En la paila de un carro para basura y con el uniforme puesto liberaron a reo de Támara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A plena luz del día, vestido con el uniforme anaranjado de máxima seguridad y sentado en la paila de un pick-up gris que transportaba basura escapó por la entrada principal del Centro Penitenciario Nacional de Támara el privado de libertad Osmin Rodríguez Medina, condenado a 101 años de prisión.

La descarada salida de Rodríguez Medina ocurrió en apenas 12 minutos, en los que sus abogados presentaron una carta de libertad amañada, que -sumado a un soborno de dos millones de lempiras- permitió la fuga.

La fotografía del sentenciado a 101 años de prisión por diversos asesinatos -aparece sentado en la paila del carro, con un gorro en el que por momentos se cubría la cara y mascarilla azul- forma parte de los informes que revelan la corrupción a todos los niveles en Támara.

Pero no es el único que salió con carta de libertad amañada, pues Luis Contreras obtuvo su libertad del Centro Penitenciario Nacional de Támara con un documento amañado y, por increíble que parezca, luego de pagar un soborno se presentó a dejar el documento original. Ambos privados de liberta continúan libres en las calles del país.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló, a través de informes confidenciales, videos, fotografías y testimonios, cómo se administró Támara bajo la gestión de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Nacional (PN) y ahora bajo el control de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Este rotativo evidenció la presencia de túneles construidos por la Mara Salvatrucha MS-13 para liberar a tres reos entre 2022 y mediados de 2023, así cómo la salida de sicarios que aprovecharon preliberación para viajar a Costa Rica a realizar espantosos asesinatos.

El lunes anterior, también ese publicó un reportaje sobre los extranjeros que escaparon de Támara con sobornos bajo el beneficio de preliberación; otros, como el caso de Rodríguez Medina, que salieron hasta con el uniforme de reo.

Toda esta información ha estado a la disposición de las autoridades, pero se ha mantenido oculta para proteger a todos los involucrados, conoció este rotativo.

Osmin Steven Rodríguez Medina, peligroso líder de una estructura criminal, tenía cinco sentencias firmes que le acumularon una condena de 101 años de prisión por delitos de homicidio. Pero eso no fue impedimento para que -vestido con su traje anaranjado- escapara por la entrada principal, en un carro tipo paila que utilizan para botar la basura, del módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara.

No era la primera vez que este individuo se fugaba de la cárcel de Támara, pues el 11 de mayo de 2017 se escapó con otros 22 privados de libertad. Su estadía en las calles solo duró seis meses, porque el 11 de noviembre de 2017 lo recapturaron junto a otro prófugo.

Como pasaron dos años sin que el Ministerio Público (MP) y los jueces movieran el juicio, la defensa de los dos recapturados solicitó la revocación de la medida de prisión, por lo que el 8 de mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia del covid-19, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba ordenó “dejar en inmediata libertad a los acusados”.

Ambos fueron puestos en libertad con las medidas de presentarse una vez por mes a firmar un libro de control en los juzgados y la prohibición de no salir del país.

Todo esto sin perjuicio de que “tengan otro proceso con medidas de prisión preventiva o estén cumpliendo condena por otra causa”, dice una nota dirigida al director de la Penitenciaría Nacional de Támara, firmada por los jueces que tomaron la determinación.

Rodríguez Medina, líder de la pandilla Barrio 18, estaba en el módulo de máxima seguridad cuando llegó un abogado con una carta de libertad amañada. La fuga ocurrió el 31 de agosto del 2020, exactamente a las 3:00 PM, ante la vista de decenas de personas.

Cuando el abogado presentó el documento, la operación ya estaba arreglada, pues ya se había desembolsado dos millones de lempiras, así que los responsables de verificar la información recibieron la carta, vieron que se trataba de liberación por una condena y lo dejaron ir.

Sin embargo, Rodríguez Medina tenía otras cuatro condenas registradas en el archivo digital y físico. Las autoridades hicieron caso omiso.

En un lapso de apenas 12 minutos el privado de libertad ya tenía el permiso para salir de la cárcel y la premura era tanta que utilizaron un carro de la basura para poder llevarlo hasta la salida del centro.

El Ministerio Público tiene engavetado este caso, que fue sustentado con videos, documentos y fotografías. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus también accedió a toda la información.

Una fuente confidencial del Instituto Nacional Penitenciario confirmó que el nivel de impunidad y confabulación alcanzó límites altos, pues los involucrados en esta fuga compraron carros nuevos y al destaparse la olla de corrupción, la determinación de las autoridades fue simplemente trasladarlos a otras unidades.

La salida del preso fue firmada por el director del penal, el teniente coronel en ese momento, Jaime Espinoza López, quien -de acuerdo con una fuente militar- también le ordenó a un subalterno ir a encaminar al prófugo hasta el sector de El Durazno. Así se hizo.

Este caso no es el único que con sobornos obtuvo una carta de libertad amañada en Támara. En el informe al que accedió la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus también aparece Luis Gustavo Contreras López, condenado en Támara por diferentes delitos.

El expediente revela que el privado de libertad se fugó también de la cárcel con carta de libertad falsa presentada en febrero de 2022.

Lo increíble del caso es que meses después, específicamente en noviembre del 2022, Contreras López regresó a la cárcel de Támara, esta vez con otra carta de libertad original, obtenida por sobornos.

En ambos documentos se especificó que el privado de libertad obtiene “beneficio de libertad condicional por la pena de cinco años de reclusión, por el delito de robo agravado, a la pena de dos años y tres meses de reclusión por el delito de privación injusta de libertad y la pena de tres años, nueve meses por el delito de actos de lujuria”.

Ambas cartas están firmadas por el juez de ejecución penal de Tegucigalpa, el abogado Javier Alvarado Matute, y la secretaria adjunta, María José Álvarez Medina; lo único que cambian son las fechas.

A raíz de esta situación se realizó una investigación contra la encargada del departamento legal e integrante del Comité de Preliberación de Támara (identificada en los reportes con las iniciales KM), quien gestionó la carta de forma amañada, pero únicamente fue reubicada en otro centro. Hasta el momento se desconocen mayores acciones o investigaciones de este caso.