TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra del exsecretario de la Presidencia Ebal Díaz Lupián, y otros exfuncionarios, por el caso de megafraude de las casas contenedores para damnificados por los huracanes Eta y Iota.
A los involucrados se les acusa de fraude en el fallido proyecto Ciudad Morazán, el cual debía ser ejecutado por la Secretaría de la Presidencia por 294 millones de lempiras.
EL HERALDO evidenció la falta de transparencia encontrada en todos los procesos de este proyecto, pues de las más de mil casas que deberían haber sido instaladas, solo 23 de ellas están habitadas. De estas, solo 10 familias que las ocupan fueron realmente afectadas por los huracanes.
Ebal Díaz, quien anunció a finales de 2020 que las viviendas serían construidas, sería el líder del caso de corrupción, pero tras el triunfo del gobierno de Xiomara Castro se fue a vivir al extranjero, específicamente a Nicaragua.
Las viviendas nunca fueron habitables, pues como este rotativo lo evidenció, no tenían agua potable, los pisos y paredes estaban quebrados, entre otras precariedades.
En el millonario fraude también están involucrados Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza, Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de una institución financiera, Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, funcionarios de la secretaria de la presidencia, Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
A los mencionados se les acusa por los delitos de asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros, por lo que se solicita que giren órdenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la inmediata alerta migratoria.
Johel Zelaya pide justicia tras fraude
Según el requerimiento presentado por el Fiscal general ante el MP, el exministro Díaz presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP) y dirigió una estructura criminal para orquestar el fraude para este proyecto.
“No queremos jueces timoratos y que busquen caminos alternos liberar delincuentes, traemos suficientes pruebas en este caso”, declaró.
EL HERALDO evidenció el caso
En febrero de 2020, los cajones metálicos deberían estar instalados y habitadas por las familias afectadas. Hasta fecha, lo único que se encuentra en el lugar es la maleza creciente.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó constantemente la zona en la aldea Santa Rosa, kilómetro 12, municipio del Distrito Central, encontrando que por la falta de planificación y estudios se retrasaba la obra, donde se detalló que el proyecto debía estar listo en febrero de 2021, luego, según autoridades, la fecha se movió para mayo. Evidentemente no se cumplió en ninguna de las dos fechas.
Desde hace aproximadamente tres años se comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, el cual sigue inhabitable.
Tras investigaciones, este rotativo conoció que el gobierno no destinó la obra a la institución encargada de desarrollar la política de viviendas en Honduras, que es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).
El proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia, por medio de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), encargado de la parte técnica.
Sin embargo, en 2022, la UCP informó a EL HERALDO Plus que realizó el traspaso del proyecto “Residencial Morazán”, a la Secretaria de la Presidencia.
Tras la investigación de este rotativo, entes como el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) indagaron el caso y fue así como se dio paso a estos requerimientos fiscales presentados este día.
