De esta forma, si la nueva administración desea rescindirles contrato se les deberá pagar prestaciones por el tiempo que han estado laborando en el período de Juan Orlando Hernández.
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“Esto es altamente irregular. Nosotros en un comienzo pensábamos que era una política unilateral de ciertos ministros, pero viendo el decreto es una política que viene desde la jefatura de estado del país. Aquí hay que señalar varios elementos y el primero es que cómo es posible que un gobierno a finales de un período de ocho años esté tomando a última hora este tipo de medidas”, inició contando Hugo Noé Pino, integrante de la Comisión de Transición.
El también diputado electo adelantó que quienes están haciendo esto incurren en responsabilidad administrativa pues es una práctica irregular.
“Aquellos que les toca firmar porque una cosa es el decreto y otra cosa es quién va a firmar los nombramientos van a incurrir en responsabilidad administrativa porque si ustedes se fijan en el decreto no dice para nada la asignación presupuestaria correspondiente y no ho puede existir nombramientos sin estipularse en el presupuesto y estamos hablando del presupuesto del 2022 porque esta gente quedaría permanente a partir del próximo año, al no tener asignación presupuestaria correspondiente el que firme los acuerdos va a incurrir en responsabilidad administrativa”, agregó.
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Pino consideró que “la Secretaría de Finanzas tiene que encontrar los recursos para hacer eso y si dice que tiene los fondos también estaría incurriendo en responsabilidad administrativa.
Estos acuerdos tendrían que ser revisados por los abogados del gobierno entrante porque no todos los nombramientos son similares, habría que ver de cuánto es el período que han venido fungiendo, en qué unidades están porque muchas veces varía el tratamiento de unidad a unidad. Lo que tendría que hacerse por parte de las nuevas autoridades en las secretarías de estado correspondientes es hacer un análisis, se habla de 15 mil contratos o una cifra superior”.
La Comisión de Transición le planteó a Carlos Madero, Coordinador General de Gobierno, no hacer esto en la primera reunión que sostuvieron, pero no fueron escuchados expresó Hugo Noé Pino.
“La posibilidad que esto se diera fue planteada y solicitada que no se hiciera en la primera reunión con el ministro Carlos Madero, pero es bastante claro que nuestra petición no fue escuchada. Lo único que nos resta es esperar a que Xiomara Castro tome posesión y los abogados analicen esta situación, a nosotros se nos informó y tenemos que verificar porque se dice que esta cifra podría llegar hasta los 80 mil contratos”, finalizó.
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