TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades hondureñas mantienen en completa opacidad la información relacionada con la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne —incluyendo los estudios ambientales— provocando fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proyecto.
Así lo deja claro una serie de solicitudes de información que realizó el equipo de EL HERALDO Plus a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y la Secretaría de Defensa (Sedena), en las que la respuesta fue la misma: la información tiene una solicitud de reserva en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“Con respecto a su solicitud de información pública sobre proporcionar copia del expediente técnico ambiental para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, es meritorio informar que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tiene una solicitud de Reserva de Información del proyecto de la Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne, el cual consta en el Expediente Administrativo No. 010-2023-CI en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)”, menciona la respuesta que dio la Secretaría de Recursos Naturales a la solicitud SOL-SERNA-704-2024 que hizo este rotativo.
Las reservas de información en torno a este proyecto, valorado en más de 1,900 millones de lempiras (80 millones de dólares), no son cosa nueva, pues desde que la construcción de la cárcel fue aprobada, diferentes sectores han pedido —incluso públicamente— a las autoridades hondureñas facilitar los estudios técnico ambientales. El mayor temor de la población es que las obras afecten las especies marinas y terrestres que habitan allí.
Incluso, los documentos evidencian que la licencia ambiental solo corresponde a la primera fase del proyecto, pero como la información está bajo reserva, se desconoce de qué se trata.
Reserva de información
EL HERALDO Plus hizo al menos cinco solicitudes de información en las que pedía una copia de la licencia ambiental de la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, copia de los estudios y diagnósticos ambientales, así como información de las 40 personas (profesionales certificados) que participaron en la aprobación de la licencia ambiental.
Además, solicitó información de la biodiversidad que hay en las islas.
A través de la solicitud SOL-SERNA-702-2024, la Secretaría de Recursos Naturales contestó que “la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tiene una solicitud de reserva de información del proyecto de la cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne, el cual consta en el Expediente Administrativo N° 010-2023-CI en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)” y que por eso no podía proporcionar lo solicitado.
En un documento de dos páginas, la institución apenas respondió que el Estado estudió los términos de referencia y medidas de control ambiental para reducir el impacto ambiental en las Islas del Cisne.
El documento indica que la licencia ambiental SLAS-00074-2024, correspondiente a la primera fase, se aprobó tras aplicar cinco medidas bajo la regulación del artículo 24 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus pidió directamente una copia de la licencia ambiental, pero la información también fue declarada bajo reserva.
Algunos sectores cuestionaron el hecho de que la Secretaría de Recursos Naturales aprobó el permiso en tiempo récord, como aseguró el Colegio de Ingenieros Ambientales de Honduras.
También afirmaron que no se estaba prestando atención en el impacto ambiental que significará la construcción del proyecto.
EL HERALDO Plus intentó contactar al secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, para conocer más información sobre los estudios y la licencia ambiental aprobada en junio de 2024, pero no contestó las llamadas ni mensajes.
Basado en el número de licencia ambiental, este rotativo buscó la información en el Portal de Transparencia del IAIP.
En el memorando SG N° 475-2024, que incluía el número, fecha de emisión, código, nombre del proyecto y proponente de todas las licencias ambientales aprobadas en junio de 2024, en la última página adjunta una nota aclaratoria: “Se nos informó a esta secretaría de Estado sobre la resolución N°. SO-669-2023 emitida por el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y la solicitud de reserva de información del expediente administrativo N°. 010-2023-CI del 29 de septiembre de 2023, la cual se encuentra en trámite”.
Basado en esta solicitud, el mismo documento expone que “según la resolución y la solicitud de reserva antes descrita, la información correspondiente a la solicitud de licenciamiento ambiental del proyecto sería considerado en reserva para efectos del presente reporte”.
Fuentes del IAIP dijeron a EL HERALDO Plus que esa institución no se pronuncia sobre nada ambiental, pues para eso está la Secretaría de Ambiente, pero que en 2019 emitieron la resolución SE-004-2019, que declara público todo lo relacionado con explotación ambiental.
Afirmaron que cuando hay una resolución que indica que la información es pública, se entiende que en otros casos de la misma índole se debe facilitar, pero al referirse específicamente a los estudios técnicos ambientales de la cárcel no se divulgarán hasta que haya una resolución.
Este rotativo conoció que el expediente que presentó Defensa para declarar la información bajo reserva tiene 23 puntos técnicos, en los que no solo se pide reservar lo relacionado con los planos e infraestructura de la cárcel, sino también con la parte ambiental. El IAIP tiene planificado dar una resolución sobre esta solicitud en este mes.
Cuando esa institución notifique sobre lo que debe ser público y lo que no, Defensa tendrá 10 días hábiles para presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De no hacerlo, la resolución del IAIP queda firme y tiene un mes para publicar la información relacionada con la cárcel. Si el caso va a la CSJ, el veredicto de si es público o no puede tardar años.
“Tienen derecho a petición de reserva de información, pero el IAIP es el que decide qué es público y que no, de acuerdo a lo que la ley dice”, mencionó una de las fuentes a EL HERALDO Plus, al afirmar que con excepción de un caso, las reservas de información que han terminado en la Corte, los jueces coinciden en las resoluciones que da el ente de información pública.
Ana Rosario Velásquez, experta en temas ambientales de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), por su parte, lamentó que “la falta de transparencia en el proceso se ha evidenciado desde el año pasado, pero esto tiene que ver mucho con la falta de plataformas de concertación y participación ciudadana, debido a que no se han creado esos espacios o no se han fortalecido”.
Ante esto, la bióloga sugirió al gobierno “escuchar a la población, a los expertos, a las organizaciones de sociedad civil y a las comunidades que han pedido no solamente revisar el caso, sino ser parte de la toma de decisiones que son tan importantes, como este caso, que por supuesto involucra un área protegida y un recurso que es muy importante en temas de pesquería, turismo y ecoturismo”.
Dijo que una infraestructura, como una mega cárcel en las Islas del Cisne, no es compatible, ya que “esta es un área protegida, pero no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con el tema de recursos financieros, de sostenibilidad a largo, mediano y corto plazo; por supuesto el tema de la contaminación del Caribe que va a afectar no solo a Honduras, sino también a otros países de la región”.
La diputada liberal Erika Urtecho recordó a las autoridades hondureñas que los cuatro pueblos indígenas de La Mosquitia, en Gracias a Dios, se oponen al proyecto, especialmente por el impacto negativo en las comunidades costeras.
Urtecho citó a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, que enumeró los daños exponenciales e irreversibles que habrá en las comunidades costeras que viven de la pesca.
“Es de conocimiento nacional que la pesca es la principal actividad económica de mi departamento. Además, los pueblos originarios del departamento merecen que se les garantice la protección de sus recursos naturales, así como la preservación de sus territorios con gran valor ambiental”, pidió.
Evocó el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que indica que la consulta previa en La Mosquitia es de carácter obligatorio para cualquier entidad estatal, instituciones u organismos externos, nacionales e internacionales.
La funcionaria advirtió que aunque se trata de “un proyecto de seguridad nacional, no se puede poner en riesgo nuestra seguridad ambiental y destruir nuestros ecosistemas, cuando existen otras opciones para que esta cárcel pueda ser construida en tierra firme, como, por ejemplo, el Corredor Seco”.
Mencionó que presentó en el Congreso Nacional un proyecto donde se establecen que las únicas actividades permitidas en el área protegida deberán ser de conservación estricta, investigación científica y restauración ecológica.
Pese a los cuestionamientos de diferentes sectores, Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), anunció el pasado 17 de agosto de 2024 que el proyecto será sometido nuevamente a licitación porque las empresas que participaron no cumplieron los requisitos.
Diversidad en Islas del Cisne
Los estudios sobre la biodiversidad en Islas del Cisne también fueron declarados bajo reserva, al menos eso evidenció la Secretaria de Recursos Naturales a través de la solicitud SOL-SERNA-632-2024.
Este rotativo pidió de forma puntual una copia de los informes sobre la fauna, flora y biodiversidad que hay en las islas, así como los documentos relacionados con las evaluaciones para la construcción de la cárcel.
La Secretaría de Recursos Naturales no contestó hasta que el IAIP ordenó, luego de un recurso de revisión, facilitar la información al equipo periodístico, al menos con todo lo relacionado con la biodiversidad. Sin embargo, la institución ambiental solo adjuntó dos estudios antiguos, uno de ellos realizado hace casi dos décadas: Report Card for the Mesoamerican Reef (2012) y el “Estudio Preliminar de la Avifauna de Islas del Cisne” (2007).
La Secretaría de Recursos Naturales también explicó de forma escueta que en septiembre de 2023 realizó una investigación sobre el estatus legal de las islas y concretaron un estudio de campo de los últimos 30 años.
El documento menciona que un equipo viajó vía aérea en septiembre de 2023 para ver estado de salud de los arrecifes coralinos, que fueron analizados mediante buceo; también para tomar muestras de matorrales y de plantas arboledas para verificar en herbarios académicos.
Asimismo, para realizar monitoreo biológico de anfibios, aves, insectos y reptiles. Posteriormente, verificaron la prefactibilidad para la construcción de la cárcel y obras conexas, definida en el reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, aseguraron que el documento fue compartido con el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Defensa.
Aunque se desconoce los resultados de los análisis, el “Estudio Preliminar de la Avifauna de Islas del Cisne”, publicado en 2007 por la Secretaría de Recursos Naturales y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), indicaba que en la isla habitaban 65 especies de aves, 57 de ellas migratorias y 8 residentes.
Además, resultaba un punto importante para 54 especies de peces y hasta tiburones, como el tiburón del Caribe (Carcharhinus perezi), el tiburón enfermera (Ginglymostoma cirratum) y el tiburón cabeza de martillo (Sphyrna mokarran) gigante.
Según la organización Chipes, el acuerdo presidencial 3056-91 establece que no se permiten otras actividades en la isla que no sean con fines científicos y educativos, sin embargo, defensa prevé empezar la construcción de una cárcel con capacidad para 2,000 reclusos de alta peligrosidad.
La organización del ambiente afirmó que la isla es de suma importancia en los ecosistemas marinos, pues permite la conectividad entre las diferentes zonas del Gran Caribe, por lo cual es una zona crítica “para la salud del océano”.
En julio de 2024, el secretario de Defensa, José Zelaya, aseguró que las Islas del Cisne no hay nada, solo la Fuerza Naval que ejerce soberanía. El ingeniero Anuar Romero, quien ha realizado estudios en las islas del Caribe y conoce bien las actividades marinas en esa zona, afirmó que desde el punto de vista militar no hay nada, pero al ver los ecosistemas hay mucho.
Destacó las diferentes especies de flora y fauna, así como las especies de coral que hacen parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), un ecosistema de aproximadamente 1,000 kilómetros de longitud en el mar Caribe.
La Coalición Ambiental de Honduras, incluso, presentó 50 interrogantes que esperan que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente responda en el estudio ambiental que hicieron, pero que mantienen bajo reserva.
“Son 50 temas que no hay respuesta. No hay suelo fértil; el sistema de radiocomunicación de emergencia, no hay; disponibilidad de arena para hacer mezcla, no hay trabajadores; los suelos, hay un punto interesante, convergen dos placas tectónicas, la del Caribe y del norte y eso hace que la construcción de un edificio o una infraestructura representa un alto riesgo”, afirmó el ingeniero René Soto, quien es especialista en medio ambiente.
