La deuda de Covi en CA5-Norte: puentes a desnivel, ampliar 39 kilómetros y reparar fallas

Tegucigalpa, Honduras.- En los 391.82 kilómetros de la carretera CA-5 Norte, a cargo de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H), faltan una serie de obras que en más de una década de operación no se han logrado concretar.

La responsabilidad es a doble vía, es decir, tanto el concedente, en este caso, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como la concesionaria tienen que asumir la responsabilidad de cumplirle a los usuarios, que no pueden usar la vía sin pagar.

El compromiso hasta el 8 de marzo del año 2035, cuando termina el contrato, es que Covi-H mantenga una carretera en óptimas condiciones y a cuatro carriles en su totalidad, desde Tegucigalpa hasta llegar a Puerto Cortés.

También se incluye el Canal Seco, que son los 100.49 kilómetros a cuatro carriles entre la Villa de San Antonio, Comayagua, y Goascorán, Valle, que Covi-H se ha negado a recibir por problemas de obras civiles, según informes de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP).

Cifras analizadas por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus evidencian que el Inversionista Operador Privado (IOP) ha recaudado desde el 2014 por el cobro del peaje más de 5,900 millones de lempiras.

Covi-H hace el cobro en tres estaciones: Zambrano en Francisco Morazán; Siguatepeque en Comayagua; y en Santa Cruz de Yojoa, en Cortés.

Basados en los ingresos de 2023, que ascendieron a 796.7 millones de lempiras, en promedio los hondureños pagan 2.1 millones de lempiras al día por circular en la carretera.

La concesión genera inconformidad, debido a que obligatoriamente se debe pagar por un servicio que ni el concesionario, y mucho menos el Estado, han logrado que esté completado al cien por ciento.

Los usuarios de vehiculos livianos están de acuerdo en pagar peaje, pero se quejan de filas en las estaciones de cobro, de hundimientos en la carretera, de falta de controles de velocidad y falta de iluminación.

Las quejas de los dirigentes de transporte de personas y de carga son más fuertes, debido a que la carretera es prácticamente una herramienta más de trabajo para ellos y pagan para utilizarla, pero se enfrentan cada día a muchas deficiencias.

Las principales quejas van enfocadas a la falta de ampliación de seis tramos en 39 kilómetros y la poca acción para solucionar los congestionamientos que se generan en los municipios de Villanueva, López Arellano y Choloma, Cortés.

El contrato establece que la concesión incluye la ampliación a cuatro carriles de los tramos entre el fin del valle de Comayagua a Siguatepeque y de Taulabé a La Barca con una longitud de 88.8 kilómetros.

La construcción de la ampliación a cuatro carriles inició el 3 de octubre de 2014 y la fecha contractual de finalización era el 20 de noviembre de 2017, pero se incumplió, debido a que existen dificultades con la liberación del derecho de vía.

De igual forma se quejan por la falla que existe en el kilómetro 134, en el sector de El Carrizal, Taulabé, Comayagua; por la inseguridad, así como de la maleza en el Canal Seco y parte de la CA-5 Norte a la altura de Comayagua.

El informe anual de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) establece que las obras de ampliación tienen un porcentaje de avance de 97.27%, quedando pendiente de ampliar seis tramos cortos entre Taulabé, Comayagua, y el desvío a Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Mientras que las obras de puesta a punto, es decir, el mantenimiento rutinario en la carretera, tienen un porcentaje de avance de 100%, igual la construcción de las estaciones de peaje de Zambrano y la de Siguatepeque.

Donde se han generado problemas es en la estación de peaje de Yojoa, que debido a la peligrosa ubicación donde se construyó se tuvo que mover una parte a una estación provisional mientras se define la ubicación final.

El nivel de servicio que más problemas presenta es la superficie de rodadura, establece el informe, debido al alto flujo de vehículos que transita por esta carretera principal del país, que al año superan los 14.2 millones de automóviles entre livianos y pesados.

Miguel Servellón, del área técnica de la SAPP, declaró que Covi-H tiene la obligación de ampliar a cuatro carriles en los tramos que están a dos y mejorar continuamente toda la carretera.

El problema es la liberación del derecho de vía, para lo cual se debe llegar a un acuerdo con las personas que habitan en las zonas a intervenir, pues deben ser indemnizados.

“Eso no se ha logrado, es responsabilidad del Estado, el Estado tiene que hacer todas esas negociaciones, llegar a un acuerdo con los habitantes de la zona y luego decirle al concesionario que complete la ampliación”, detalló.

Mario Ayala, superintendente presidente de la SAPP, explicó que ya han sostenido reuniones Covi-H y la SIT para definir la inversión en el kilómetro 134, con el objetivo de analizar si la reparación está cubierta por el seguro.

Ejecutivos de Covi-H, a pregunta de EL HERALDO Plus, justificaron que el problema de la ampliación en los tramos pendientes no se ha completado debido a la falta de liberación de los terrenos, una responsabilidad que conforme el contrato le corresponde al gobierno de Honduras.

Las zonas que hacen falta por ampliar corresponden al tramo que va desde Taulabé, Comayagua, al desvío de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, con una longitud aproximada de 39 kilómetros, apuntaron desde la concesionaria.

Además faltan por ampliar 1.84 kilómetros, distribuidos en cinco puntos a lo largo del tramo, por donde los conductores en este momento deben conducir con mucha precaución para evitar accidentes.

De acuerdo a los conductores, cuando se reducen los carriles de cuatro a dos se aumentan los riesgos de accidentes, en especial en la actual temporada lluviosa y durante las noches.

Otra de las zonas donde no se ha llegado a un acuerdo para terminar la construcción de los cuatro carriles es frente al área comercial del Lago de Yojoa, es decir, donde están los negocios de venta de pescado.

De acuerdo a Covi-Honduras, ese sector tiene una longitud de 1.5 kilómetros, donde —además de los restaurantes— hay hoteles, viviendas y en los últimos años proliferan las invasiones, sin que haya control por parte del Estado, empeorando el problema.

Sobre la falla ubicada en el sector de El Carrizal, Taulabé, Comayagua, Covi explicó que los daños fueron causados por los huracanes Eta y Iota 2020, pues activaron el deslizamiento en la zona.

Los equipos de la concesionaria han realizado las intervenciones necesarias para mantener la circulación permanente en la vía, no obstante, los hundimientos y deslizamientos siguen activos.

Lo que se hizo fue presentar un estudio técnico para proponer la construcción de un puente que solucionará el problema de manera definitiva, pero se está a la espera de formular el esquema de inversión.

El plan de inversión de Covi-H contempla el mantenimiento continuo de la carretera CA-5 Norte, con cuadrillas que diariamente se encargan de la limpieza, pintura, sustitución de vialetas (conocidos popularmente como ojos de gato) y señalización vertical, así como del bacheo preventivo.

Además, se realizarán trabajos que incluyen la sustitución completa de la capa de rodadura en al menos dos ocasiones más antes de que finalice el contrato, asegurando que la vía se entregue en perfectas condiciones.

Adicionalmente, según lo determinado por el gobierno central, a través de SIT y las alcaldías cercanas a la carretera concesionada, se ejecutarán grandes proyectos como el paso a desnivel en Villanueva y dos elevaciones en Choloma, uno frente al Mall Las Américas y otro en la Colonia López Arellano, todos en Cortés.

Estos últimos proyectos se deben ejecutar con los recursos que salen del pago por medio de la Tasa de Uso de Vía Concesionada (TUC), que corresponde al 15% del recaudo total del peaje y que, por ley del contrato con Covi, entran a la Tesorería General de la República (TGR).

Todos esos ingresos anuales deben ser utilizados exclusivamente para ejecutar proyectos a través de las alcaldías de los municipios que cruza la CA-5 Norte, es decir, que el Estado los devuelve a Covi-H para que haga las obras que decidan las autoridades locales.

Al definir los proyectos con las autoridades municipales y el gobierno, Covi comienza a ejecutar los proyectos, el problema es que el Estado es lento en retornar los recursos para realizar las obras.