El costo de un reo en la cárcel en las Islas del Cisne se triplicará

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo con el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que es de 2,476.3 millones de lempiras, el Estado gasta diariamente 354 lempiras por cada uno de los 19,165 privados de libertad, costo que se triplicaría en la cárcel de las Islas del Cisne.

Este presupuesto general también se usa para el pago de salario de los empleados administrativos, de los custodios que mantienen el orden, en el mantenimiento físico de las instalaciones, equipamiento de oficinas, transporte, alimentación, salud y algunas pequeñas actividades de rehabilitación.

A pesar de que ingenieros, biólogos y defensores de derechos humanos han planteado la inviabilidad del proyecto carcelario en esa porción de tierra de 5.5 kilómetros cuadrados en el Atlántico -ubicada a unos 353.4 kilómetros de La Ceiba y 450.8 kilómetros de Puerto Cortés-, el gobierno actual, de una forma poco transparente, está empecinado en construir esa obra.

Quienes se oponen a la construcción de la cárcel la han catalogado como un intento por disuadir y castigar al crimen organizado, imitando la ubicación de la famosa cárcel de Alcatraz, localizada en el centro de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos, a 1.2 kilómetros (unas dos millas) de tierra firme.

Esta prisión, construida en 1847, el gobierno norteamericano la clausuró en 1963 por el alto costo que representaba su mantenimiento, ya que las instalaciones fueron erosionadas por la salinidad del agua y del aire. Además, las aguas residuales estaban contaminando gravemente la bahía.

Aunque la historia de este penal expone cómo este tipo de construcción es golpeado por el ambiente marino y el alto costo que representa su mantenimiento, el gobierno y los militares -ocultando los estudios del impacto ambiental, el precio de la obra, el mantenimiento de las instalaciones y el costo que representará para el Estado de cada uno de los presos que ahí paguen sus penas-sometieron a licitación el proyecto, la cual fracasó en el primer intento.

Ahora, el temor de la sociedad es que la Secretaría de Defensa, que está a cargo de la obra sobre la cual ha pedido secretividad, use la vía de la compra directa, fuente de corrupción en el país.

No es la primera vez que los militares tienen el control de la construcción de un proyecto carcelario, sin embargo, no gozan de reputación en materia de transparencia ni garantía de los proyectos, pues la primera construcción de este tipo bajo su responsabilidad (en El Porvenir, Francisco Morazán) se derrumbó una parte a pocos meses de haber sido entregada.

Esta prisión se construyó en el gobierno de Juan Orlando Hernández, con recursos de la Tasa de Seguridad y bajo una secretividad impuesta por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). EL HERALDO denunció en varias ocasiones la opacidad en torno al centro carcelario.

Ni el INP ni las Organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad cuentan con información detallada de cuánto le cuesta diaria o anualmente al Estado mantener un reo, proveyéndole lo básico: alimentación, salud y vestuario.

Para el 2024, el Legislativo le asignó al INP un presupuesto de 2,476.3 millones de lempiras, los cuales, divido con la población penitenciaria (19,165 reos registrados hasta el 31 de julio reciente) representa un gasto anual por privado de libertad de 129,210 lempiras o de 354 lempiras diarios.

De acuerdo con el informe de compras y contrataciones de 2023, el INP sometió a licitación la adquisición de tortillas para los centros penales a nivel nacional por un monto de 50.4 millones de lempiras. Además, se programaron 227.1 millones lempiras en productos alimenticios y bebidas.

La suma de ambos montos, dividida entre los 19,165 privados de libertad, da un promedio de 14,479 lempiras anual o su equivalente a 40 lempiras diarios por reo, solo en alimentación.

Asimismo, en el plan de adquisiciones del 2024 aparece la compra de kit personal (camisetas, calzonetas, toallas de baño, colchonetas, boxer, desodorantes, calcetas y ropa de cama) por un monto de 19.8 millones de lempiras.

Igualmente, se programaron 13 millones de lempiras para la compra de kit de aseo básico (papel higiénico, pasta dental, cepillo dental, jabón de baño y jabón para lavar). Por otro lado, en la parte de salud aparece un monto de 13 millones en productos farmacéuticos y medicinales.

Si se suma alimentación, higiene personal, vestuario y lo correspondiente a salud, hace una cantidad de 323,386,200 lempiras que divida por la población penitenciaria, da la cantidad de 16,873 lempiras anuales, o su equivalente a 46 lempiras diarios por privado de libertad.

Para el defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, la absurda idea de construir una cárcel en las Islas del Cisne es propia de la Policía Militar.

Por la lejanía, el costo de la obra, el mantenimiento de las instalaciones y la manutención de los privados de libertad, el mantenimiento y funcionalidad de la misma se triplicará, dijo.

“Al final será un proyecto insostenible para los gobiernos y se tendrá que cerrar. Incluso si se ejecuta violentando las leyes, los responsables terminarán en la cárcel”, advirtió.

Es tal que un bloque de concreto que tiene un precio de 25 lempiras, pero puesto en el punto de construcción terminará costando entre 90 y 100 lempiras. Además, habrá que llevar el agua y el cemento de tierra firme para poder pegarlo. Esta observación también la hizo el Colegio de Ingenieros Ambientales de Honduras, quienes se opusieron desde que se informó del proyecto.

Se tiene que instalar energía eléctrica, una planta desalinizadora, una planta para el tratamiento de las aguas negras. Asimismo, “¿cuánto va a costar la alimentación de un reo? El precio será demasiado alto. Es que desde todo punto de vista que se vea es una decisión sin sentido”, condenó Maldonado.

Aseguró que será una prisión expuesta a la violación de derechos humanos.

Igualmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) mostró sus preocupaciones por la accesibilidad de los agentes a esa cárcel, así como por la visita de jueces, defensores privados, familiares y de otras personas vinculadas con los entes fiscalizadores en materia de derechos humanos.

De acuerdo con Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), el Estado puede construir esa cárcel bajo un alto precio, pero luego “el costo operativo por recluso será altísimo”.

“La pregunta que debemos hacernos no es si podemos construirla. El Estado sí puede. La gran pregunta es ¿cuánto nos va a costar su mantenimiento y operatividad? ¿Cuánto nos va a costar tener a unas personas allá?, pudiendo construir una cárcel de máxima seguridad en tierra firme, como hicieron los salvadoreños sin tener ese costo operativo brutal que nosotros vamos a tener en las Islas del Cisne”, aseguró.

Incluso, la construcción tendrá un costo muy alto porque los precios de los materiales se encarecen por el tiempo y el movimiento. “Cada vez que se mueve una bolsa de cemento del lugar A al B, eso cuesta dinero, incrementa el costo”, añadió.

Según su apreciación, si un metro cuadrado de estructura de cárcel en tierra firme en cualquier lugar de Honduras en promedio anduviese en unos 30 mil lempiras, entonces el metro cuadrado de construcción en la isla podría triplicarse, o sea 90 mil el metro cuadrado.

Consideró que los diseñadores tienen que decirle al gobierno que “esa prisión vale tanto y va a durar 20 o 25 años, no va a durar más de 30 años sin un mantenimiento adecuado, porque el salitre del mar se la va a terminar comiendo”.

De ahí los costosos programas de mantenimiento cada 15 años -que podrían superar la inversión de la construcción- para reducir las amenazas ambientales, dijo.

También se deben tomar en cuenta otros costos y riesgos, como la instalación de una planta de energía eléctrica, una planta desalinizadora para potabilizar el agua, pero cuándo esta falle de dónde van a sacar el agua para consumo, cómo se va a actuar si por el cambio climático un huracán exige una evacuación, reflexionó el presidente de la Chico.