Honduras

Aseguran tres cuentas bancarias de caso FIFA en Honduras

La OABI dio a conocer que las tres cuentas están establecidas en instituciones finacieras del país.

08.12.2015

Tegucigalpa, Honduras

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tomó posesión este martes de tres cuentas bancarias a igual número de hondureños acusados por corrupción en la FIFA.

Claudia Solórzano, portavoz de la institución, detalló que el aseguramiento se dio en base a una orden emitida por el Juzgado Competente de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

La OABI, 'atendiendo orden de entes competente, toma posesión (de) 3 cuentas bancarias del caso para administración provisional', informó la institución en su cuenta de Twitter.

Las cuentas en dólares están establecidas en instituciones financieras nacionales.

Una de ellas está vinculada al expresidente Rafael Leonardo Callejas a través de una empresa inmobiliaria de nombre Santa Fe, en la que hay varios socios involucrados, entre ellos -presuntamente- la ex Primera Dama Norma Gaborit.

La segunda se le acredita al presidente de la Fenafuth Alfredo Hawit -detenido el pasado jueves en Suiza- y su esposa María Asfura.

Y la tercera cuenta congelada pertenece a un familiar de la esposa de Hawit, Andrés Asfura, quien sería el abogado defensor en el caso Astrofarma.

La Fiscalía contra el crimen organizado continúa a su vez con las diligencias para comprobar la existencia de más sociedades mercantiles que podrían pertenecer a Callejas o Hawit.

También, con las investigaciones para determinar el movimiento de cuentas bancarias de grandes bancos del país.

No se descartan aseguramientos a Callejas y a Hawit, en colaboración con el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos.

Trascendió este martes que la Fiscalía contra el Crimen Organizado ha determinado a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que el colombiano Miguel Trujillo -propietario de Media Worl- ha recibido viáticos de Fenafuth sin ser empleado.

Estados Unidos envió una solicitud de colaboración al Ministerio Público dentro del marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en material penal y que abarca a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).