TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un movimiento ambientalista de la zona del Aguán, noreste de Honduras, exigió este miércoles el cierre de un mina de hierro en una rica reserva forestal.
“Es oportuna la cancelación definitiva de contratos, licencias y permisos de operación y explotación” al “consorcio empresarial EMCO”, que es “un complejo extractivo y explotador de los bienes naturales en el territorio protegido del Parque Nacional Botaderos”, unos 220 km al noreste de Tegucigalpa, dijo en rueda de prensa la ambientalista Juana Zúniga.
Según el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al que Zúniga pertenece, la compañía inició en 2013 las operaciones de la mina Los Pinares deforestando 200 hectáreas del parque de 96,755 hectáreas, declarado “área protegida” en agosto de 2012.
La reserva de Botaderos tiene 34 cuencas hidrográficas, alberga árboles de alto valor y especies exóticas, animales en peligro de extinción y restos arqueológicos prehispánicos, según los ambientalistas.
Zúniga denunció que la minera ha convocado a un cabildo abierto el 9 de diciembre para preguntar a la población si está de acuerdo con la instalación de una planta termoeléctrica a base de agua y petcoke, con lo que aumentará los daños al ambiente.
“El petcoke es un carburante de petróleo que va a causar una catástrofe ambiental para la naturaleza y la vida humana” en una zona donde viven unas 400,000 personas, dijo a la AFP el también dirigente del comité Juan López.
La abogada del comité, Rita Romero, explicó que han pedido a los nuevos fiscales generales, que asumieron interinamente el 1 de noviembre, que agilicen los juicios “criminales” abiertos desde 2020 contra la compañía y exfuncionarios que otorgaron los permisos ambientales en forma “ilícita” porque estaban prohibidos en zonas de reserva.
La compañía EMCO se define en su página web como “una minera visionaria con innovador proyecto de óxido de hierro”, ejemplo de “responsabilidad ambiental” y que “tras 8 años de trabajo” ya “inició la fase de producción de hierro en bruto como materia prima”.
La minería tiene muchos detractores en Centroamérica y es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
El martes, la Corte Suprema panameña declaró “inconstitucional” el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que tuvieron semiparalizado al país durante más de un mes.
Para calmar los ánimos, Panamá también aprobó este mes una moratoria en la minería metálica.
