Tegucigalpa, Honduras.- El dictamen de la Ley de Justicia Tributaria que está en discusión en el Congreso Nacional no contiene modificaciones de fondo a la propuesta presentada en 2023 ni suma las sugerencias de gremios, prácticamente es la misma iniciativa.
Así lo concluye un análisis comparativo de este medio entre ambas versiones. Varios especialistas consultados por EL HERALDO llegan a esa misma conclusión: pese a las numerosas observaciones, no se incorporaron cambios significativos.
La propuesta de ley contempla la creación de tres nuevos regímenes, la eliminación de al menos siete beneficios fiscales vigentes, modificaciones en leyes y códigos.
Igualmente, mantiene propuestas de amplia oposición, como la figura de beneficiario final, el cambio de renta territorial a renta mundial y la capacidad de eliminar vía administrativa, y no por procedimiento judicial, beneficios aprobados.
El dictamen se intentó discutir de manera sorpresiva la noche del pasado martes en el Congreso Nacional (CN). Aunque se prometió que la iniciativa atendía las recomendaciones del gremio empresarial, la oposición y social, no se reculó en reformas y derogaciones a varios artículos al Código Tributario, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley de Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el Código de Comercio.
El nudo de esta propuesta de ley se reduce a dos puntos sustanciales, de acuerdo a conocedores: la creación de regímenes y la supresión de los que están en vigor, así como la eliminación de algunas exoneraciones.
El dictamen de la Comisión Especial establece que, de aprobarse la polémica iniciativa, se procederá con la eliminación de exoneraciones fiscales, el cambio del principio de renta y la adhesión a la Convención Multilateral sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal.
Expertos consultados por este rotativo explicaron que todos estos cambios que se pretenden aprobar en la ley solo conducirían a que las empresas cierren y el desempleo prolifere en el país.
Regímenes
Uno de los puntos torales de esta iniciativa es la creación de dos nuevos regímenes para suplantar a los actuales, que están vigentes desde 1971.
Uno es el Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (Rinde), que ofrece beneficios fiscales como la deducción de empleos permanentes y la depreciación acelerada de activos, según se explica en el dictamen.
En el borrador inicial, el Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo se menciona de manera general, con poca especificidad sobre los sectores o rubros que pueden acogerse a este régimen.
En el dictamen final, se detallan específicamente los rubros donde aplica, como la industria de exportación, la agricultura, el turismo alternativo, la energía, entre otros.
En los análisis realizados por este rotativo, se muestra que en el borrador inicial Rinde definía un plazo concreto de cinco años, el dictamen final omite esta especificación clara. No obstante, estos son ajustes de forma y no de fondo.
Además, se crea Mega Rinde, un régimen fiscal especial que aparece únicamente en el dictamen final. Está orientado a atraer grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras, con incentivos similares a los de Rinde, pero diseñados específicamente para megaproyectos.
No obstante, expertos no ven con buenos ojos estos nuevos regímenes debido a que los actuales tienen alcances más profundos.
“Lo que se tiene que hacer es sancionar a los que han abusado de los regímenes, no eliminarlos”, dijo el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé.
Ejemplificó que la eliminación de los actuales regímenes y la creación de otros es como “si una cucaracha entra a la casa, hay que quemar la casa; entonces no tiene sentido porque solo hay que matar a la cucaracha”.
“No se deben eliminar los regímenes; se está haciendo algo que no tiene sentido. Así como lo están planteando, están satanizando a todos los que han estado en el régimen y por eso es que hay muchos retiros de empresas; lo único que estamos haciendo es perder inversión y empleo”, agregó Facussé.
La eliminación de los regímenes también podría deberse a que el gobierno pretende conocer movimientos a los que no tiene acceso.
“Sabemos que el gobierno tiene bastante interés por el tema de conocer varios puntos que se establecen en la ley, tanto para eliminar los regímenes que están vigentes como para acceder a información de secreto bancario de los diferentes beneficiarios. Puede haber diferentes intereses ocultos”, dedujo Miguel Villatoro, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Muchos expertos cuestionan la iniciativa porque, entre otros cambios, establece que el mecanismo de Orden de Compra Exenta (OCE) debe desaparecer en dos años.
Antes solo establecía un “plazo razonable”. Esta figura se sustituirá por un sistema de devolución de tributos gestionado por la Administración Tributaria o Aduanera.
Otro punto que muestra cambios significativos es el Régimen de Importación Temporal (RIT), pues en el borrador inicial se incluía una lista de garantías que no podrían utilizarse, como pagarés, prendas aduaneras, bienes inmobiliarios y pólizas de seguro. Sin embargo, en el dictamen final, se omite esta exclusión específica.
Exoneraciones
Otro de los objetivos que se pretende es el fin de beneficios a grandes corporaciones. Con este apartado, según el dictamen, se elimina la posibilidad de condonaciones de deuda fiscal y privilegios fiscales excesivos.
Esto responde a la concentración de exoneraciones en grandes empresas, que representaban una barrera para la competencia justa.
Pero, para Facussé, “el problema que hay es que también existe una falta de entendimiento en cuanto a para qué sirven las exoneraciones. Las exoneraciones deben servir para fomentar el sector externo de la economía, pero hay un malentendido”.
No obstante, en el dictamen se establece que “se excluye la derogación de los beneficios fiscales otorgados mediante la Ley de Fomento Agrícola”.
También se mantiene vigente la exoneración del Impuesto Sobre Ventas de las compras de energía por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), según la propuesta de Ley de Justicia Tributaria.
Además, se exonera el pago del impuesto sobre ventas en la compra y venta de maquinaria, productos agrícolas y agroindustriales, al considerarse como un sector prioritario.
EL HERALDO consultó con congresistas sobre los artículos con los que están en desacuerdo y coincidieron en que los 70 “están manchados con trampas”.
El diputado del Partido Nacional, Francisco López, aseguró que esta normativa afecta a los hondureños que viven en el extranjero. “Se les va a cobrar impuesto por las remesas que envíen al país”, aseguró.
“Hoy lo que hemos visto es que los que más están pagando y los que están sufriendo son la clase pobre y la clase obrera del país (...) los que eran pobres antes, hoy siguen siendo más pobres”, condenó.
Añadió que “esta ley no es para perjudicarlos a ellos, si los parientes de la familia Zelaya están casados con una de las 10 familias, entonces esas familias se van a terminar arreglando, pero el que va a terminar endeudado es el pueblo hondureño”.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, respondió al parlamentario asegurando que han tergiversado la normativa y que no se agravarán las remesas, pues están exentas del pago de impuesto, según establece la iniciativa.
Otros aspectos
Otros puntos clave que expertos externaron a EL HERALDO sobre esta Ley de Justicia Tributaria destacan el cambio de principio de renta territorial a renta mundial.
Esto significa que los ciudadanos y empresas deberán pagar impuestos sobre ingresos generados tanto dentro como fuera de Honduras, lo que combate la evasión fiscal mediante paraísos fiscales.
Para Facussé este cambio a nivel internacional “quiere decir que lo que se gane en otros países también se debe pagar; este punto yo lo aplaudo porque es la norma que se mueve en el mundo”.
También está la adhesión a la Convención Multilateral sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal.
Esto consiste en que Honduras se compromete a intercambiar información tributaria con otros 146 países, lo que facilitará la lucha contra la evasión fiscal transnacional.
Se proyecta que esta ley permitirá un aumento de la recaudación tributaria sin la necesidad de crear nuevos impuestos.
Los ingresos adicionales se utilizarán para inversión social y evitar que Honduras sea catalogado como paraíso fiscal, de acuerdo al dictamen.
“Esta ley debe ir acompañada de un mecanismo especial que indique en qué se van a destinar los fondos adquiridos y cómo se le va a rendir cuentas al pueblo hondureño a través de la liquidación del presupuesto, como nunca se hace”, analizó, por su parte, el experto político Raúl Pineda Alvarado.
Añadió que aprobar una nueva ley tributaria solo se logrará cuando un partido político tenga más de 65 congresistas, pues toda iniciativa que venga del oficialismo despertará suspicacias.
Según Eduardo Facussé, esta ley no tiene un objetivo claro. “¿Qué estamos tratando de conseguir? ¿Queremos que se detenga la inversión? El gobierno tiene que hacer un análisis técnico y decir cuáles van a ser los resultados”.
Para el gobierno, esta ley sí tiene un orden y establecerá un orden. “La Ley de Justicia Tributaria viene a establecer un orden y mejores visiones de criterio, para poder hacer esa gestión y que la concentración de la riqueza no solo se aglomere en 10 grupos familiares”, dijo a Canal 8, Diego Aguilar, director de Políticas Públicas del gobierno.
Mientras tanto, para que se apruebe esta ley se necesitan 65 votos, pero Libre solo cuenta con 43, lo que los obliga a hacer alianzas con otras bancadas de oposición, aunque hasta ahora no se vislumbra quién se vincule con el oficialismo.
