Tegucigalpa, Honduras.- Una ola de críticas y señalamientos provocaron las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, luego de mostrar su respaldo a la controversial Ley de Justicia Tributaria.
Miembros de la oposición y otros sectores acusaron a Hernández de tomar posturas a favor del gobierno luego de referirse al cuestionado proyecto de ley, que aún sigue sin discutirse en el Congreso Nacional.
Fue durante su discurso de la ceremonia de ascensos de la institución castrense que el jefe del Estado Mayor Conjunto criticó que exista exoneraciones tributarias y respaldó la aprobación de la normativa.
“Esa herramienta legal, cómo es la Ley de Justicia Tributaria, dónde nos dimos cuenta de muchas cosas, una de ellas la exoneración, hay 66 mil millones de lempiras al año beneficiando a un grupo reducido, en las matemáticas nos dice, de 10 familias, increíble”, declaró Hernández.
Del mismo modo, señaló que esa cifra que ha dejado de percibir el Estado podría ser utilizado en salud, educación o en la misma institución castrense, donde aseguró que esa cantidad (66 mil millones) corresponde a seis años de presupuesto.
“Me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político y hacemos conclusiones, hágalo usted también, pero lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de seis años, qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este (66 mil millones de lempiras) o imagínese este presupuesto en salud en educación fuentes de trabajo”, opinó.
Estas declaraciones del máximo líder militar rápidamente levantaron críticas entre opositores, quienes aseguran que su apoyo a la ley compromete la neutralidad de las Fuerzas Armadas, como lo señala la Constitución de la República.
Además, señalan que, al alinearse con la propuesta del Ejecutivo, el jefe del EMC estaría tomando una postura partidista, lo que contraviene el carácter apolítico de las FFAA.
En ese sentido, uno de los primeros en reaccionar fue el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien aseguró que Hernández debía referirse a la reanudación del Tratado de Extradición de Honduras como “buen soldado”.
“Lo que el pueblo esperaba en su discurso era una solicitud formal de reanudar el convenio de LA EXTRADICIÓN con Usa para darle seguridad al país. Esa debería ser la aspiración de todo buen soldado de la patria”, posteó en su cuenta Zambrano.
Por su parte, el precandidato del Partido Liberal, Jorge Cálix, ironizó la situación y presentó a Hernández como ‘candidato a diputado’ del partido Libertad y Refundación (Libre).
“Saluden al nuevo candidato a Diputado por el Partido Libre, General Roosevelt Hernández”, opinó Cálix.
Del mismo modo, solicitó que le leyeran a Hernández el artículo 272 de la Constitución referentes a las funciones de las Fuerzas Armadas.
“Que alguien le lea al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el artículo 272 de la Constitución de la República, por favor”, declaró Cálix.
El fundador del movimiento “Una Sola Voz Por Honduras”, Rashid Mejía, señaló a Hernández como “activista” del partido de gobierno y recordó que esto no es permitido de acuerdo a las leyes.
“Increíble, jefe de las FFAA, habla como un militante de Libre. Decían, regresar los militares a los cuarteles. ¿Ahora son activistas? La ley es clara, esto no es permitido, al narco familión no le importan las leyes”, publicó Mejía en su cuenta de X.
Asimismo, el miembro del Consejo Central del Partido Liberal (CCPL), José Luis Moncada, recomendó al jefe del EMC limitarse a sus funciones constitucionales y no opinar sobre temas políticos y económicos para no ‘dañar’ la imagen de las Fuerzas Armadas.
“Ocúpese, como establece la CONSTITUCIÓN en sus funciones, no se meta en campos Políticos y Económicos, en el poco tiempo que lleva en el cargo está dañando la imagen de la Institución”, aseguró Moncada.
Por su parte, el oficial de economía del Consejo Hondureño para la Empresa Privada, Alejandro Kaffati calificó como ‘preocupante’ el discurso de Hernández y aseguró que sus declaraciones ‘socavan la credibilidad’ de la institución castrense.
“Es preocupante escuchar a un líder de las fuerzas armadas pronunciarse sobre un tema estrictamente político. Estas intervenciones socavan seriamente la credibilidad y ponen en duda la supuesta independencia de la institución. La cooptación de las instituciones, tanto en el pasado como en la actualidad, sigue siendo INACEPTABLES”
De igual manera, la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, calificó de “desubicado” a Hernández y le recordó que la discusión de las leyes es función exclusiva del Poder Legislativo.
“No es función de las Fuerzas Armadas convertirse en actores políticos ni en defensores de reformas que solo benefician al gobierno actual a costa del bienestar general”, opinó Mejía.
Además, agregó que “debería enfocarse en sus funciones constitucionales en lugar de hacer campaña a favor de una ley tan controversial como la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido criticada por su falta de transparencia y por las posibles afectaciones a la economía nacional”.
Su correligionaria, Lissi Cano, definió como un “circo” el accionar de Hernández y aseguró que al pedir la Ley de Justicia Tributaria se convierte en un ‘activista’ de Libre.
“Decepcionante actuar de una de las instituciones más dignas solía tener nuestro país”, opinó Cano.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 272 de la Constitución de la República ordena a las Fuerzas Armadas ser una institución “apolítica, obediente y no deliberante” y dice textualmente lo siguiente:
Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público.
A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas.
