Extranjeros se fugan de cárcel de Támara con preliberaciones amañadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 11 privados de libertad extranjeros escaparon por la entrada principal del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en la capital de Honduras, portando carnets de preliberación obtenidos con vicios de corrupción.

Los foráneos — y ahora prófugos de la justicia— originarios de Colombia, China, Guatemala y Nicaragua enfrentaban condenas por tráfico de drogas.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, a partir de informes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), revela las identidades de estos extranjeros y, por medio de documentos de inteligencia y testimonios confidenciales, describe la forma sobre cómo obtuvieron amañadas preliberaciones.

La fuga de los extranjeros se suscitó cuando Támara estaba bajo mando de la extinta Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina). Aunque la Policía Nacional —el director de la institución era Gustavo Sánchez, ahora ministro de Seguridad— mantuvo el control de las cárceles entre marzo de 2022 y julio 2023, nunca se brindó un reporte público de este caso.

Ambas instituciones escondieron la información del caso —actualmente la cárcel está en manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que tampoco se ha pronunciado al respecto—, así como la identidad de los prófugos.

Tampoco revelaron documentos y evidencias que salpicaban a funcionarios que no fueron procesados por ayudar a los foráneos a recibir amañadas preliberaciones a cambio de dinero.

La responsabilidad de las salidas de los extranjeros que no regresaron a la cárcel recae en un grupo de empleados del Centro Penitenciario Nacional de Támara que conformaron el Comité Técnico Interdisciplinario desde el 1 de enero de 2021 al 19 de febrero de 2022.

Estas personas omitieron procesos legales establecidos en el Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciaria Nacional para poder brindar beneficios a cambios de pagos que ascienden en algunos casos a 20 mil dólares, subrayan los reportes.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus consultó al comandante de la PMOP, Ramiro Múnoz, sobre estos privados de libertad extranjeros, pero a la hora de cierre de este artículo no había contestado los mensajes de WhatsApp.

La misma postura ante las interrogantes adoptó el ministro Sánchez, salpicado recientemente por actos de corrupción que se suscitaron en la cárcel cuando él era director de la Policía Nacional y los centros penitenciarios estaban bajo su responsabilidad.

En el reporte del Instituto Nacional Penitenciario (INP), denominado “Privados extranjeros que gozan del beneficio de preliberación -fines de semana- julio de 2023”, aparece la identidad de un total de 11 reos foráneos, entre ellos chinos, nicaragüenses, colombianos y guatemaltecos.

En el listado se muestra, además del nombre, el expediente que tenían en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, la fecha en la que ingresaron, la nacionalidad, la fecha en la que recibieron el beneficio de la preliberación y un apartado especial denominado “condición”.

Ese último apartado establece si el privado de libertad está cumpliendo con ir a firmar mensualmente a la cárcel—antes se reportaban semanalmente pero desde la pandemia del covid-19 se determinó ampliarlo a un registro mensual—. Con la categoría “firmando” se determinaba que el reo se presentaba tal y como lo establece la ley, pero si estaba prófugo de la justicia aparecía como “faltista”.

En el caso de ese listado de 11 privados de libertad, al que accedió la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, aparece que seis reos están “faltistas” y los otros cinco “firmando”, pero esa información es incorrecta, pues fuentes internas en el Centro Penitenciario Nacional de Támara sostienen todos salieron de la cárcel para nunca más volver.

La Policía Militar del Orden Público, pese a conocer que este grupo de prisioneros no ha regresado a firmar, no ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) que cambie su estatus a “faltistas” y tampoco ha girado la información al Ministerio Público.

En este listado de privados de libertad hay cinco guatemaltecos: David Fernando Valladares de la Cruz, Avelardo Contreras López, Elmer Isaac López Galindo, Williams Geovany Merlos Navarro y Franklin Miguel López Barrios. Todos estaban condenados por tráfico de drogas.

En el reporte también se enlistan cuatro colombianos: Felipe Meza Benitez, Juan Carlos Alvarino Melendre, Julio César Hernández Osuna y Victor Hugo Mejía Cáceres. Estos sujetos también están condenados por tráfico de drogas.

Dos de estos privados de libertad, según informes de inteligencia, actualmente forman parte del poderoso Cartel de Sinaloa, México.

Completan la lista el nicaragüense Manuel Salvador Diaz Hernández, quien pagaba una pena por tráfico de drogas, y el chino Wen Bin Su, condenado en Honduras por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

Pero su fuga no fue casualidad, forma parte de un plan estructurado entre el Departamento Legal del Centro Penitenciario Nacional de Támara y su secretaria, el Consejo Técnico Interdisciplinario y los directores que estuvieron a cargo en cada una de la salida de los reos.

El beneficio de la preliberación, según el artículo 108 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciaria Nacional, busca como objetivo “la reinserción de forma paulatina a la sociedad y preparación para la vida en libertad de las personas internas”.

La normativa no restringe a ningún privado de libertad a recibir el beneficio sin importar la condena que sea o su nacionalidad.

Según el artículo 107 del reglamento, lo que necesita es “haber cumplido con la frase de tratamiento que la ley establece respetando el criterio de personalidad y conducta que haya establecido el Consejo Técnico Interdisciplinario, por medio de los cuales se deberá determinar si procede o no que la persona interna goce de beneficios”.

En tanto, el artículo 110 establece de manera clara cuáles son los requisitos que debe tener el privado de libertad para optar a la preliberación.

Entre esas obligaciones resalta que debe tener una pena mayor a tres años; buena conducta; hábitos de trabajo certificado por el psicólogo, trabajador social, médico y otorgada por el director del centro penitenciario; no ser reincidente, saber leer y escribir, poseer domicilio fijo, entre otras que debe avalar el Consejo Técnico Interdisciplinario.

También hay cumplimientos mínimos de la pena que el privado de libertad debe tener para gozar de la preliberación, los cuales están contemplados en el artículo 112. Entre esos destaca que el privado de libertad que fue condenado entre nueve y doce años de cárcel puede solicitar la preliberación apenas un año antes de cumplir la mitad de la pena.

Aquellos con condenas de 12 a 15 años pueden solicitar el beneficio dos años después de llevar la mitad de la condena. Por su parte, los sentenciados entre 15 y 18 años de prisión pueden pedir la medida tres años después de cumplir la mitad de la pena completa.

Así continúa sucesivamente hasta los casos que superen los 30 años. “Se debe decidir por la opinión colegiada del Consejo Técnico Interdisciplinario y el conjunto de la pena emitido por los juzgados de ejecución”.

La normativa exhibe que legalmente todas las decisiones de la preliberación pasan por el Consejo Técnico Interdisciplinario.

Este consejo está integrado por empleados de cada uno de los centros penitenciarios, según lo establece el artículo 84, con perfiles “profesionales de la medicina, psiquiatría, odontología, psicología, derecho, trabajadores sociales y de otras disciplinas que se consideren necesarias”.

El equipo está dirigido, según el numeral cuatro del artículo 33, por el director que debe “coordinar e integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario”.

Según lo expuesto, este consejo tuvo que conocer sobre la salida por preliberacion de los 11 presos extranjeros que no volvieron a presentarse a firmar a la cárcel.

¿Qué acciones irregulares realizó el Consejo Técnico Interdisciplinario en el caso de la preliberación de los reos foráneos? Se van a detallar tres casos del grupo de extranjeros prófugos.

El primero corresponde al privado de libertad Williams Geovany Merlo Navarro de Guatemala, con número de pasaporte 1727-6762290-505. Merlo Navarro fue condenado por el delito tráfico de droga el 29 de septiembre de 2016 a 16 años y tres meses de prisión junto con una multa de 750 mil lempiras, según lo dispuso el juzgado de Choluteca.

Según establece la ley, el guatemalteco podía pedir su preliberación tres años después de cursar la mitad de su condena, es decir, cuando llevara al menos 11 años de reclusión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. Si entró en 2016, Merlo Navarro tuvo que haber obtenido el beneficio en 2027.

Sin embargo, el Consejo Técnico Interdisciplinario decidió otorgarle el beneficio de preliberación y permitirle salir con su carnet el 31 de julio de 2021. Navarro, indica el informe penitenciario, aún sigue como “faltista” a firmar, pues nunca regresó al presidio de Támara.

Otro ejemplo se ilustra con el caso de Juan Carlos Albarino Melendre. Este privado de libertad colombiano, con pasaporte 18-003-924, fue condenado el 17 de junio de 2015 a 15 años de prisión y a una multa de un millón de lempiras, pero salió con preliberación el 19 de febrero de 2022.

La ley establecía que por su condena él podía solicitar el beneficio dos años después de llevar la mitad de su condena, es decir en 2025, pero la recibió tres años antes y jamás volvió para firmar.

Un ejemplo aún más grave es del guatemalteco Abelardo Contreras López, condenado por el delito de tráfico de drogas, posesión ilegal de municiones comerciales y falsificación de documentos públicos.

El 13 de octubre de 2017 fue sentenciado 20 años de prisión, pero estuvo en custodia del Centro Penitenciario Nacional de Támara hasta el 2021. Contreras López logró su salida gracias a que el Comité Técnico Interdisiplinario le otorgó un beneficio de preliberación que, según su condena, solo podría haberlo solicitado hasta mediados de 2030.

Al igual que el resto de los extranjeros, esta persona una vez que salió con su carnet no volvió a aparecer en el presidio de Támara. Se desconoce si las autoridades solicitaron su recaptura.

Aquí se citaron tres ejemplos, pero se tiene la documentación de todos los casos, que comparten los mismos vicios de corrupción por parte del Cómite Técnico Interdisplinario: brindar un beneficio antes de tiempo y no realizar el estudio correspondiente pues son los obligados a confirmar el domicilio que tendrá el privado de libertad durante su preliberación.

En el estudio deben confirmar si tienen un arraigo en el país, caso contrario el domicilio que acrediten debería ir confirmado por la embajada del país del privado de libertad, pero este proceso se omitió.

El resultado fue que los beneficiados con preliberación no regresaron. Al momento de recibir el carnet de preliberación, a los extranjeros también se les entregó sus pasaportes, confirmó una fuente confidencial del INP a EL HERALDO Plus.

EL HERALDO Plus, en su reportaje “Redes de extorsión, corrupción y hasta acceso a internet en la cárcel de Támara”, había denunciado en abril de 2023 los sobornos que reciben las personas que conforman el Comité Técnico Interdisciplinario por otorgar preliberaciones amañadas.

Este tipo de actividades también fueron puestos en evidencia en el reportaje “Mafia en la Penitenciaria Nacional detrás de las preliberaciones amañadas” del 1 de noviembre de 2022.

Entre las evidencias y documentos en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se puede observar un video de una psicóloga empleada del Centro Penitenciario Nacional de Támara y miembro del Comité Técnico Interdisciplinario que mantiene relaciones sexuales con un privado de libertad cabecilla de una pandilla.

Ese tipo de acciones comprueban que el comité está coludido con el crimen organizado.

También se ha documentado el caso de una abogada del departamento legal del Centro Penitenciario Nacional de Támara que extorsiona a privados de libertad para aplicarles el derecho de la preliberación.

Al rosario de denuncias se suma el del privado de libertad Fermín García Isaza (colombiano), que —según informes en poder del INP— supuestamente pagó 20 mil dólares a la jefe del departamento legal del reclusorio de Támara por una amañada preliberación.

Las evidencias se encontraron en la aplicación de mensajería del celular de la abogada, donde entablaba los términos para recibir el dinero antes de la salida de los beneficiados.

Este colombiano era conocido por ser una de las personas que estaba presente —perdió un ojo— en el momento exacto cuando asesinaron a Magdaleno Meza Fúnez en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara.

También en el informe del INP está el caso de una trabajadora social y, a su vez, miembro del Comité Técnico Interdisiplinario que solicitaba dinero a un prisionero para hacerle una visita domiciliaria previo a un proceso de preliberación que ya se encontraba en la etapa final.

A pesar de las evidencias, la fuga de los privados de libertad extranjeros con amañadas medidas de preliberación no existe ninguna persona del Comité Técnico Interdisciplinaria del penal de Támara con un proceso judicial.