TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exministro de Salud, Arturo “Tuky” Bendaña, fue trasladado este martes hacia los Juzgados de Criminal Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para comparecer a la audiencia de declaración de imputados, tras ser acusado por los delitos de fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Al llegar a los Juzgados, Bendaña aseguró ante los medios que “es inocente” de los delitos que se le imputan. El exfuncionario agrego que se siente “mal, muy mal, soy inocente”.
A la audiencia también acuden otros tres exfuncionarios implicados en el caso “Desfalco inhumano”, cuyo perjuicio económico es de más de 224 millones de lempiras.
El desfalco multimillonario ocurrió mediante la compra de medicamentos e insumos médicos, con un perjuicio de L. 224 millones, cuando Bendaña fungía como secretario de Salud, entre los años 2010-2014, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
La audiencia está programada para concluir al filo del mediodía en donde se conocerá los delitos imputados y la imposición de medidas que podrían derivar en que los requeridos se defiendan en libertad o continúen bajo la medida de prisión preventiva.
El caso
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó el lunes un requerimiento fiscal contra funcionarios de la Secretaría de Salud y representantes de empresas mercantiles, por compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de doscientos veinticuatro millones de lempiras (L. 224,994,921.30).
Se trata de Arturo Bendáña Pinel (exministro de Salud), Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.
A quienes se les imputan delitos como fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “extrafinanciamiento” (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño.
El requerimiento indica, además, que parte del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados.
