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Tegucigalpa, Honduras.- El 2024 pasó a la historia como un año “súper” electoral, según las Naciones Unidas, con 3,700 millones de personas de 70 países ejerciendo su derecho al voto.
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Sin embargo, este panorama también sirvió de terreno fértil para la proliferación de desinformación electoral, un fenómeno que amenazó la integridad de los procesos democráticos a través de narrativas falsas y engañosas.
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Estados Unidos, Venezuela y México se erigieron como ejemplos emblemáticos de cómo la maquinaria de la desinformación puede influir negativamente en la opinión pública y en los resultados electorales.
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En este contexto global, Honduras, que celebrará elecciones primarias en marzo y generales en noviembre de 2025, enfrenta serios retos para proteger a sus votantes de estas prácticas.
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EL HERALDO Verifica explica, con base en lo que aconteció en 2024, lo que puede pasar en Honduras si no se toman medidas.
Una mirada a la región
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La desinformación electoral es un fenómeno que busca distorsionar la percepción de los ciudadanos sobre los procesos democráticos y los candidatos.
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En 2024, este tipo de manipulación alcanzó niveles alarmantes, con estrategias que incluían desde la creación de noticias falsas hasta la difusión masiva de contenido engañoso a través de redes sociales.
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En Estados Unidos, por ejemplo, se divulgaron falsedades sobre supuestas irregularidades en el sistema de votación, mientras que en México se utilizaron campañas de desinformación para dañar la imagen de ciertos candidatos.
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Venezuela, por su parte, fue testigo de cómo narrativas manipuladas, esparcidas por el oficialismo, intentaron promover una democracia legítima el 28 de julio, cuando se reeligió Nicolás Maduro.
Del ejemplo a las acciones
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En el caso de Honduras, el panorama es especialmente preocupante. Actualmente, el país carece de regulaciones específicas para combatir la desinformación electoral, como lo ha explicado EL HERALDO Verifica.
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Las entidades responsables del proceso electoral, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), no han anunciado planes concretos para enfrentar este fenómeno, a pesar de su creciente incidencia en la región.
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Además, la sociedad hondureña muestra un bajo nivel de conciencia sobre la desinformación y sus efectos, lo que la convierte en un blanco fácil para este tipo de estrategias.
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El problema se agrava por la alta dependencia de los hondureños de internet y redes sociales como principal fuente de información.
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Según datos de la Secretaría de Dirección de Gestión por Resultados, el 70% la población accede a internet, pero la alfabetización mediática en el país es casi inexistente.
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Esto significa que la mayoría de las personas no cuentan con las herramientas necesarias para identificar información falsa o engañosa, aumentando la vulnerabilidad ante campañas de desinformación.
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En este contexto, la educación mediática se perfila como una herramienta crucial para mitigar el impacto de la desinformación electoral.
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Sin embargo, Honduras está rezagada en este aspecto. Iniciativas como talleres de alfabetización digital y campañas de sensibilización (como las de EL HERALDO Verifica) podrían marcar la diferencia, pero deben implementarse con urgencia para estar a tiempo para las elecciones de 2025.
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La experiencia de 2024 deja una lección clara: la desinformación no es un problema exclusivo de los países más grandes o tecnologizados, es una amenaza global que requiere respuestas locales efectivas y coordinadas.
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De hecho, un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), de diciembre de 2024, advierte sobre el potencial peligro de la desinformación electoral para los comicios de 2025.
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En ese sentido, ASJ insta a realizar reformas a la Ley Electoral para sancionar a políticos que difundan contenido sin verificar, así como fortalecer las capacidades digitales de los hondureños para que aprendan a detectar contenidos fabricados.
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Ambas peticiones, EL HERALDO Verifica ya las ha planteado desde fines de 2023.
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Según los expertos, Honduras no puede permitirse ignorar esta realidad, especialmente cuando está a las puertas de un proceso electoral crucial.
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La responsabilidad recae tanto en las autoridades como en la sociedad civil, quienes deben trabajar juntos para garantizar elecciones transparentes y libres de manipulación informativa, señalan los entendidos.
