TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el mar Caribe, Islas del Cisne se erigen como un paraíso natural de gran valor ecológico. Compuestas por tres atolones (Grande, Pequeña y Cayo Pájaro), estos archipiélagos están en el debate público porque el gobierno, pese a los cuestionamientos de ambientalistas, de la empresa privada y otros sectores, aprobó el 4 de julio la licencia ambiental para construir una cárcel de máxima seguridad.
El principal argumento legal del gobierno para continuar con este proyecto es que este ecosistema no es oficialmente un área protegida al nunca publicarse en La Gaceta el acuerdo presidencial 3056-91 que elevaba a esta categoría el lugar.
Para los ambientalistas, lo anterior es un tecnicismo. Su recomendación es que las autoridades hondureñas deberían finalizar con el proceso administrativo para declarar Islas del Cisne un área protegida y detener el plan de una prisión.
Obligación estatal
El valor ecológico de Islas del Cisne radica en sus prístinos ecosistemas marinos y terrestres. Las aguas que rodean las Islas son refugio de diversas especies marinas, incluyendo arrecifes de coral, peces tropicales y crustáceos y, en tierra firme, sirven como importantes sitios de anidación para aves migratorias y locales.
A pesar de no tener la designación de área protegida, Honduras implementó desde hace varias décadas normativas para asegurar la conservación de estos ecosistemas.
Entre las medidas más destacadas se encuentran las restricciones de acceso a las islas, que requieren permisos especiales, y la regulación estricta de actividades como la pesca y la recolección de especies.
Hay mucha confusión legal porque en La Gaceta nunca se publicó el acuerdo presidencial 3056-91, del 30 de octubre de 1991, que declararía Islas del Cisne como área protegida. Sin embargo, ambientalistas y expertos en derechos sostienen que este tecnicismo no debe frenar al Estado para proteger este espacio. En ese contexto, el abogado Kenneth Madrid indicó que “la protección del medio ambiente es un principio rector. Todo ecosistema declarado o no como área protegida debe cuidarse”.
Pese a las advertencias, el gobierno trabaja para construir una cárcel de máxima seguridad que tendrá capacidad para unos 2,000 prisioneros líderes de las estructuras criminales, de alta peligrosidad, que estén capturados o por detener.
La obra, que tendrá un costo estimado preliminar de unos 80 millones de dólares (casi 2,000 millones de lempiras), ha sido rechazada por varios sectores hondureños. Entre ellos, la Coalición Ambiental de Honduras (Coah), porque estima que “no es viable” pues la construcción suprimirá el ecosistema.
“El sitio tiene un estatus legal que, si bien es cierto, no ha sido culminado, pero se tiene el recurso en Islas del Cisne, que es el único ecosistema de tanto valor. En la opinión de nosotros es que el lugar se explote, pero no para ese tipo de rubros, sino en áreas constructivas”, puntualizó Liza Kafati, de la junta directiva del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (Ciah).
Recomendó que “en este sentido de la parte legal, pues lo que se debe de hacer ahora es terminar todo el proceso administrativo para que el área quede protegida”.
El ingeniero Anuar Romero, quien ha realizado estudios en Islas del Cisne, coincidió con Kafati, al comentar que la riqueza natural se presta para actividades de buceo, para desarrollar un laboratorio científico y construir una estación climática, no para una cárcel. “La isla tiene biodiversidad que sirve para la ciencia”, consideró.
“Es una aberración continuar con un plan prácticamente de destrucción de un ecosistema frágil de una zona ecológicamente que alberga flora y fauna diversa para la conservación”, dijo por su parte la ambientalista Laura Palmese.
Liza Kafati: Junta Directiva Colegio de Ingeniería Ambiental
“En este sentido de la parte legal, pues lo que se debe de hacer ahora es terminar todo el proceso administrativo para que el área (Islas del Cisne) quede protegida”.
