Tegucigalpa, Honduras.- Los intentos de la bancada nacionalista para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por sus polémicas declaraciones en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria, han quedado frustrados, pues no se les ha permitido presentar la moción en el Congreso Nacional.
El martes, al inicio de la sesión, los diputados nacionalistas pidieron espacio para presentar la moción, no obstante, no se les dio la palabra, a lo que se comenzó la lectura en segundo debate de la Ley de Justicia Tributaria.
El diputado Jorge Zelaya intentó presentar la moción de orden para que el jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) se presente al pleno y rinda declaraciones sobre lo que dijo hace algunas semanas durante una ceremonia de ascensos, sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Redondo, se negó a concederle la palabra.
Los diputados opositores criticaron las acciones de Redondo y señalaron que se trata de una estrategia para proteger al general y así evitar que rindan cuentas ante lo que consideran una injerencia en asuntos políticos por parte del oficial castrense.
“El papel de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad y la soberanía del país, no intervenir en asuntos legislativos, ni tomar posturas políticas. Lo que queremos es que se enmarque en lo que la Constitución”, dijo el diputado nacionalista.
Agregó que continuarán haciendo intentos para presentar la moción de orden en cada una de las sesiones legislativas, hasta que les den la palabra.
Presiones políticas a los mandos militares
El apoyo de Hernández a la Ley de Justicia Tributaria que viene impulsando el Partido Libertad y Refundación (Libre) generó controversia entre los distintos sectores.
Durante su discurso en la ceremonia de ascensos de la institución castrense declaró que “esa herramienta legal, cómo es la Ley de Justicia Tributaria, dónde nos dimos cuenta de muchas cosas, una de ellas la exoneración, hay 66 mil millones de lempiras al año beneficiando a un grupo reducido, en las matemáticas nos dice, de 10 familias, increíble”.
Opinó que esa cifra que ha dejado de percibir el Estado podría ser utilizado en salud, educación o en la misma institución castrense. Además, aseguró que esa cantidad (66 mil millones) corresponde a seis años de presupuesto.
“Me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político y hacemos conclusiones, hágalo usted también, pero lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de seis años, qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este (66 mil millones de lempiras) o imagínese este presupuesto en salud en educación fuentes de trabajo”, aseguró.
La oposición cuestionó el involucramiento de las Fuerzas Armadas en decisiones del Poder Legislativo, y recordó que la institución castrense debe mantenerse al margen de la política y no tomar partido, como lo estipula el artículo 272 de la Constitución de la República.
A pesar de lo que expresa la Constitución, los gobiernos han intentado en diferentes momentos ordenar y presionar a los jefes militares, comentó Romeo Vásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas.
“Dan órdenes que son ilegales, pero ahí depende del carácter de cada quien, si tienen carácter los enfrentan, aunque se corre el riesgo de que lo releven del mando, pero ahí es donde se ve el carácter de no cumplir con órdenes ilegales”, expresó.
Vásquez indicó que las declaraciones vertidas por el jefe de las Fuerzas Armadas muestran la instrumentalización que tiene Libre sobre el jerarca militar.
“Esas declaraciones dadas por el militar se las pidió el gobierno, es obvio que se están dejando instrumentalizando por los políticos”, dijo.
Vázquez recordó que lo mismo ocurrió con el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín. “Los ponen a dar discursos políticos en palestras que no son prudentes, además que es prohibido dentro del contexto de la ley; a un militar le prohíben andar dando declaraciones políticas, según la Constitución de la República”, comentó.
Interpelación
Para el analista y abogado en derecho constitucional, Raúl Pineda, la interpelación que solicitan los diputados está conforme a ley, y tienen la potestad de llamar al general Hernández para que rinda declaraciones al respecto.
Sin embargo, señaló que el país no gana nada con llevar al militar al estrado de la cámara legislativa para que rinda cuentas sobre sus manifestaciones.
“Tenemos a la sociedad lo suficientemente estresada para aumentar ese estrés, generando un conflicto entre el sector político y el sector militar”, apuntó.
Argumentó que las declaraciones del general no han causado daño, por lo que bastaría con un llamado de atención y la censura popular que ha tenido el militar.
No obstante, los diputados de la oposición indicaron que la intervención del Ejército en decisiones políticas podría socavar la credibilidad de las instituciones y poner en peligro el Estado de derecho de Honduras.
Por su parte, el oficialismo acusó a los diputados nacionalistas de crear una cortina de humo con la interpelación para desviar la atención de otros asuntos claves.
