TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El requerimiento fiscal conocido como “Corrupción sobre ruedas” devela el montaje de una trama de cómo se desviaron fondos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y de otras instituciones públicas para financiar la campaña política del Partido Nacional (PN) en 2013.
La acusación implica en esta trama a ocho personas, seis de ellas ya tienen medidas distintas a la prisión y las otras dos que se entregarán voluntariamente este día.
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La investigación, que fue registrada por los fiscales bajo el número-2018-12- Línea C, señala cómo se montó un entramado para desviar fondos públicos que fueron encaminados a favorecer la campaña interna del PN.
Relación de hechos
El requerimiento fiscal al que tuvo acceso EL HERALDO señala que a mediados de 2013 el señor José Adolfo Sierra, que trabajaba con Carol Alvarado, acusada en este caso, le dijo que la extinta exministra Hilda Hernández quería formar una empresa, pero que ella no podía crearla por ser funcionaria pública, por lo que necesitaba una persona para ponerla a su nombre.
Fue así que en mayo de 2014 el señor Sierra se constituyó como comerciante individual bajo la denominación Servicios e Inversiones AID, cuya finalidad sería la prestación de servicios de publicidad, impresión, venta de material de oficinas, construcción, licores, cigarrillos, compra y venta de bienes y raíces, préstamos bancarios y cualquier actividad de comercio lícito en Honduras.
En el Servicio de Administración de Rentas, la empresa AID aparece identificada a nombre de José Adolfo Sierra, con inicio de actividades el 16 de junio de 2013.
Para ese mismo año, AID tenía un total de ingresos declarados de 5.3 millones de lempiras; para el 2014, 36.4 millones de lempiras; para el 2015, un total de 55.8 millones de lempiras y para 2016, la suma de 34.1 millones de lempiras.
En julio de 2013 se presentó Carol Vanessa Alvarado y José Adolfo Sierra a una institución bancaria privada a abrir una cuenta en cheques a nombre de Sierra y la empresa AID con el propósito de ahorrar los ingresos provenientes del negocio de publicidad, informando un ingreso mensual de 30,000 lempiras.
Para abrir la cuenta se realizó un depósito de 5,000 lempiras y su firma única registrada.
En un principio, la empresa AID se instaló en el edificio Jade, ubicado en el barrio La Granja, pero luego se le manifestó que Hilda Hernández la trasladaría al edificio donde funcionaba la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
Una vez que la exministra fue nombrada como titular de Comunicaciones, la empresa AID se trasladó a las instalaciones de Casa Presidencial. La Guardia de Honor Presidencial le extendió al testigo un carné como motorista de Carol Alvarado para que pudiera ingresar a Casa de Gobierno.
Entre julio de 2013 al 19 de mayo de 2014 se realizaron créditos por 11.4 millones de lempiras de la cuenta número 12075503 de la empresa AID.
En el mismo período se realizaron 104 transacciones por débitos por 11.4 millones de lempiras. Pero, curiosamente en esa misma fecha la cuenta detalla un saldo final por 0.00 lempiras, encontrando una mezcla de fondos públicos y privados, por lo que se realizó un análisis de la totalidad de la cuenta.
Durante ese período se hicieron 48 transacciones, 43 cheques procedentes de personas naturales y jurídicas, un depósito de saldo inicial, un depósito en efectivo y una transacción por Claudia Noriega, una transacción de documento disponible y un depósito final el 19 de mayo de 2014.
Pagos de campaña
El testigo protegido TP-BA1 manifestó, sin mencionar fecha, que conoció a la extinta exministra de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández, por intermedio de David Eduardo Ortiz Hawit.
La acusación señala que en agosto de 2013 se le manifestó al testigo protegido TP-BA1, “que había un dinero transferido a Banadesa para la campaña electoral del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, fondos destinados a la encargada de campaña, Hilda Rosario Hernández, para ser utilizados en la campaña electoral”.
El extenso documento señala que “se le instruyó para que hiciera facturas simuladas para tener acceso a los fondos”.
En ese sentido, se procedió a presentar 2.9 millones de lempiras en facturas simuladas ante Banadesa.
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Una vez que los cheques le fueron pagados, el testigo protegido TP-BA1 se reunió con la exministra Hilda Hernández, “a fin de determinar cómo le pagarían varias facturas que le adeudaba el movimiento Azules Unidos del Partido Nacional por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas del 2012 que ascendía a cinco o seis millones de lempiras”.
Durante el encuentro, el testigo manifestó que la exministra Hernández le dijo que de los 2.9 millones de lempiras obtenidos de Banadesa, “iban a abonar 1.3 millones de lempiras en facturas vencidas del servicio de alquiler de vehículos para la campaña; 800,000 lempiras y fracción lo abonaría para la compra de un camioneta Toyota, modelo Land Cruiser Prado; y el resto, aproximadamente 800,000 lempiras, se los debía devolver en efectivo.
Para noviembre de 2013, el testigo aseveró que la exministra Hernández le solicitó que recogiera unos cheques de Banadesa a nombre de la empresa Servicios e Inversiones AID.
Le manifestó que “ya se había comunicado al banco para que se los entregaran y que los fondos serían destinados para seguirle pagando el alquiler de vehículos para la campaña del Partido Nacional”.
Una vez retirados debían ser depositados en la cuenta de la AID, de donde posteriormente se emitieron dos cheques.
El primer cheque por un monto de 1.6 millones de lempiras y otro por un valor aproximado por 1.8 millones de lempiras, ambos para el pago de servicio de alquiler de vehículos prestados a la campaña del movimiento Azules Unidos. Del dinero sobrante, unos 600,000 lempiras, Hilda Hernández le dijo que le cancelaría el saldo de una Prado que había adquirido para su uso personal y de la cual ya le había abonado 800,000 lempiras.
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