EUA deja en libertad condicional a hondureño Walther Ramos, alias “Volantillo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Walther Alexander Ramos Rivera, conocido en el bajo mundo como “Volantillo” -solicitado en extradición por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico-, fue capturado recientemente en Miami, pero una jueza lo dejó en libertad condicional.

De acuerdo con un documento de la Corte del Distrito Sur de Florida, de fecha 5 de marzo de 2024, Ramos Rivera fue arrestado en Miami, Florida, el 28 de febrero reciente por el servicio de alguaciles.

En una reciente entrevista a EL HERALDO, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), explicó que las sentencias -suaves o severas- muchas veces “dependen más de los jueces”.

“Hay unos jueces que son duros y otros que no son tan duros. Hay unos que no les gusta dictar condenas muy pesadas, pero hay otros que sí. Es muy normal que los jueces aquí en los Estados Unidos van a ser más duros cuando saben que el acusado usó su poder político para moverse y apoyar el narcotráfico”, afirmó.

El caso contra “Volantillo” está en manos de la jueza magistrada Julie S. Sneed, quien tras la detención ordenó al servicio de alguaciles dejarlo en libertad, luego de imponerle una serie de condiciones al detenido.

En octubre de 2021, EL HERALDO dio a conocer que un gran jurado había presentado la acusación formal contra Ramos Rivera en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por considerarlo como un poderoso narcotraficante y lavador de activos.

El caso, registrado bajo el número 19-20373 Estados Unidos versus Ramos Rivera, con fecha 20 de junio de 2019 establece: “Con respecto al acusado, la sustancia controlada involucrada en la conspiración que le es atribuible como resultado de su propia conducta y la conducta de otros conspiradores razonablemente previsibles para él, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene un cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 963 y 960(b)(1)(B)”.

En las alegaciones también destaca que el acusado al ser declarado culpable perderá ante Estados Unidos todos los bienes o propiedades adquiridos como producto de dicha violación.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el acusado desde el 2006 venía operando una poderosa estructura que movía cocaína desde Colombia hasta México.

Incluso, el Informe de inteligencia 2015-2016 menciona a al menos 12 narcotraficantes que operaban en el Atlántico y La Mosquitia -que fue ignorado por las entonces autoridades de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)- y ya señalaba a “Volantillo” como un fuerte narcotraficante.

Era señalado como propietario de botes pesqueros, con licencias de la Dirección General de Pesca (Digepesca) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para extraer pepino de mar.

Uno de sus botes enfrentaba problemas legales porque encontró en altamar 17 fardos de cocaína que no entregó a ninguna autoridad.

“Podemos resumir que el involucramiento y blanqueo de capitales de la mayor parte de narcotraficantes descansa sobre la industria pesquera por su relación con el mar y lo rentable que resulta una pesca desordenada y no supervisada”, señaló el informe.

En agosto de 2019, el Ministerio Público le aseguró a Ramos Rivera varios bienes, entre ellos varios botes pesqueros.

En ese momento la Fiscalía informó que desde el 27 de junio de 2017 que se recibió una denuncia, se venía investigando a “Volantillo” por ser parte de una red criminal dedicada al tráfico de drogas utilizando de fachada el rubro pesquero.

Entre las condiciones que la jueza estadounidense le impuso al acusado está la de comparecer ante el tribunal según lo requerido y, si es declarado culpable, debe entregarse para cumplir la sentencia.

Asimismo, debe someterse a supervisión, debe informar por escrito al funcionario supervisor antes de realizar cualquier cambio de residencia o número de teléfono.

El demandado no debe, en ningún momento y por ningún motivo, abandonar el Distrito Sur de Florida sin obtener primero un permiso por escrito del respectivo tribunal.

Además, no debe violar las leyes federales, estatales o locales mientras esté en libertad. Incluso debe cooperar en la recolección de una muestra de ADN.

Igualmente, no debe obtener un pasaporte u otro documento de viaje internacional, tampoco deberá poseer ilegalmente un estupefaciente u otras sustancias controladas definidas en 21 U.S.C. 802, a menos que lo prescriba un médico autorizado.

El acusado deberá someterse a pruebas de detección de una sustancia prohibida si así lo requieren los servicios previos al juicio de los Estados Unidos o el funcionario supervisor.

El demandado deberá participar en el programa de restricción de ubicación. Será monitoreado mediante GPS según lo indique el oficial supervisor.

La violación de cualquiera de las condiciones de liberación resultará en la emisión inmediata de una orden de arresto, revocación de su liberación, la pérdida de cualquier fianza y un proceso por desacato al tribunal; podría resultar en prisión o con una multa o ambas cosas.

“Mientras está en libertad, si comete un delito grave federal, la pena es una pena de prisión adicional de no más de diez años y, en el caso de un delito menor federal, la pena es una pena de prisión adicional de no más de un año. Esta sentencia será consecutiva (es decir, además de) a cualquier otra sentencia que reciba”, cita el documento.

“Es un delito punible, hasta con diez años de prisión y una multa de 250,000 dólares, o ambas, obstruir una investigación criminal; manipular a un testigo, víctima o informante; tomar represalias o intentar tomar represalias contra un testigo, víctima o informante; o intimidar o intentar intimidar a un testigo, víctima, miembro del jurado, informante o funcionario del tribunal”, dice el documento.

“Las penas por manipulación, represalias o intimidación son significativamente más graves si implican un asesinato o un intento de asesinato”, detalla.

Ramos Rivera firmó otro documento donde dice: “Reconozco que soy el acusado en este caso y que conozco las condiciones de liberación. Prometo obedecer todas las condiciones de liberación, presentarme según las instrucciones y entregarme para cumplir cualquier sentencia impuesta. Conozco las penas y sanciones establecidas anteriormente”.

“Volantillo” es el octavo hondureño que es arrestado dentro de Estados Unidos. La primera fue Digna Valle, integrante del cartel de los Valle, que operaba en la comunidad de El Espíritu, Copán. Después cayeron Yankel Rosenthal, Juan Antonio Hernández, Dirlo Nolasco Argueta, Geovanny Fuentes Ramírez, Kensy García Torres, conocida como una de las muñecas de la mafia, y el séptimo es el policía Mauricio Hernández Pineda.

El viernes recién pasado, luego que un jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York encontró culpable de narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, también dejó claro que el Departamento de Justicia irá contra todo “el ecosistema de redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar qué tan lejos o cuán alto debamos llegar”