Tegucigalpa. Un total de 12 demandas enfrenta Hondutel en los tribunales de justicia, las que ascienden a 2,200 millones de lempiras.
De llegar a ser condenada la estatal de telecomunicaciones, las sumas serían impagables.
Por ello, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Ordóñez; y el gerente de Hondutel, Jesús Mejía, llegaron ayer a la Corte Suprema de Justicia a reunirse con el presidente por ley de este poder del Estado, Tomás Arita Valle.
El propósito fue informar el trasfondo de las demandas, las que califican como injustas.
Una de ellas es la que presentó Rosman Wilfredo Montiel Girón, actual director de la Carrera Judicial de la CSJ, quien tiene demandado a Hondutel por 213.7 millones de lempiras.
Montiel fungió como jefe del Departamento Jurídico Administrativo de Hondutel, cargo al que renunció en junio de 2010 recibiendo en calidad de prestaciones 401,155 lempiras.
En octubre de 2012 demandó a Hondutel reclamando incumplimiento de pago de honorarios profesionales, argumentando que recibió poder de la estatal para representarla en juicios y otras diligencias en diferentes materias.
Una de ellas fue el conocimiento de una nota de crédito fiscal por 151.6 millones que finalmente emitió la DEI a favor de la estatal.
Mejía cuestionó que desde la fecha que asumió el poder de representación y la resolución que emitió la DEI sobre el crédito fiscal, solo transcurrieron 13 días, por lo que ve imposible que en un lapso corto de tiempo resolviera Montiel el asunto.
Es decir que el caso del crédito fiscal lo condujo otro abogado, no Montiel Girón, quien solo se notificó de la resolución de la DEI y ahora reclama 213.7 millones por arancel profesional, de ser notificado.
Con la visita de Mejía y Ordóñez pretenden llamar la atención de los magistrados, que se mantenga la institucionalidad del Poder Judicial.
“Lo que pedimos es que se aplique justicia. Estamos seguros que la CSJ prevalecerá las leyes”, dijo el gerente de Hondutel. Asimismo, espera que Montiel sea destituido del Poder Judicial.
Dijo preocuparle que por ser un alto funcionario de la CSJ se llegue tan lejos este juicio y que esta demanda no debió ser ni admitida.
“La lógica me dice que si yo tengo un empleado que está dañando la institucionalidad, lo correcto es hacerlo a un lado, pero yo no soy nadie para hacerlo”, indicó.
