TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Capturan al exdirector del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), Juan Ramón Cruz, acusado de participar en el megafraude en proyecto Ciudad Morazán, esto luego que el fiscal general, Johel Zelaya, presentara un requerimiento fiscal.
El exfuncionario se trata de Juan Ramón Cruz , de 79 años, quien es acusado por los delitos de fraude y asociación para delinquir.
De acuerdo a informaciones de las autoridades, la detención se realizó en tempranas horas de la mañana de este miércoles -31 de julio- colonia San José de la Vega de Tegucigalpa.
Las autoridades confirmaron que el arresto Cruz contó con la evaluación médica correspondiente, realizada por personal sanitario de la Policía Nacional, para asegurar su integridad física durante el procedimiento.
Posteriormente, Cruz fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y será presentado ante los Tribunales para responder a las acusaciones en su contra.
Junto a Cruz, cuentan con requerimiento fiscal el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, la excomisionada presidenta de Coalianza, Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de una institución financiera, Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, funcionarios de la secretaria de la presidencia, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla.
Además Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
A los anteriormente mencionados se les acusa por los delitos de asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros, por lo que se solicita que giren órdenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la inmediata alerta migratoria.
Millonario megafraude en “casas contenedoras”
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra del exsecretario de la Presidencia Ebal Díaz Lupián, y otros exfuncionarios, por el caso de megafraude de las casas contenedores para damnificados por los huracanes Eta y Iota que azotaron el país en noviembre de 2020.
A los involucrados se les acusa de fraude en el fallido proyecto Ciudad Morazán, el cual debía ser ejecutado por la Secretaría de la Presidencia por 294 millones de lempiras.
EL HERALDO evidenció la falta de transparencia encontrada en todos los procesos de este proyecto, pues de las más de mil casas que deberían haber sido instaladas, solo 23 de ellas están habitadas. De estas, solo 10 familias que las ocupan fueron realmente afectadas por los huracanes.
Las viviendas nunca fueron habitables, pues como este rotativo lo evidenció, no tenían agua potable, los pisos y paredes estaban quebrados, entre otras precariedades.
Unidad Investigativa de EL HERALDO evidenció caso de “casas contenedoras”
En febrero de 2020, los cajones metálicos deberían estar instalados y habitadas por las familias afectadas. Hasta fecha, lo único que se encuentra en el lugar es la maleza creciente.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó constantemente la zona en la aldea Santa Rosa, kilómetro 12, municipio del Distrito Central, encontrando que por la falta de planificación y estudios se retrasaba la obra, donde se detalló que el proyecto debía estar listo en febrero de 2021, luego, según autoridades, la fecha se movió para mayo. Evidentemente no se cumplió en ninguna de las dos fechas.
Desde hace aproximadamente tres años se comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, el cual sigue inhabitable.
Tras investigaciones, este rotativo conoció que el gobierno no destinó la obra a la institución encargada de desarrollar la política de viviendas en Honduras, que es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).
El proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia, por medio de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), encargado de la parte técnica.
Sin embargo, en 2022, la UCP informó a EL HERALDO Plus que realizó el traspaso del proyecto “Residencial Morazán”, a la Secretaria de la Presidencia.
Tras la investigación de este rotativo, entes como el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) indagaron el caso y fue así como se dio paso a estos requerimientos fiscales presentados este día.
