TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades de Costa Rica buscan que sus homólogos de Honduras proporcionen información sobre el caso de los reos hondureños que salieron desde la cárcel de Támara, en la capital, para cometer crímenes de alto impacto en suelo tico.
El Ministerio de Seguridad Pública de ese país preparaba este lunes la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía costarricense, tras una investigación de EL HERALDO Plus, para esclarecer los detalles sobre los crímenes cometidos por la banda delictiva de hondureños, lo que implicará que, de admitirse el caso, desde Honduras se facilite toda la información recopilada al respecto.
“Hoy presentamos una denuncia penal, con base en esta noticia, ante el Ministerio Público a efectos de que esta información que hoy es conocida a nivel de prensa se formalice a través de la investigación para llegar a las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos”, informó en conferencia de prensa Mario Zamora, titular del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.
Las autoridades costarricenses de seguridad reaccionaron sorprendidos y preocupados a exclusiva de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus sobre cómo un grupo de reos hondureños, aprovechando la medida de preliberación y libertad condicional, viajaron a suelo tico a cometer crímenes de alto impacto.
La serie periodística “De la cárcel de Támara salían sicarios a cometer masacres en Costa Rica” de este medio cayó como balde de agua fría en el vecino país, donde sus autoridades anunciaron una serie de procesos de investigación.
Cabe mencionar que la respuesta del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica es totalmente opuesto al de la Secretaría de Seguridad de Honduras, que ante el escándalo entre ambos países por los reos se llamó al silencio.
Entre las acciones que realizarán desde suelo tico está una solicitud de investigación judicial transfronteriza, que implica la colaboración de Honduras, por medio de tratados internacionales para que envíen información en torno al hecho.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, por medio de un informe confidencial de inteligencia, evidenció cómo cuatro privados de libertad —tres de ellos con la medida de preliberación— salieron de la cárcel de Támara a participar en una serie de atentados y masacres.
Uno de los crímenes de mayor impacto ocurrió en marzo de 2022, cuando esta banda delictiva de hondureños liquidó a un narcotraficante hondureño y sus seis guardaespaldas.
De este hecho fue informado el entonces director de la Policía Nacional y ahora ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, pero no informó ni las autoridades locales ni a las de Costa Rica lo que sucedía. En el reporte se consigna que se brindó el detalle del caso a Sánchez para que siguieran las investigaciones, pero no hubo respuesta positiva.
Determinación
El ministro de Seguridad convocó a una conferencia de prensa el lunes para, a partir del trabajo periodístico realizado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, informar a la población sobre las acciones que van a realizar para asegurar que este tipo de situaciones no se repita.
En la pieza noticiosa publicada por EL HERALDO se evidenció cómo el 29 de mayo del año pasado, el comisionado de Policía, Melvin Alexander Alvarenga Deras, en su condición de director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, recibió un informe por parte del departamento de Control de Preliberación de ese centro carcelario sobre una banda criminal “dedicada al sicariato, quite de drogas y dólares integrada por ciudadanos privados de libertad de nacionalidad colombiana que opera desde el interior de este Centro Penitenciario Nacional de Támara”.
Zamora explicó que Costa Rica solicitará, por medio de la vía diplomática y judicial pertinente, a Honduras toda la información para esclarecer los detalles de los prisioneros que salieron de una cárcel hondureña a cometer masacres en su país.
A Zamora le interesa profundizar en cómo, según cita el informe, meses atrás “se desplazaron al hermano país de Costa Rica, exactamente a la isla de Limón, cuatro privados de libertad que gozan del beneficio de preliberación —fines de semana— quienes llevaban como misión agregarse a un grupo de sicarios para asesinar a un reconocido narcotraficante costarricense identificado como Danny Hernández Fernández, conocido como alias ‘El Ratón’”.
En el informe se detalló que los reclusos hondureños que participaron en esa masacre de Costa Rica “fueron contratados por privados de libertad colombianos que están en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, ellos son identificados como Barnnavy Amaury Suarez Borden, Jonh Alexander Morales y Jerson Ruther Hay Hoy”.
”Con la denuncia penal, la idea es que se pueda pedir evidencias a este país —Honduras— cuando un tercer país abre una investigación judicial perfectamente se puede pedir la investigación judicial por medio de tratados internacionales para traerla a territorio costarricense”, manifestó Zamora a los medios de comunicación.
En el informe se especificó que estos colombianos negociaron con dos privados de libertad, identificados como Wilmer Alexis Escoto Mejía y Carlos Alberto García García, poderosos reclusos de Támara, para que buscaran entre los reos a los cuatro que viajarían a Costa Rica, les ayudaran para salir más tiempo del debido con su derecho de preliberación y pagaran a las autoridades por el silencio.
Además, se detalló que “los cuatro privados de libertad que se desplazaron a Costa Rica son Nery Rolando Ávila, Nohe Corea, Melvin Noé Granado Escoto —están gozando con el beneficio de preliberación, fines de semana— y Carlos Elvir —ya está con libertad condicional—”.
El funcionario avaló la información publicada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, con lo que tenían adelantado en el servicio de inteligencia de su país en relación a la presencia de hondureños realizando actividades ilícitas.
En relación a los participantes, confirmó que dos, identificados como Nery Ávila y Carlos Elvir, se encuentran presos en una cárcel de Costa Rica.
Sin embargo, en territorio costarricense desconocían que los autores de las masacres llegaban directamente de una cárcel en Honduras y, menos, que habían informes en manos de autoridades catrachas que no fueron proporcionados a los homólogos ticos para poder revertir los atentados en ese momento.
“La información de inteligencia de Seguridad Pública nos hacía ver la presencia de hondureños en la terminal portuaria y en el Cantón Central de Limón, lo que llevó al gobierno a la imposición de visas para los ciudadanos hondureños, medida que fue adoptada en octubre del año anterior”, manifestó el titular del Ministerio de Seguridad.
En horas de la noche de este lunes, Zamora confirmó a EL HERALDO Plus que seguían preparando y afinando los detalles legales de la denuncia con el objetivo de tenerla lista y presentarla este martes 6 de agosto.
En relación a pedir visado a los catrachos por considerar que estaban atentando contra la seguridad y que ocasionó una ola de criticas desde Honduras por considerar la medida exagerada, argumentó que “hoy el tiempo nos da la razón y esa medida de visado llegó con el objetivo de mejorar la seguridad del país”.
Previa a comparecer ante los medios, Zamora había adelantado en una entrevista exclusiva a EL HERALDO Plus que desconocían del involucramiento de reclusos en estos crímenes y que esta revelación causaba “profunda preocupación”.
En la conferencia de prensa, Zamora confirmó que nunca recibieron información por parte de las autoridades hondureñas de la participación de privados de libertad en los terribles asesinatos que se estaban realizando en su país, a pesar que cuando impusieron el visado a hondureños viajó desde tierras catracha una delegación para conversar con ellos sobre las opciones para revertir la determinación.
Los informes a los que accedió la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus revelan cómo el ministro Sánchez tenía amplió conocimiento del tema, pero calló.
”En cuanto a la supuesta detención en Costa Rica de los privados, ya se le informó al señor director de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, para que se realicen las investigaciones correspondientes para confirmar dicha información, pero hasta la fecha no hemos recibido de la Policía Nacional ningún informe sobre lo sucedido, para continuar con el procedimiento legal correspondiente de informar al señor juez de ejecución y al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente”, citó el informe.
