El auto de prisión decretado contra tres supuestos implicados en el secuestro de Alfredo Villatoro
es un paso para que el caso no quede en la impunidad.
El Ministerio Público (MP) no culminó la investigación, busca a más responsables.
El pasado martes el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó auto de prisión contra Katlin Rosibel Zambrano Ortiz (18), Jessica Yamileth Zambrano Ortiz (24) y Marvin Enrique Oliva Navas.
Compañeros del instituto Saúl Zelaya de una de la implicadas, Katlin Zambrano, protagonizaron este jueves una marcha en el bulevar Comunidad Económica Europea, pidiendo que la joven sea liberada.
'Encierren a los verdaderos culpables que ustedes ya saben quiénes son. Katlin es inocente', dijeron los manifestantes.
Frente a los juzgados de Comayagüela, los jóvenes aseguraron que la imputada asistió puntualmente a clases durante el tiempo en el que se mantuvo privado de libertad al periodista Alfredo Villatoro.
En un inicio la Fiscalía contra el Crimen Organizado los acusó por el delito se secuestro agravado, por la privación de libertad de Villatoro seguida del asesinato.
Sin embargo, en la audiencia inicial el juez resolvió dictar el auto de prisión contra los tres acusados por el delito de secuestro, en su grado de complicidad.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado aportó los indicios racionales suficientes para acreditar la comisión de este delito y la participación de los tres imputados en el mismo.
En primera instancia se comprobaron llamadas que se habrían originado de teléfonos de los tres jóvenes, relacionadas al secuestro. Por el momento no se cuenta con indicios de la participación de estas tres personas en el asesinato de Villatoro.
Específicamente, el indicio de mayor peso fue el vaciado telefónico y la explicación que dieron los fiscales de la conexión que existieron entre las llamadas.
En la audiencia, los tres sospechosos rindieron declaración ante el juez, pero develaron muchas incongruencias que no fueron valoradas por el juez. Por su lado, la defensa expuso varias tesis que no logró acreditar ante el juez en la materia. Mayores detalles no fueron revelados a la prensa.
Cómplices, no autores
El portavoz del MP, Melvin Duarte, destacó las pruebas aportadas sirvieron para que se dictara el auto de prisión por la complicidad en el secuestro de Villatoro.
“De acuerdo a lo que se ha podido investigar y demostrar, ellos tuvieron esa participación, aunque no a título de autor, pero sí en una participación grave como cómplices de ese mismo delito”, manifestó el vocero.
Como su participación sería en el grado de complicidad en el secuestro, no recaería contra ellos una pena de privación de libertad de por vida.
Las investigaciones continúan abiertas en el MP.
“La Fiscalía continúa realizando las investigación con los equipos asignados por la Policía”, expresó Duarte. Se pretende encontrar a otros hallazgos orientados a llevar a los tribunales a más implicados.
“Se busca la participación de otras personas, aparte de las que ya han sido requeridas de manera formal, a fin de conocer cuál es la participación de ellos y deducir las responsabilidades correspondientes”, dijo. “Se busca la autoría material e intelectual, conocer a todas las personas que han tenido algún grado de responsabilidad en este hecho”, agregó.
Las investigaciones se mantienen en secretividad.
Corrupción policial
En un aspecto relacionado al caso, la Fiscalía contra la Corrupción inició de oficio una investigación contra autoridades de Seguridad por pagar salarios a un policía preso.
Se sospecha de una extorsión en el caso de Villatoro en que habrían incurrido Juan Ramón Fonseca y Miguel Ángel Álvarez, ambos se encontraban presos en el penal de Danlí y fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara. Luego se comprobó que Miguel Álvarez era policía y que aún recibía salarios.
“La Fiscalía especial contra la Corrupción solicitó los informes en relación a la participación que tenía este policía en la Secretaría de Seguridad”, informó. Se busca confirmar si existió algún tipo de negligencia, violación de deberes de algún funcionario o abuso de autoridad por el pago de salarios a un policía condenado.
