A criterio del organismo fiscal, la resolución del juez de primera instancia causa un agravio a la sociedad y no está dictada conforme a derecho.
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El 3 de noviembre del presente año, los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura fueron sobreseídos de varios delitos tras un informe de exoneración emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En ese sentido, el ente acusador del Estado citó un análisis de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de fecha 5 de noviembre de 2019, que establece que el TSC no puede acreditar responsabilidad penal sino que debe encontrar indicios de responsabilidad penal.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) pidió al tribunal de alzada revocar el sobreseimiento definitivo y dictar el auto de formal procesamiento.
Los favorecidos en esta causa son el expresidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés y los exconsejeros Teodoro Bonilla, Celino Aguilera, Julio César Barahona y Liliam Maldonado, que habían sido acusados por corrupción.
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