TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al cobrar vigencia la nueva Ley de Justicia Tributaria no solo eliminará los 10 regímenes fiscales que existen en el país, entre estos el Régimen de Importación Temporal (RIT), sino también obligará al cierre prematuro de las 80 empresas acogidas bajo el mecanismo.
El presidente de la comisión de dictamen de esta normativa, Hugo Noé Pino, confirmó a EL HERALDO que la disposición referente a la creación del Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (Rinde) y las Zonas Francas se mantiene sin modificación alguna, por lo que el RIT desaparecerá después de 40 años de haberse creado mediante el decreto 37-1984.
Con o sin este instrumento jurídico que impulsa el gobierno de Xiomara Castro, las empresas industriales al igual que agroindustriales amparadas en el referido régimen en materia fiscal ya no gozarían de sus incentivos a partir de 2025, tal como lo informó este rotativo.
En el 2013 se aprobó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión (Decreto 278-2013) qué desarrollado en el artículo 23 indica que hasta 12 años tendrían los privilegios fiscales cuando la ley que los otorgue no contemple el plazo de duración.
Esos beneficios incorporados en el RIT que surgieron para impulsar las exportaciones con la exoneración de gravámenes a la maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, modificar o producir los bienes o servicios destinados a envíos a naciones que no sean de Centroamérica terminarían en 2025.
En este mecanismo también se exime el pago de derechos aduaneros, impuesto general de venta hasta otros impuestos a la importación de materias primas, productos semielaborados, empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios que se envían a países de la región.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) correspondientes a 2022, había 80 empresas acogidas a este régimen en las que en 64 de ellas se tenían 61,173 empleos.
Garantía
En el articulado de la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria se promovió una garantía de convertibilidad inmediata al RIT que al solicitarla “significaría que el dinero de los impuestos está congelado en las cuentas bancarias y no puede utilizarse”, señaló el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en sus observaciones al marco legal.
“Esta propuesta (refiriéndose a esa garantía) es de carácter confiscatorio hacia los flujos de efectivos de las empresas, poniendo en riesgo su sostenibilidad y mandando un mensaje a los inversionistas que en Honduras existe el riesgo de que el gobierno retenga su dinero indefinidamente”, se destacó en el documento al que tuvo acceso EL HERALDO.
El Cohep planteó que este tipo de garantía ya está determinado en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) su reglamento, incluyendo el acuerdo de facilitación de comercio de Bali.
Alcances
“De aprobarse se va a consolidar muchos regímenes exonerados en unos pocos para tener mejor control de los mismos; los regímenes que estén todavía vigentes continuarán hasta la fecha estipulada en los acuerdos de beneficios fiscales y las empresas podrán pedir acogerse a alguno de los grupos de regímenes fiscales, pero los beneficios de los que han venido gozando serán mucho menores”, mencionó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
Indicó que “ante esta situación las empresas podrían optar por otras alternativas de inversión en otros países con la consecuente pérdida de empleos. Por eso es muy importante que se logre un verdadero consenso entre todos los sectores involucrados”.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, estima que al perder sus incentivos las unidades económico-sociales inscritas en el Régimen de Importación Temporal estarán en una marcada desventaja con su competencia, generando efectos económicos adversos para el territorio hondureño.
“Si no están incluidas las modificaciones necesarias a la ley mal llamada de justicia tributaria lo que va a hacer es ahuyentar más la inversión porque una ley que venga de forma atroz a golpear los bolsillos de los inversionistas los va a espantar”, sostuvo el expresidente de la iniciativa privada, Eduardo Facussé.
Por su parte, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señala que la Ley de Justicia Tributaria “puede tener un impacto significativo en nuestra economía y sociedad. Por ello, es crucial que examinemos a fondo tanto sus ventajas como sus posibles desventajas”.
