Se agudiza disputa de tierras en Lomas del Diamante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El conflicto por la legalidad de los terrenos en Lomas del Diamante, salida al sur de la capital, tiene enfrentados a tres sectores: los supuestos dueños, unas 900 familias que compraron su lote sin un sustento legal y el Estado.

La zona se ha vuelto un campo de batalla, cuyo enredo está bajo la investigación del Ministerio Público (MP).

Algunos de los pobladores de la zona afirmaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que pagaron entre 50,000 y 60,000 lempiras por un lote de terreno, pero nunca les dieron títulos de propiedad.

Otras personas pagaron el derecho al terreno, que era entre 7,000 y más de 10,000 lempiras, pero al ver que no había ninguna garantía decidieron irse y los lotes volvieron a ser vendidos.

Todo este oscuro panorama ha generado altos niveles de violencia en la zona, enfrentamientos y amenazas entre las personas que habitan en el lugar, mientras que desde el Instituto de la Propiedad (IP) nunca han dejado claro la titularidad de la tierra.

René Flores, quien afirma ser dueño de unas 116 manzanas de tierra, declaró a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que entabló una demanda en contra la Secretaría de la Presidencia, porque desde esa entidad el exministro de esta dependencia, Ebal Díaz, provocó el conflicto. Es de mencionar que Díaz también era parte de Consejo Directivo del IP.

Aprovechando la coyuntura, la exigencia de Flores es identificar el problema y una solución por medio de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, nombrada la semana anterior por la presidenta, Xiomara Castro.

“Como propietarios de la tierra de Lomas del Diamante exigimos una respuesta, porque este es un conflicto que fue creado desde el mismo gobierno, al no respetar las leyes que determinan cuáles son los fundamentos para solucionar cada situación en temas de conflictos de tierra”, declaró.

Aseguró que él ya presentó la documentación que lo certifica como propietario de una área, porque el Estado sí tiene antecedentes de propiedad en el sector, pero no es el dueño de todo.

Además hay otros dueños, lo cual está demostrado supuestamente con documentación histórica desde 1950.

El problema es que en el gobierno anterior las autoridades solo fueron a marcar una tierra que ellos consideraban que les correspondían, sin saber o tomar en cuenta a los propietarios históricos, denunció.

A su juicio, lo correcto era realizar la debida conciliación de áreas, definiendo cuál es la parte que le corresponde al Estado y cuál es la parte que le corresponde a los propietarios privados en la zona.

Sobre las invasiones, Flores indicó que esa zona siempre ha estado en conflicto, recordando un desalojo en el 2009 que implicó una reubicación a otros sectores.

Refirió que, una vez que el Estado reconozca quiénes son los verdaderos dueños, también se podrá analizar cómo proceder con las personas que han ocupado la zona de forma irregular y sin respaldo legal.

De acuerdo a información de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), en la zona se invirtieron más de 280 millones de lempiras y cerca de otros 200 millones se dejaron de ejecutar por el conflicto de propiedad de la tierra.

En la conflictiva urbanización, que colinda con la aldea Santa Rosa, se construyeron las casas contenedores y se iban a realizar más de 500 viviendas de bloque para las personas que han invadido.

Entre la inversión ejecutada se perforaron pozos de agua potable -que no funcionan por pequeñas fallas de la bomba-, se desarrollaron sistemas de alcantarillado y se ejecutaron obras de urbanización.

Hay varias casas que se dejaron de construir debido a que los grupos en pleito determinaron tomarse el proyecto hasta que el IP no determine a quién le pertenecen las tierras.

“Nosotros lo que queremos es que se arregle ese problema de la tierra, porque es un pleito que nos da miedo, nosotros ya no podemos ni reclamar porque nos pueden matar”, expresó un habitante de la zona en voz baja.

Norlan Izaguirre, presidente del patronato de Lomas del Diamante, declaró por medio de una llamada telefónica con EL HERALDO Plus que todo este problema está en manos del Ministerio Público, cuya investigación será clave para continuar con el proyecto.

Como comunidad proponen que este gobierno siga con cualquier proyecto, pero de carácter social, no de la manera planificada por la administración pasada, otorgando a desarrolladores privados los predios.

“Pero primero se debe legalizar la tierra a favor de las familias que tenemos la posesión, de ahí para allá no importa lo que quieran hacer”, sentenció.

Izaguirre reconoció que hay un conflicto por la propiedad de estos terrenos, mismo que está demostrado y registrado en el IP, que debe dar respuesta.

El patronato tiene registradas unas 900 familias que habitan el lugar. Todas exigen el título de propiedad y que sea emitido bajo el mecanismo de necesidad pública, ya que la gente en la zona no puede pagar porque son de escasos recursos.

El dirigente comunitario expresó que desde que se propuso la construcción de las casas contenedores, se advirtió que no era recomendable. El tiempo le dio la razón porque hoy esa gente está en calamidad.

Denunció que las personas reubicadas en los contenedores fueron engañadas. Hasta dinero les ofrecieron para liberar el terreno habitado, sumado a la promesa de recibir una vivienda de bloque.

Sin embargo, las familias engañadas negaron haber recibido algún estímulo en efectivo, pues únicamente fueron beneficiarios de unas raciones de alimento los primeros meses, después los dejaron abandonados.

Izaguirre temen que suceda como Ciudad Mateo: un proyecto abandonado por años.

Indicó que al patronato les dijeron que esos proyectos se los habían traspasado al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), pero las autoridades de esa dependencia no se han querido reunir con ellos.

EL HERALDO Plus consultó a las autoridades del FHIS, pero negaron estar a cargo de asuntos de Lomas del Diamante, pues todo está en manos supuestamente de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), misma que pasará al Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH).

La semana anterior el presidente del consejo directivo ad honorem del IP y ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, convocó de manera urgente a la secretaria ejecutiva del IP, Lucy Salgado, y directores para trabajar en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.

En la reunión no trataron el tema específico de Lomas del Diamante, pero se informó que analizarán el caso para buscarle una solución.