MP trabaja en expedientes de mencionados en juicio de JOH para determinar delitos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) tiene material suficiente para comenzar a nutrir los expedientes de investigación sobre las personas, la mayoría políticos, que resultaron mencionadas en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.

En los 14 días de interrogatorios a narcos confesos fueron nombrados expresidentes, exministros, diputados en funciones, exmilitares y efectivos de la Policía Nacional.

EL HERALDO realizó un recuento basado en los testimonios de los narcos confesos, evidenciando que fueron 28 políticos y exfuncionarios mencionados.

Ante esto, las autoridades de la Fiscalía comenzarán esta semana a definir las líneas de investigación para seguir aplicando justicia en el país, luego de conocerse los altos niveles de corrupción revelados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Entre los personajes mencionados están los expresidentes Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional y Manuel Zelaya Rosales, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes supuestamente recibieron sobornos de grupos ligados al narcotráfico.

Además fueron señalados exdiputados y otros que están en funciones, por ejemplo, Reynaldo Ekónomo, quien afirmó que él no tiene nada que ver con compra, venta, consumo drogas o lavado de activo y de ningún asesinato.

Aseguró que no es cierto ninguno de los señalamientos que le hacen “y si fuera cierto, dónde está el delito, ¿dicen que vendo droga, dicen que consumo, dicen que compro, dicen que lavo activos?, entonces yo creo que han hecho una magnitud de algunas cosas que no son correctas”, declaró.

En tanto, el titular de comunicaciones del MP, Yuri Mora, explicó que fiscales que fueron enviados al juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York regresaron ayer a sus oficinas para comenzar a armar los expedientes y presentar los informes al fiscal general, Johel Zelaya.

El equipo de fiscales estaba conformado por miembros de la Fiscalía General, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Mora explicó que ya habían procesos de investigación en marcha de las personas que han sido mencionadas en el juicio contra el expresidente Hernández y seguramente se van a dar pie a nuevas líneas de investigación. En Nueva York, una fuente dijo a EL HERALDO que la Fiscalía tenía 15 líneas de investigación.

“Es lo único que se puede comunicar hasta el momento”, afirmó Mora, ya que el catálogo de delitos que posiblemente se cometieron será definido por los fiscales y de qué tipo son, de acuerdo a las investigaciones.

En ese sentido, se deben crear líneas de investigación y conseguir evidencia de cada uno de los casos, porque “alguien pudo haber dicho que se mató a fulano o se secuestró a mengano, pero todo eso debe de comprobarse”, sostuvo.

Mientras los fiscales estaban en Estados Unidos mandaban reportes de todo lo que se registraba en el juicio para analizar qué procesos se podían ir entablando.

Mora explicó que hay investigaciones que ya se iniciaron, pero van a venir nuevas líneas de acuerdo a lo que trajeron los fiscales que estuvieron en el juicio contra Hernández.

Señaló que de momento tampoco se puede hablar de las líneas de investigación que se están realizando, ya que la misma Ley del Ministerio Público prohíbe que se detalle sobre los procesos investigativos.

Los crímenes confesados son atroces, ya que solo dos de los narcotraficantes que testificaron en el juicio contra Hernández -Alexander Ardón y Devis Leonel Rivera Maradiaga- dijeron que fueron parte de 134 asesinatos, 56 los ordenó o cometió Ardón y 78 Rivera Maradiaga.

El mismo Ardón confesó que él con otro grupo de narcotraficantes conspiraron para matar al exasesor en temas de combate al narcotráfico, Alfredo Landaverde.

También contó que conspiraron para matar Julián Arístides González, titular en ese entonces de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del MP.

En el juicio además quedó evidenciado que el MP ya tenía indicios e investigaciones avanzadas de qué funcionarios del Estado estaban metidos en el negocio del narcotráfico y poco o nada se hizo.

El testigo de la Fiscalía, Miguel Reinoso, afirmó que él decomisó unas libretas donde aparecían las iniciales de Hernández, “JOH” y de su hermano “Tony” (Juan Antonio Hernández).

Asimismo, el narcotraficante colombiano Luis Pérez atestiguó que en el año 2013 aportó 2.4 millones de dólares para financiar la campaña del expresidente Hernández a cambio de protección.

El mismos testigo afirmó que el segundo al mando de Puerto Cortés, a quien identificó como Mario, le permitía trasegar drogas por medio de contenedores cargados que llegaban desde Colombia.

Mientras que “El Cachiro”, es decir, Devis Leonel Rivera Maradiaga, sostuvo que pagaron sobornos al expresidente Porfirio Lobo Sosa y a su hijo, Fabio Lobo, quien iba adelante de los cargamentos de droga para evitar los retenes de las autoridades policiales y militares.

Rivera Maradiaga declaró que también pagó sobornos a los actuales diputados Carlos Zelaya, del Partido Libre y a Mauricio Villeda, del Partido Liberal, entre otros funcionarios de aquel entonces.

Estos indicios sirven de punto de partida, ya que con solo el hecho de que alguien testifique haber ordenado la ejecución de un delito se puede comenzar una investigación.

Así lo consideró el abogado penalista Luis Romero, quien precisó que ahora corresponde la Ministerio Público investigar todo lo irregular que exista en los alrededores de las personas señaladas y poder determinar su culpabilidad para acusarlas.

Romero lamentó que la serie de delitos que se mencionaron en el juicio van desde narcotráfico, asesinato, lavado de activos, portación ilegal de armas, asociación para delinquir, por lo que se tendría que ver si son estructuras organizadas las que están detrás.

“Hay una serie de delitos que se han mencionado y otros que no se han mencionado, pero eso quien lo va determinar será el fiscal con la investigación que realice”, explicó.

En el proceso de formulación de expedientes se deben integrar a todas las personas que fueron mencionadas en el proceso judicial de Nueva York, porque es el punto de partida para la investigación y acusación, dijo.

Uno de los problemas es que si algunos mencionadas son solicitados en extradición y se le entabla un proceso judicial, tendrá que cumplir la pena en el país y luego cumplir la solicitud internacional.

“Las extradiciones lo único que demuestran es que el Estado de derecho en Honduras no existe y que hay una mala aplicación del sistema de administración de justicia, mostrando un fracaso en el mismo”, lamentó.

Apuntó que el Ministerio Público tiene que actuar de forma diligente y objetiva, de acuerdo a la información que fue recabada durante el proceso judicial en Estados Unidos.

EL HERALDO consultó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre las acciones que se deberían tomar sobre los delitos confesados en el juicio de Hernández, pero indicaron que están preparando un informe y que cuando se tenga listo se referirán al respecto.

Roy Urtecho, exfiscal general adjunto, explicó que la investigaciones de las personas mencionadas en el juicio de Hernández se deben mantener en secretividad. Dijo que el Ministerio Público debe llamarlas y respetarles el debido proceso.

Una vez que ya se realice la investigación, se hace el requerimiento fiscal, sin exponer a los fiscales e investigadores, para evitar que pase lo mismo que le sucedió al exdirector de la DLCN, Julián Arístides González, y al “fiscal de oro”, Orlan Chávez.

“Por eso es importante no politizar este tema, que debe ser totalmente técnico”, declaró el exfiscal, quien consideró que todos estos procesos los debe liderar el fiscal general.

Por su parte, Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), consideró que todo tipo de investigación sobre acciones que constituyan algún delito derivado de una acción ilícita, deben ser sin ningún tipo de color político.

A la vez, se tienen que construir sobre un marco de generar confianza de la ciudadanía hondureña para con la institucionalidad del Ministerio Público, porque esa institución sufrió un desgaste en los últimos años por las acciones que se dejaron de hacer contra la criminalidad.

El Ministerio Público debe de investigar de oficio todo lo que se mencionó en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández sin importar el partido político que sea, sugirió la viuda de Alfredo Landaverde, la socióloga Hilda Caldera.

Ahora lo que se debe fortalecer es que esas extradiciones se sigan dando, porque empieza el debate de que como mencionaron a tanta gente de la clase política, quieren echarse para atrás con las extradiciones, mencionó.

“Quiero decirle que las extradiciones empezaron con la muerte de mi esposo, porque al año y medio (que lo mataron), ya comenzaron las extradiciones a raíz de la muerte de Alfredo Landaverde”, sostuvo.

Sobre cómo se planificó la muerte de su esposo, declaró que es muy doloroso que eso se sepa en Estados Unidos, eso se debió saber aquí en Honduras, por eso se debe estimar como nunca la colaboración de la justicia de Estados Unidos.

“Al haber una justicia tan débil aquí en Honduras, pues se agradece mucho esa colaboración del proceso judicial de allá, que es diferente al de nosotros, que allá se prueba con los testigos”, refirió.

En el caso de su esposo, expresó que el gatillero que cometió el delito ya está condenado, pero los actores intelectuales ya confesaron en Estados Unidos y si regresan a Honduras deben ser juzgados y condenados.

Advirtió que el narcotráfico todo lo compra y el sistema judicial se ha hecho de la vista gorda, así también la clase política, por eso los que están en el poder debe estar atentos, porque los narcotraficantes los van a tratar de sobornar, no importa del partido político que sea.