TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A juicio del analista Raúl Pineda, las recusaciones emprendidas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el caso Narcopolítica, denominado así por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), hay un irrespeto al aparato judicial del país.
“Siento que en alguna medida esta actitud ha evidenciado un irrespeto a la judicatura y haciendo el papel de abogado del diablo pudiésemos pensar que quieren un juez a su medida como ya los han tenido en otras oportunidades”, cuestionó Pineda.
Manifestó que “yo creo que en todo juicio hay un componente teatral, el problema es cuando se exagera la dosis, si la Ufecic tienen suficiente elementos probatorios, no veo porqué tienen que recusar a un juez que tiene una serie de controles que van desde la Inspectoría de Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y las
partes procesales”.
El experto explicó que el problema está en que no se trata de castigar a cualquier precio ni ser un acusador a ultranza, “se debe generar en el juez una certeza positiva de que el castigo que va a aplicar es realmente congruente con la acción que se está investigando”.
Además: Declaran inadmisible segunda recusación contra jueza que conoce el caso 'Narcopolítica'
Acciones
El pasado jueves 23, la Maccih interpuso la acusación contra 12 personas ante los Juzgados de Letras en Materia de Corrupción y solicitaron la secretividad del caso, aduciendo que por los hechos denunciados habían más personas investigadas y contra quienes se preparaban más acciones. No obstante, 24 horas después tres de los acusados: Miguel Pastor, Walter Maldonado y Daysi Zúniga, se presentaron voluntariamente ante la jueza.
La Ufecic informó que la jueza Agueda Canelo había sido recusada “por estar incluida en investigación ordenada por filtración de información reservada”, dejando entrever que la funcionaria judicial era quien había filtrado detalles sobre el requerimiento a terceras personas.
La presentación de este caso fue diferente a los 11 anteriores emprendidos por la Maccih, debido a que anteriormente no se había solicitado la secretividad de las acusaciones y tampoco se había recusado a una jueza de Letras. El escrito presentado fue declarado inadmisible por un tribunal de alzada.
Por su parte, el abogado Jaír López indicó que “lo que debe hacerse siempre para garantizar derechos fundamentales es que, en primer lugar, si las investigaciones están en curso las mismas deben ser secretas. Una vez que las acciones judiciales se presentan, ya la regla cambia porque los actos judiciales, procesales, son públicos”.
Vea: Las frases de Pepe Lobo Sosa al desmentir acusaciones de la Maccih
