La bancada nacionalista endureció su posición a última hora y advirtió que no apoyarán las leyes del Poder Ejecutivo que impliquen “paquetazos” hasta tanto no se resuelva la crisis educativa provocada por la destitución de 11 directores departamentales de Educación, supuestamente de filiación nacionalista.
Con esta actitud, lo que comenzó siendo un tema económico se volvió político y cambió los planes del gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández que convocaron de urgencia al Congreso Nacional para conocer una Ley Antievasión y otra referida a la exoneración de dispensas fiscales.
La destitución de los 11 funcionarios de la Secretaría de Educación provocó la confrontación entre los líderes nacionalistas y el secretario de Educación, Marlon Escoto, porque están siendo removidos miembros del partido de gobierno.
Esta crisis interfirió los planes del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que estaba esperanzado en que ayer el Congreso Nacional aprobaría la Ley Antievasión para obligar a las empresas a tributar el 1 por ciento por anticipado.
Restitución
La bancada nacionalista pidió al presidente del CN, Juan Orlando Hernández que no introdujera en la agenda el tema del 1 por ciento hasta que no se resuelva el problema educativo.
Los congresistas piden una solución por la vía de la restitución de los directores despedidos, o en su defecto la separación del ministro Marlon Escoto, y en última instancia, que a este funcionario se le quiten los poderes que le ha atribuido el presidente Lobo.
La polémica ley obliga a las personas naturales y jurídicas que ejecutan actos de comercio al pago por anticipado del 1% del impuesto sobre la renta calculado sobre los ingresos brutos.
Ese anticipo debe ser enterado al fisco siempre y cuando en el término de cinco períodos fiscales no prescritos, en dos de ellos hayan reportado pérdidas operacionales consecutivas o alternas y si en el último lapso hubiesen obtenido ingresos brutos iguales o superiores a los seis millones de lempiras.
El anticipo del 1% será tomado como un crédito en la Declaración del Impuesto sobre la Renta, Aporte Solidario Temporal o del Activo Neto.
Esta ley, obligaba por otra parte también al pago de un anticipo del 3% del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que realicen transacciones de importación definitiva de bienes por las diferentes aduanas.
La disposición es aplicable para las personas naturales o jurídicas que no estén inscritos como contribuyentes en la DEI o que, independientemente de que estén registrados, tengan una mora líquida, firme y exigible.
Sin embargo, cuando todo estaba listo para ser aprobado, la bancada oficialista pidió que se pospusiera la aprobación.
“La bancada nacionalista ha pedido a la Junta Directiva que no agendara la discusión de esta ley, que se le ha denominado antievasiva, en virtud que hay muchos aspectos que no están lo suficientemente claros y que deberán, las comisiones técnicas, establecer que este no es otro impuesto disfrazado, como le ha denominado la población”, dijo el diputado Renán Inestroza, antes de iniciar la sesión.
El la sesión solo fue leída la nota de remisión de la más reciente versión del proyecto de ley enviado por la Secretaria de Finanzas, cuyo proyecto fue turnado a la comisión de presupuesto que preside el diputado, Francisco Rivera, para que elabore el correspondiente dictamen.
Inestroza evadió referirse a las interioridades de la sesión de bancada, en la que los oficialistas y los diputados de la Alianza Parlamentaria condicionaron la aprobación de la Ley Antievasión y del “sexto paquetazo” a la solución política del despido de los 11 directores departamentales.
Los diputados nacionalistas expusieron que ellos están poniendo en precario su perfil político aprobando los “paquetazos” que manda el Poder Ejecutivo “a cambio de nada”.
Liberales no apoyarán
Por su lado, los diputados liberales exigieron copias de los proyectos de ley, especialmente los que se refieren a la medida antievasión y advirtieron no estar dispuestos a apoyar dicha normativa ni el denominado “sexto paquetazo”, referido a la eliminación de exoneraciones fiscales y control del gasto público. Entretanto, las otras bancadas no hubo manifestación y decidieron esperar hasta tener conocimiento pleno de las leyes en referencia.
Por otro lado, en una reunión con maestros, en el Colegio de Abogados, el presidente del CN, Juan Hernández, dio 24 horas al ministro de Finanzas para que aumente el salario de los maestros y apruebe una serie de incentivos, una determinación que ya está contemplada en el Presupuesto General de la República vigente.
El político también pidió la restitución de los directores departamentales que fueron destituidos.
La sesión que estaba contemplada para las 4:00 de la tarde fue retrasada mientras los nacionalistas negociaban con el Poder Ejecutivo una salida a la crisis educativa, que provocó la separación de los directores departamentales.La sesión comenzó a eso de las 5:30 PM y en su introducción el presidente del Congreso anunció los temas que se debatirían en la misma.
Curiosamente, dijo que en agenda estaba contemplado el reingreso del proyecto de ley de medida antievasión elaborado por la Secretaría de Finanzas, pero horas antes en sesión de bancada se presentó el dictamen que fue elaborado por una comisión que dirige el diputado nacionalista, Francisco Rivera.
Horas antes, el diputado Rivera declaró que el dictamen está listo para ser aprobado, luego de un afinamiento que le hicieron con técnicos de la Secretaría de Finanzas.
Indicó que la propuesta de cambiar la base para el cobro anticipado del uno por ciento del impuesto sobre la renta, afecte a empresas que tienen volúmenes de venta superiores a los 100 mil lempiras y no a seis millones de lempiras como indica la iniciativa original.
“Lo importante es no afectar a los pequeños negocios, no generar desempleos. Se trata de no afectar pulperías, salas de belleza, panaderías, tortillerías, a los pequeños y medianos empresarios que generan trabajo y bienestar”.
Escoto explica a Lobo argumento de suspensiones
El ministro de Educación, Marlon Escoto, tenía contemplado reunirse ayer con el presidente Porfirio Lobo para explicar los argumentos legales que utilizó para la suspensión de 11 directores departamentales.
Entre el legajo de documentos que preparó estaban los nombramientos de los funcionarios cesanteados que establecen que sus selecciones no se realizaron mediante concurso y por ello los removió.
También llevó en su mano el Estatuto del Docente y la Ley Fundamental de Educación que, asegura, utiliza para realizar el proceso de selección de los nuevos directores.
Escoto dijo a EL HERALDO que el Presidente está de acuerdo con los cambios que se han hecho en las direcciones departamentales.
