Más de L 482 millones botados en casas contenedores mientras la UCP se alista a desaparecer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de hombres, apostados en la entrada de la zona, vio cuando el carro de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegaba al proyecto abandonado de las casas contenedores en la colonia Lomas del Diamante, al sur de la capital.

La tormenta de la noche anterior había dejado en la calle de acceso pequeños charcos y lodo en la tierra de la zona, que hoy se ha vuelto un pleito con las familias como principales perjudicadas.

“El problema aquí es que hay varios dueños de la tierra, yo compré a 60,000 lempiras (sin papeles) y la gente de la UCP (Unidad Coordinadora de Proyectos) me sacó de mi casa”, expresó una señora con los ojos inundados de lagrimas, al momento de deslizarse las manos por el rostro, evidenciando impotencia y desesperación.

A ella y a otra decena de familia les aseguraron que en tres meses les iban a entregar una casa nueva de bloque y ya no iban a vivir en bajo madera, pero cuando llegó el nuevo gobierno todo se derrumbó.

Mientras se da la espera, los grupos que pelean la legalidad de la tierra han tomado el control de la zona, sin que haya autoridad que ponga orden y que ayude a solucionar el problema ocasionado por las autoridades anteriores.

Los habitantes de la zona se siente solos, principalmente quienes habitan las casas contenedores, donde el calor ahoga cuando el sol hierve y llegan al otro extremo frío cuando baja la temperatura.

Sin dejar de mencionar que cuando llueve es otra pesadilla, porque el agua los inunda. Por debajo pasan las corrientes, sienten miedo, aunque afortunadamente, aseguran, los edificios de lata hasta ahora no han mostrado indicios de inestabilidad.

El equipo de EL HERALDO Plus avanzó por los predios, viendo cómo las casas de bloque que se comenzaron a construir están siendo pobladas de monte verde y hasta enormes palos de chichicaste.

A los minutos, los hombres de la entrada llegaron en un viejo vehículo pick-up, tipo “milito”. Eran tres.

“Vení para acá”, le ordenó una madre de familia desde una ventana media abierta a un niño que jugaba en un bicicleta frente de las ruinas de bloques y contenedores que quedan del fallido proyecto.

Los enormes cajones con los que se pretendían construir 1,000 casas ahí siguen apilados, como portada de un cuento de terror que sigue provocando espanto.

Algunos, que fueron acondicionados como oficinas de la UCP, parecen estar desmantelados y a punto de caerse, porque las corrientes de agua y el descuido de la zona poco a poco los desestabiliza.

“Aquí está la papa, andan con cámara”, informó un guardia de seguridad por medio de un radio walkie-talkie a todo volumen, a medida avanzaba entre los arbustos con su escopeta, colgada de un costado de su cuerpo y que le llegaba abajo de la rodilla.

Una voz robotizada le ordenaba que preguntara quiénes eran, mientras de la parte alta, otro celador, de baja estatura descendía a toda velocidad, sujetando el arma con la mano para que no se le moviera.

Al estar a poco metros de distancia del equipo de periodistas, el uniformado comenzó a tomar fotografías para enviarlas a sus superiores, mientras el otro guardia consultó los nombres de los reporteros. Tras dar la información, también la transmitió por radio.

Uno de los integrantes del grupo de hombres que estaban en la entrada preguntó también quiénes eran, mientras se acercaba a dialogar con los periodistas.

También llegó un sujeto identificado como Miguel Ángel Laínez, quien aseguró que tiene un terreno en el lugar y está a cargo de cuidar los predios que le pertenecen supuestamente a René Flores, una de las personas que está reclamando el derecho de propiedad de más de cien manzanas en la zona.

En estos bellos predios del lado sur de la capital el gobierno anterior tenía previsto desarrollar el proyecto “Residencial Morazán”, con el propósito de construir unas 10,000 soluciones habitacionales, pero por medio de constructores privados.

Las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) de la pasada administración establecieron que todo esos predios eran del Estado, pese a que habían personas -y hay todavía- que aseguraban que eran los dueños y estaban lotificando.

La idea era sacar a más de 500 familias que habitaban en la zona para ubicarlos en casas construidas en contenedores, pero no aceptaron. Luego, les ofrecieron viviendas de bloque más un predio de terreno.

No obstante, el gobierno se mantuvo con la idea de los contenedores, así que desarrolló un proyecto piloto con 102 casas en estructuras modulares para los afectados de los fenómenos naturales Eta y Iota en noviembre de 2020, pero únicamente se llevaron hasta la zona a unas diez familias.

Hoy la edificación se despedaza como si fuera una caja de cartón, provocando que más de 50 personas, entre ellas unos 27 niños, contraigan enfermedades respiratorias.

La siguiente etapa era avanzar con las moradas de bloque para ubicar a las familias de ese sector.

Ya con el terreno desalojado, el gobierno anterior pretendía dar los predios a desarrolladores privados para construir una pequeña ciudad llamada “Residencial Morazán”.

El equipo técnico de la UCP explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que la idea es construir en la zona unas 10,000 viviendas en 18 complejos habitacionales, denominados clúster, estos serían edificios multifamiliares.

Las autoridades de la UCP afirmaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, mediante preguntas enviadas, que para la ejecución de este proyecto el gobierno había destinado un presupuesto de 482.2 millones de lempiras, de los cuales se ejecutaron 283.8 millones.

Además, ya se habían comprometido en el desarrollo de obras por 198.4 millones de lempiras, los cuales -con el cierre de los fideicomisos- pasaron a la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Los recursos salieron del fideicomiso del Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (Sitec) del IP, aprobado mediante el decreto ejecutivo 036-2021.

No obstante, desde el año pasado la UCP informó a EL HERALDO Plus que realizó el traspaso del proyecto “Residencial Morazán”, a la Secretaria de la Presidencia, “para lo cual ya se realizó el proceso del traspaso documental”.

Por su parte, el ministro de la presidencial, Rodolfo Pastor, afirmó que “todos los proyectos y programas de vivienda están a cargo del Programa Nacional de Asentamientos Humanos en Convivienda”.

Un grupo de mujeres y niños desesperados rodearon al equipo de EL HERALDO Plus que se metió en medio del amasijo de hierro. “Aquí cuando hace calor parece que nos ahogamos y cuando llueve se mete el agua”, expresó Ada Núñez, una mujer que asegura que abandona la peligrosa estructura porque no tiene a quién acudir.

“A nosotros nos pasaron para acá (a las casas contenedores) porque nos dijeron que estorbábamos para hacer las casas abajo, pero solo era por 90 días y ya llevamos más de un año”, lamentó la mujer mientras mostraba con sus vecinas las condiciones inhumanas en que viven.

Recordó que la construcción de las viviendas de concreto estaban en marcha, pero cuando llegó el nuevo gobierno, los dirigentes del patronato de la colonia y quienes reclaman la tierra se tomaron el proyecto. Desde entonces quedaron casi en la calle.

Al inicio del gobierno llegaron ministros como José Carlos Cardona de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que hoy también es parte del Consejo Directivo del IP, pero no ha vuelto, afirmaron.

“Le decimos a la presidenta Xiomara Castro, que se toque la conciencia, porque esto está súper malo, todo esto está feo, feo, todo se está deshaciendo en los contenedores, ya no aguantamos, hay mucha tos en los niños y adultos”, aseguró la mujer.

Con su mirada triste y el rostro desencajado, un pequeño abrió la puerta de uno de los vagones, en el que tiene más de un año y medio de estar viviendo.

De adentro sale la humedad, el piso de playwood está deshecho y negro, los servicios zafados, las paredes rotas. Es algo completamente inhumano y, aunque se quieran pasar a otro de los más de 80 vagones que están desocupados, no lo permiten los guardias de la UCP.

En total eran 16 familias las que estaban viviendo en las casas contenedores, pero tres se han ido, porque ya no aguantaban estar en esas deplorables condiciones.

La plática con la madre de familia fue interrumpida por Héctor Medina, encargado de la empresa de seguridad privada en el proyecto, quien minutos antes había ordenado tomar fotos del equipo periodístico de EL HERALDO Plus.

De forma respetuosa y resguardado por los celadores, el señor aseguró que el contrato de ellos termina el jueves 15 de junio y la UCP estaría liquidándose por completo el 30 de este mismo mes.

EL HERALDO Plus consultó a funcionarios de la UCP sobre el cierre de esta unidad y confirmaron que pretenden cerrar operaciones el 30 junio, ya que la mayor parte del personal fue despedido y están esperando sus derechos laborales.

EL HERALDO Plus también consultó a Héctor Estrada, director ejecutivo del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH), quien está asumiendo el mandato de Convivienda, sobré qué sucederá con esta millonaria inversión y los proyectos, pero dijo que será hasta el miércoles próximo que se pronunciará sobre el tema.

Los demás proyectos habitacionales que construye la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) serán finalizados, ya que los contratos así los establecen con las empresas constructoras, informaron fuentes de esa dependencia.

La UCP fue creada por el gobierno anterior como un ente privado, para ejecutar proyectos con los fondos públicos que eran manejados por los fideicomisos.

Esta institución no realiza procesos por medio de la Ley de Contratación del Estado ni rinde cuentas por medios de portales de transparencia. Fue hasta que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus denunció que operaban bajo las sombras que comenzaron a dar información.

En Villanueva, Cortés, se desarrolló el proyecto Anexo Tulipanes, donde el compromiso es entregar 324 soluciones habitacionales.

En Residencial Los Prados, ubicada en Choloma, Cortés, de 500 viviendas que se iban a realizar, se redujo la cifra a 136, ya que la empresa ejecutora declinó, quejándose por el precio de cada unidad.

También sigue en ejecución el proyecto El Mestizal, ubicado en Olanchito, Yoro, donde son 304 viviendas, y 200 más en el proyecto Dos Caminos de la misma zona.

Otros proyectos más avanzados son Residencial Hernández, en Choluteca con 467 viviendas; 500 más en proyecto Itza El Progreso en El Progreso, Yoro; y 290 en la Comunidad San Francisco de Asís, de Macuelizo, Santa Bárbara.

La Unidad Invetigativa de EL HERALDO Plus intentó comunicarse con las actuales autoridades de la UCP para conocer sobre el proceso de cierre, pero respondieron.