad.

Otro de los problemas que arrastra el Congreso Nacional es el tipo de normativas discutidas, pues “lo que aprueban no es información, no es legislación de calidad”.

Aguilar explicó que los decretos aprobados no atienden los temas de empleo, sobre todo cuando se derogó la ley de empleo sin garantizar una solución paralela.

También cuestionó que “no ha existido una normativa para eficientar el sistema de salud; temas de seguridad, tenemos estado de excepción que, además de ser ilegal e inconstitucional en este momento, no ha generado resultados para los temas de seguridad; temas de educación, o sea, toda la parte que se refiere a migración, etcétera, que sin lugar a dudas no ha sido positivo”.

Y es que el 16% de los decretos presentados en los últimos tres años fueron para préstamos o créditos, mientras que 30 fueron solicitudes para condecorar a varios hondureños por su lucha o trayectoria. Asimismo, hubo decretos de exoneraciones, días festivos o de concientización y aprobación o ampliación del presupuesto.

Los decretos, de acuerdo con los registros, para temas de salud, educación, seguridad, fueron pocos o nulos. En el último caso, muchos estaban relacionados con el estado de excepción, sin embargo, la mayoría no fueron sancionados por el hemiciclo.

De los 300 decretos, solo el 11% (34 de ellos) fueron sancionados, mientras que el resto no fueron ratificados. Esos mismos 34 decretos, según los registros a los que tuvo acceso este rotativo, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

El 38% de los decretos sancionados fueron presentados por el Despacho Presidencial y el 24% por Libre, mientras que 8 fueron del Partido Salvador de Honduras (PSH), que pese a que hizo una alianza con el partido de gobierno, poco a poco se fue desligando.

Estas cifras marcan una pauta bastante de clara de lo que dicen los expertos: la agenda parlamentaria ha estado intrínsecamente ligado al proyecto político de Libre, sin tomar en cuenta la calidad de las normativas aprobadas y, mucho menos, las necesidades de la población.

EL HERALDO le consultó al diputado por Libre, Yahvé Sabillón, sobre qué se tomaba en cuenta desde el Congreso para aprobar los decretos en la agenda legislativa, pero no respondió los mensajes.

La diputada Fátima Mena, por su parte, se quejó a finales de 2024, cuando este rotativo le consultó sobre por qué el Congreso de Honduras aparecía entre los más corruptos del mundo, que cuando el PSH hizo una alianza con Libre esperaba transformaciones, pero lo que han visto es que continúan con los mismos vicios de gobiernos anteriores.

Que el partido en el poder domine la agenda legislativa no es una novedad. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus ya había constatado que entre 2020 y 2021, años marcados por la pandemia, el Partido Nacional controló el programa del Congreso Nacional.

En esa ocasión se analizaron 255 decretos aprobados, resultando que 120 de esos se propusieron desde el Poder Ejecutivo o sus instituciones (el 47%) y 63 desde la bancada nacionalista (24.7%).

Lo anterior significa que 7 de cada 10 decretos tenían el sello del partido gobernante, una relación muy similar a los tres años de Libre.

“El Congreso hace las veces de un tramitador del Ejecutivo, porque el porcentaje que se me escapa en este momento, pero estoy seguro de que es superior al 90%, y creo que estoy siendo un poco conservador, de proyectos que se remiten desde el Ejecutivo hacia el Congreso Nacional son aprobados con celeridad, son aprobados, se les da esa prioridad, y sobre todo son PCM”, sentenció el director de Democracia y Transparencia de ASJ.

Esta opinión también fue compartida por la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, quien criticó que “hemos presentado varias iniciativas para contribuir a mejorar y a solucionar los problemas de la gente, y desafortunadamente no se han ni siquiera discutido. Entonces, casi todas las iniciativas de ley que se han aprobado aquí son únicamente las que les han ordenado que se discutan y que vengan directamente desde el Poder Ejecutivo”.

Las declaraciones de los entrevistados coinciden con los datos analizados por este rotativo, ya que por cada 10 decretos discutidos en el Congreso, 3 fueron presentados por Libre y 3 procedían del Despacho Presidencial, mientras que uno fue del PSH.

Los demás decretos venían del Partido Nacional, Liberal o de instituciones del Estado, algunos a través del Ejecutivo.

“Se han dedicado a gobernar únicamente para un sector, un mínimo sector, que fue el que le dio el voto a Libre, un mínimo sector, y han tratado de implementar una agenda política que a todas luces no ha sido una agenda que ha dado respuesta, ni en América Latina, mucho menos aquí”, lamentó Bermúdez.

La diputada, incluso, condenó que el Congreso se ha convertido en “un mandadero del Poder Ejecutivo”, por eso hizo un llamado a la directiva del hemiciclo para que además de llegar a acuerdos políticos con las bancadas de oposición, lo hagan con temas de beneficio para la población: salud, educación, seguridad, empleo, alimentación y, con ello, reducir la migración.

Al ser consultada sobre la poca productividad en el Congreso, reconoció que se debe a la falta de consenso entre las bancadas porque no existe liderazgo desde la junta directiva, pero defendió que aunque no sesionen realizan trabajo de campo.

“El artículo 203 de la Constitución de la República establece claramente cuál es la función del diputado, pero también el trabajo de tierra y la representación de ese Congreso en cada departamento, en cada municipio, hace que el diputado tenga que estar también trabajando cerca para escuchar las necesidades de la gente y poder construir, traer acá su agenda”, respondió.

Aseguró que ellos construyen las iniciativas y las presentan en el Congreso Nacional, pero pocas veces las someten a discusión.

“Aquí solamente se han discutido las iniciativas del Poder Ejecutivo, entonces nos hemos convertido como en un mandadero, un pasadero, y esa independencia de poderes que debe prevalecer aquí, definitivamente se perdió”, repitió la funcionaria.

Para este 2025, último año de la gestión de Xiomara Castro, los expertos tampoco esperan cambios, pues del Congreso proyectan una producción legislativa a cuentagotas y un gasto bastante grande, tal como ocurrió en los últimos tres años.

“En este 2025, muy probablemente el gasto en tema de subvenciones va a aumentar, porque muchos de esos diputados van a utilizar las subvenciones para financiar también parte de sus campañas políticas, aunque no sea dinero que entra directamente a las campañas, pero recordemos que esos programas asistencialistas que se generan a través de subvenciones, crean esa percepción de que el diputado está ayudando a las personas y generan esa dependencia también con los órganos, o con las personas”, puntualizó Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.