Un total de 22 lanzacohetes RPG-7 y sus respectivas municiones, capaces de destruir tanques y carros blindados, fueron robados de las bodegas del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA) ubicado en el sector del Ocotal, Francisco Morazán.
El hecho ocurrió a mediados del año 2010, y a la fecha las Fuerzas Armadas no han avanzado en la investigación para dar con los verdaderos responsables del atraco y recuperar el armamento.
Un experto en armas consultado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO -que pidió el anonimato- explicó que los RPG-7 son dispositivos de alto poder que se utilizan para la destrucción de objetivos específicos como tanques, aviones y carros blindados. Esta arma está conformada por un cohete y un sistema de propulsión.
El robo de las mortíferas armas consta en el expediente 2010-24 del Juzgado de Instancia Militar, cuyas diligencias están congeladas.
Esta pérdida de 22 RPG-7 deja al descubierto que dentro de las Fuerzas Armadas estarían operando algunos militares que podrían estar dedicados al tráfico de armas, a quienes no se les investiga ni se les castiga y, por lo tanto, operan en la impunidad.
Los antecedentes de la existencia de bandas de traficantes de armas y otras de distinto acciones irregulares, dentro de la institución armada evidencian la corrupción y la vulnerabilidad de la entidad responsable de la seguridad nacional.
Según el expediente 2010-24, los artefactos de guerra supuestamente salieron en medio de bultos de chatarra que retiraron varios camiones que ingresaron al CALFFAA a mediados de 2010. No se establece fecha precisa.
Fuentes militares confidenciales, que están enteradas del caso, plantearon que ninguna arma robada, como los RPG-7, van a parar a manos correctas, su destino siempre es el crimen organizado, el narcotráfico o los grupos subversivos.
Purificación
Para purificarse de la culpa del robo de los 22 RPG-7, las Fuerzas Armadas tienen detenido al sargento técnico Luis Alberto Sánchez Rodríguez, a quien capturaron por deserción en perjuicio del CALFFAA, pero luego le extendieron el proceso judicial por hurto de las armas en mención.
De acuerdo con el expediente, el sargento técnico fue capturado el 30 de junio de 2011, luego que el 26 de noviembre de 2010 se le incoara un proceso en el juzgado militar por considerarlo desertor.
Sin embargo, el 13 de julio de 2011, Sánchez Rodríguez recibió sobreseimiento provisional por el delito de deserción, pero no lo dejaron libre, pues días antes el mismo juzgado militar le había ampliado el proceso judicial acusándolo ahora de hurto de armas.
En el expediente consta que el detenido no tiene mayor apoyo en su defensa, violentándosele “algunos derechos elementales como el debido proceso”. Aunque en el caso del robo de los RPG-7 se mencionan el involucramiento de oficiales, no hay citaciones de estos. Asimismo, no hay agilización para ejecutar algunos medios de prueba como inspecciones.
Incluso, abogados que han conocido el caso -que está bajo la dirección del juez, el teniente coronel Rony Javier Portillo- han recibido amenazas, por lo que se han retirado quedando en ellos la frustración de no poder hacer mayor cosa.
Cuando Sánchez Rodríguez se presentó a los juzgados tras recibir su carta de sobreseimiento provisional, se le informó que no podía quedar libre pues se le había extendido el proceso judicial por el hurto de los 22 RPG-7.
En su declaración ante el juzgado correspondiente, el detenido respondió siete preguntas: primero que si tenía conocimiento de qué se le acusaba y la respuesta fue: no.
Luego, que si tenía conocimiento o había visto a un cabo de apellido Zelaya reventando el candado de un contenedor, Sánchez Rodríguez contestó que “no”. Después, que si en algún momento había subido algunas cajas, que no sabía qué contenían, al vehículo de un teniente de apellido Pérez; “en ningún momento”, fue la respuesta.
Asimismo, le preguntaron ¿qué relación tenía con la señora Lizeth Moreno? él respondió que habían sido novios. Luego, que si en algún momento había sido interrogado por miembros de inteligencia, contestó que en “ningún momento”.
El juez dijo que ya no tenía más preguntas. El fiscal de instancia militar también preguntó al detenido si tenía algo que agregar y este contestó que sí. “Que no sabía de qué se le acusaba, y que no tenía nada que ver en el involucramiento del robo de los RPG-7, porque él no trabaja en ninguna bodega que contuviera armas, sino que trabaja en clase cinco, no en clase siete”.
Incluso, en el expediente se hace mención que un soldado de nombre Edilson Paulino Rodríguez, quien sería un posible testigo de que Sánchez Rodríguez no tenía nada que ver con el robo de las armas, está muerto.
En el libro de ingresos de cadáveres de Medicina Forense está registrado que el 18 de mayo de 2011, los empleados de la Morgue levantaron en Los Laureles el cadáver de Edilson Paulino Rodríguez que presentaba varias perforaciones de armas de fuego. El homicidio también se registró en el acta de levantamiento 1017-11 y en la autopsia 1076-11 de Medicina Forense.
Actualmente el proceso contra Sánchez Rodríguez está en plenario y las investigaciones las realiza la misma institución militar, con sus “agentes de inteligencia”, quienes entre noviembre y diciembre de 2011 llegaron al Primer Batallón de Infantería con el fin de sacarle información al detenido bajo el argumento de que le querían ayudar y lo invitaron a ir fuera del batallón.
Historial
Bajo el argumento de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas ha mantenido oculto el saqueo de las bodegas de armas, dijo el experto consultado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO.
Sobre la institución militar pesan varios casos de robos de armas, cuyos autores nunca fueron investigados ni castigados.
En agosto de 2004, la Policía y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado decomisaron en una casa de Pedro García Montes, ubicada en El Zamorano, un poderoso arsenal, parte de las armas correspondía a las Fuerzas Armadas y a la Policía y otras tenían otra procedencia, según las pericias realizadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) de Estados Unidos.
El 15 de abril de 2005, la Policía incautó en Choloma, Cortés, otro armamento que supuestamente iba para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Nuevamente las pericias realizadas por la ATF confirmaron que una parte del armamento decomisado provenía de un arsenal depositado en el Batallón de Naco, Cortés; otra parte pertenecía a las Fuerzas Armadas, asimismo había también de otras procedencias.
A la fecha, las Fuerzas Armadas no han informado de los responsables de la sustracción de estas armas decomisadas. La Fiscalía Contra el Crimen Organizado que estaba al tanto de estos casos, tampoco a la fecha ha presentado algún requerimiento, actualmente todo está en la impunidad.
Otro escándalo dentro de la institución armada y que sacudió a la sociedad nacional e internacional fue el alquiler del Centro de Adiestramiento Militar del Ejército (CAME) a mediados del año 2006 para entrenar mercenarios que luego prestaron servicio como supuestos guardias de seguridad en Irak.
En su momento, el entonces comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez negó el hecho, pero ante las evidencias irrefutables que le mostró EL HERALDO no le quedó otra alternativa que aceptar.
Actualmente se presenta el robo de 22 RPG 7 con sus respectivas municiones y el único detenido es el sargento Luis Alberto Sánchez Rodríguez, quien en su declaración ante el juzgado aseguró ser inocente y exigió que se busque y se castigue a los verdaderos responsables.
