TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Iris Castro, una madre de familia que habita en una colonia marginal de la capital, tuvo que pelear para lograr el Bono Vida Mejor para su hijo.
En la escuela donde recibía clases el menor le dijeron que ella no tenía necesidad, a pesar de ser madre soltera y no tener empleo permanente para el sustento de su familia.
Por su pobreza extrema, buscó amigos políticos y logró que su pequeñito -que cursaba el cuarto grado- fuera beneficiado dos veces con la ayuda del gobierno que se presume la sacaría de la pobreza.
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Ella fue una de las miles de beneficiadas con ese programa. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó que en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se invirtieron más de 8,772 millones de lempiras en la entrega de este bono destinado a reducir la pobreza.
Sin embargo, el resultado de la millonaria operación no se tradujo en menos pobreza, ya que -de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- en 2021 el 74% de los hogares hondureños estaban bajo el umbral de pobreza.
Funcionarios del INE comentaron que las autoridades del gobierno anterior pidieron retirar ese indicador de pobreza debido a que era alarmante, pero los datos no se podían esconder, esa era la cifra oficial y así se mantuvo.
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El bono
En el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, este incentivo para la reducción de la pobreza se llamaba Bono Diez Mil. Lobo cerró su mandato en el 2014 con un 62.8% de hogares hondureños en pobreza.
Cuando Hernández Alvarado asumió la presidencia pasó a llamarse Bono Vida Mejor, invirtiendo millones de lempiras en su distribución a nivel nacional por medio de varias instituciones.
Datos proporcionados a EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información SOL-SEDIS-161-2022 hecha a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), muestran que en los ocho años del exmandatario se invirtieron en ese bono 8,772,945,699 lempiras.
En promedio se atendieron 249,219 hogares por año, que tenían poblaciones infantiles y escolares hasta el duodécimo grado.
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“Yo no sé si eran diez mil lempiras los que me debían dar, yo solo recuerdo que como dos o tres veces me dieron como 3,000”, expresó doña Iris.
La mayor distribución de estos recursos se hizo en el área rural, pues del 2014 al cierre de 2021 en la zona rural la inversión fue de 6.9 millones de lempiras, mientras que en lo urbano la ejecución fue de 1.2 millones de lempiras en el mismo período.
El acuerdo ejecutivo número 022-DP-2013 del 22 de febrero del año 2013 contenía la normativa para el manejo y control del Programa Presidencial de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) Bono Vida Mejor.
En la selección de los beneficiarios y entregas del bono participaba la Sedis, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Centro Nacional de Información del Sector Social (Ceniss) y el Programa de Asignación Familiar (Praf).
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La cobertura del Bono Vida Mejor era nacional, con más énfasis en los municipios, aldeas, caseríos, barrios y colonias con un mayor grado de marginación y concentración de hogares en pobreza y pobreza extrema, según las autoridades.
Los hijos de los beneficiarios debían estar matriculados en centros de educación pública y para los más pequeños los padres debían comprobar que los llevaban a sus controles de salud rutinarios.
Distribución
La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó que en 2014 la inversión que se hizo fue de 1,703,679,015 lempiras, con un indicador de 62.8% de hogares en pobreza.
La cifra disminuyó en el 2015, cuando se entregaron 618,559,047 lempiras, y la pobreza aumentó a 63.8%, establecen los datos. Se atendieron 202,079 hogares.
Para 2016 la inversión aumentó en la entrega del bono, evidencian los datos analizados, sumando 1,111,666,347; la pobreza bajó al 60.9%, según el INE.
En 2017, un año electoral y cuando Hernández Alvarado buscaba la reelección presidencial, la inversión en este programa de bonos aumentó a 1,357,471,835 lempiras, pero todavía no impactaba en disminuir la pobreza, es más, se fue arriba, a 64.3%.
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Luego de las elecciones generales y lograda la reelección de Hernández Alvarado, el presupuesto del Bono Vida Mejor decayó, pasando en el 2018 a 1,122,939,310 lempiras; en ese año, el indicador de pobreza se fijó en 61.9%.
Al siguiente año, 2019, los recursos también disminuyeron, a 1,068,494,480 lempiras, y a la par la pobreza también tuvo un descenso al llegar a 59.3%, establece un informe del INE.
En el 2020 apareció la pandemia por covid-19, las escuelas y centros de salud se cerraron, pero la necesidad de la gente era mayor, pues no tenía alimento y los niños no podían recibir clases por falta de internet y aparatos electrónicos.
Para este año, la inversión en el bono fue de 635,557,065 lempiras, atendiendo a 206,559 hogares, según el informe, pero el INE no logró medir la pobreza debido a la pandemia.
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En medio de una crisis sanitaria por covid-19 llegó nuevamente la campaña política y el presupuesto para el Bono Vida Mejor volvió a subir, como muestran los datos analizados, ya que el presupuesto fue de 1,154,578,600 lempiras, pero la pobreza se disparó a un 74%, la más alta de los últimos años.
Este bono además incluía una parte para discapacidad, y desde el 2015 y hasta el cierre del 2021 se entregaron 588,721,110 lempiras.
Aparte de la millonaria inversión, el proceso de entrega del bono presentó una serie de irregularidades que afectaron directamente a las personas beneficiadas, según evaluaciones al programa.
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Una auditoría declarada confidencial realizada sobre la entrega del Bono Vida Mejor por la firma KPMG en 2017, en poder de EL HERALDO Plus, revela una serie de irregularidades.
Para el caso, en los pagos que se realizaban vía un banco privado para entregarle el dinero al beneficiario era obligatorio la apertura de una cuenta de ahorro.
Además, la persona que recibía el bono tenía que dejar una gran parte del dinero en la cuenta. Por ejemplo, en San Pedro Sula a la señora Hilda López le dieron un bono de 3,990 lempiras, pero en el banco solo pudo retirar 2,200, ya que los restantes 1,790 obligatoriamente los debía dejar en la cuenta.
El informe de la auditoría señala explícitamente que “esto no está establecido en el manual operativo ni en el acta correspondiente” de la entrega de los bonos.
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Además, a muchos beneficiarios se les pagaba con contraseña de identidad y algunas no tenían foto, por lo cual era difícil determinar si se entregaba a la persona correcta.
Otras personas a las que se les entregó el bono dijeron desconocer el nombre de la escuela o del centro de salud donde acuden los niños beneficiados.
En San José, La Paz, se observó que algunos gestores del bono estaban solicitando a los beneficiados solvencia de la alcaldía, lo cual tampoco era correcto.
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Muchos lugares donde se entregaba el bono no reunían las condiciones físicas, tampoco se preparaban con la suficiente logística para seguir con el proceso en caso de una emergencia.
Los fondos utilizados para la entrega de este bono surgieron de varias fuentes de financiamiento, de acuerdo con los informes en poder de EL HERALDO Plus.
Para las entregas en el área rural, los fondos fueron del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nacionales, mientras para el área urbana fueron del Banco Mundial (BM) y nacionales, mientras que para el sector discapacidad fueron nacionales.
