Honduras pagaría carretera de occidente sin que se construya por incumplir contrato

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- La deteriorada carretera entre Chamelecón, Cortés, y La Entrada, Copán, está en peligro de no construirse o alargarse el proceso para mejorarla, debido a que el gobierno está incumpliendo un contrato de concesión que se había aprobado desde el año 2018.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ya contrató a tres empresas para la construcción de tres tramos de la carretera CA-4 que va hacia el occidente que suman 79.10 kilómetros.

El problema es que las autoridades de esta dependencia del Estado no siguieron el procedimiento legal, tomando en cuenta que sobre esta vía existe una concesión aprobada desde el gobierno anterior.

Documentos en poder de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus establecen que el primer contrato fue otorgado el 22 de diciembre de 2022, identificado como No. SIT-CO-247-2022, denominado construcción y rehabilitación del corredor de occidente tramos carretero: Naco-Quimistán, Santa Bárbara.

El documento fue firmado por el titular de la SIT, Mauricio Antonio Ramos Suazo, a favor de la Empresa de Construcción y Transporte Eterna S.A. de C.V. representada por Denis Adolfo Erazo León.

El monto del contrato es por 422,103,536.37 lempiras y contempla la construcción de unos 28 kilómetros de carretera, a base de concreto para pavimento white topping.

El segundo contrato otorgado por la SIT es el No. SIT-CO-248-2022 del tramo Naco-La Entrada, en el subtramo Quimistán-Sula y que comprende 23 kilómetros en Santa Bárbara.

La obra fue otorgada el 28 de diciembre de 2022 a la Empresa Constructora Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon S.A. de C.V.), representada por José Darío Gámez Panchamé.

El costo de este tramo carretero otorgado por la SIT es de 344,032,434.96 lempiras y se utilizará el mismo sistema de concreto para pavimento white topping.

El último tramo otorgado es de Sula a La Entrada, que son 27.90 kilómetros entre los departamentos de Santa Bárbara y Copán a un costo de 415,669,787.60 lempiras.

La empresa ganadora del proceso es la Constructora fue William y Molina S.A. de C.V. (W&M), representada por William Hall Micheletti e, igual que el resto, se construirá bajo el sistema white topping.

Haber desarrollado estos procesos de licitación y firmas de contratos exponen al Estado de Honduras de sufrir una demanda por 225,066,601.68 dólares, es decir, más de 5,500 millones de lempiras, según las advertencias de la empresa que ya había ganado la concesión anteriormente.

El riesgo es latente porque las autoridades de la SIT sabían que existía una concesión de ese vía otorgada y aprobada en el gobierno anterior. Aantes de adjudicar los proyectos, no cancelaron la concesión ni negociaron con la empresa de origen colombiano.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus comprobó que desde 2018 la empresa Concesionaria Vial de Occidente S.A de C.V. (Covsa) ganó el contrato para la reconstrucción y mantenimiento de este carretera internacional, mismo que se publicó en 2 de enero de 2018, mediante el decreto ejecutivo PCM 078-2017.

El inicio de la obra se detuvo porque cuando las funciones de la desaparecida Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) pasaron a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), el contrato fue retirado del Congreso Nacional para analizarlo.

La concesión solo quedó a la espera de que fuera ratificada en el Poder Legislativo, porque supera en tiempo varios periodos presidenciales y así comenzar con la construcción de la vía.

El compromiso de la concesión es construir a cuatro carriles el tramo Chamelecón, Naco, con una longitud apróximada de 24 kilómetros con concreto hidráulico, con una calzada de 20 centímetros de espesor.

Asimismo, la rehabilitación a dos carriles de los tramos desde Naco hasta la Entrada, Copán, con 82 kilómetros de carretera a base de concreto hidráulico con 20 centímetros de espesor.

Son 106 kilómetros que se comprometió a construir la empresa colombiana Covsa y mantener la concesión por un periodo de 22 años.

Estos se dividen de la siguiente manera: durante 19 años la empresa se encargará de la operación y mantenimiento de la vía, mientras que el periodo de construcción será de dos años más un año de cierre financiero.

La inversión por parte de la concesionaria es de 225,066,601.68 dólares, más de 5,600 millones de lempiras, los que están aprobados como crédito internacional para ejecutar las obras.

Además, el Estado debe aportar 54 millones de dólares como coinversión que deben ser pagados por la SIT una vez que el proyecto presente un avance de obra ejecutado al 40%.

La salida que plantea Covsa para que el Estado no pague la coinversión es negociar la ampliación del contrato por cuatro años más, pasando a 23 años el cobro.

En la negociación quedó establecida la construcción de dos casetas de peaje en los sitios que el Estado por medio de la SIT determine, que serán administrados directamente por el mismo Estado, según la concesionaria.

De no querer implementar el sistema de peaje, el gobierno podrá pagar anualmente 26 millones de dólares mientras dure la concesión, una vez que esté completamente terminada la carretera.

La empresa concesionaria advirtió a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus que si la SIT decide construir el proyecto bajo el sistema de obra pública, sabiendo que existe un contrato de concesión firmado entre el Estado de Honduras y la empresa Covsa, se estaría cometiendo una ilegalidad.

En primer lugar citan el artículo 321 de la Constitución de la República que indica que ningún funcionario público tiene más facultades que las que expresamente le confiere la ley y todo acto que ejecute fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.

Samuel Federico Venis Dilworth, apoderado legal de Covsa, explicó que la SIT no podía otorgar contratos sobre un proyecto que ya estaba concesionado.

EL HERALDO Plus le refutó que el contrato de concesión aún no ha sido aprobado por el Congreso, por lo cual, el abogado respondió que “la ratificación del Congreso no incide en los efectos legales que el contrato tiene”.

Indicó que desde que comenzó el concurso público internacional para la contratación, en las bases dice que el contrato surte efecto cuando esté firmado, el cual fue aprobado y publicado en el diario oficial la Gaceta.

En ese sentido, el hecho de que todavía el contrato no haya sido aprobado por el Congreso Nacional, solamente indica que no ha entrado el vigencia, pero no significa que no surta efecto.

Eso pone al gobierno de Honduras en una situación de exponerse a una gran demanda, porque la empresa además ha tratado de tener acercamientos con las autoridades de la SIT y el gobierno como contratante, pero no han atendido.

Explicó que se está incurriendo en un prevaricato administrativo, porque la suscripción del contrato fue ordenado por el expresidente de la República (Juan Orlando Hernández) en Consejo de Ministros.

Cuando el titular de la SIT desconoce actos realizado por un superior jerárquico significa prevaricato, hay violación a derechos constitucionales, abuso de autoridad y faltas administrativas, detalló.

Ahora que ya se dieron contratos en los tramos que estaban concesionados, indicó que están buscando un último acercamiento con el gobierno, de lo contrario se interpondrá una demanda de inversión.

Dijo que la implicación de no cumplir con el contrato es el pago de una indemnización que será por todo el valor del contrato, es decir 225.6 millones de dólares, unos 5,600 millones de lempiras.

¿Cómo van a demandar por todo el monto, sino van a ejecutar el proyecto?, consultó EL HERALDO Plus, justificando el abogado que “ellos nos están impidiendo a nosotros ejecutar el proyecto”, porque como empresa está en la disposición de ejecutarlo.

Aseguró la demanda pudo haberse interpuesto desde que las autoridades comenzaron a licitar sobre los tramos concesionado, pero la intención de la empresa es ejecutar el proyecto con todo lo que establece el contrato.

“Covsa tiene la capacidad de comenzar el proyecto mañana si nos dicen, hemos estado esperando pacientemente todo este tiempo que el gobierno cumpla su parte”, afirmó.

Para el gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, las autoridades deben ser muy prudentes con los contratos y los procedimientos legales, revisándolos con lupa.

Recomendó analizar las consecuencias que se pueden provocar solo por quitar el contrato, porque es una concesión o una Asociación Público Privada (APP), que como han satanizado todo, entonces todo lo ven con malos ojos.

EL HERALDO Plus consultó a las autoridades de la SIT sobre el procedimiento legal que han seguido para desestimar la concesión y contratar el proyecto como obra pública, pero no dieron respuesta.