El Congreso Nacional conoció ayer dos proyectos de ley relacionados con el “paquetazo” y de inmediato el presidente de la Cámara, Mauricio Oliva, nombró una comisión para su dictamen.
Por un lado, la bancada liberal introdujo una reforma a la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas (Decreto 278-2013) consistente en derogar el artículo 17 de dicha normativa, a efecto de sustraer del pago del 15 por ciento de Impuesto sobre Ventas a los productos de la canasta básica.
La revisión del “paquetazo” fue un logro del Partido Liberal, instituto político que pidió eso a cambio de apoyar la elección de la nueva junta directiva, en aras de la gobernabilidad del país.
Mientras el Partido Liberal proponía la revisión del “paquetazo”, en una demostración de oposición constructiva, los diputados de Libre-Pac procedían a destruir los bienes del Poder Legislativo, en un hecho vandálico que fue repudiado por toda la hondureñidad.
Ayer, los diputados de Libre y Pac ya se mostraron más sosegados y decidieron sumarse a la iniciativa del Partido Liberal, pero intentado ir más allá al proponer la derogación total del decreto 278-2013 que dio vida al “paquetazo”.
Fue el expresidente liberal, Manuel Zelaya Rosales, quien presentó el proyecto de decreto que establece la derogatoria.
El proyecto liberal
El proyecto liberal, leído por el diputado Marco Antonio Andino, en su exposición de motivos dice que el Partido Liberal de Honduras votó en contra de las recientes medidas de ajuste fiscal, aprobadas por el Congreso Nacional.
Agregó que lo más sensitivo para el pueblo hondureño es haber cargado con un impuesto a su dieta alimenticia y los artículos de la canasta básica constituyen el elemento esencial para los hondureños y, por lo tanto, es un bien que debemos de proteger.
Andino señaló que la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, contenidas en el Decreto 278-2013, significará un aumento de la recaudación tributaria, pero también provocará la extracción de una parte del ingreso disponible en los hogares y de las empresas.
La aplicación de este Decreto 278-2013 tiene consecuencias severas sobre el nivel de los ingresos disponibles de las personas por dos vías: reducción mediante el pago de mayores tributos y una reducción adicional por el efecto inflacionario de las medidas, acotó Andino.
Enseguida, adujo que los hogares de menores ingresos tienen una propensión de consumir bienes de primera necesidad especialmente elementos de la canasta básica, la cual fue reducida y debe revisarse en beneficio del pueblo hondureño.
El efecto en el nivel de ingresos de los hogares deriva en menor nivel de consumo total de la economía y siendo que el sistema tributario de Honduras es en general regresivo, es seguro que la mayor carga relativa en el incremento de impuesto recaerá sobre los estratos más vulnerables de la población.
El otro efecto en el ingreso de las personas es la reducción del poder adquisitivo real, es decir, el aumento de la inflación.
En este camino buscaremos los consensos con las otras fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional para generar beneficios al pueblo hondureño .
El proyecto de la bancada liberal establece en su artículo 1 derogar el artículo 17 del Decreto 278-2013.
En su artículo 2 pide instruir a la Secretaría de Industria y Comercio para que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, realice una descripción dentro de las partidas arancelarias a fin de que queden exonerados los artículos esenciales de consumo popular.
En el artículo 3 “instruye a las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio para que con la participación de las asociaciones de consumidores en base al decreto número 24-2000 contentivo de la Ley de Protección al Consumidor, realice con carácter de urgencia las medidas necesarias para la defensa de los intereses de los consumidores a fin de que los productos regresen a sus precios anteriores y se combate la especulación.
Por su lado, Manuel Zelaya Rosales, quien el pasado lunes encabezó una marcha que terminó en actos de vandalismo contra los bienes públicos y privados, expuso que el desarrollo de una economía cuando se carga de impuestos afecta al sector privado y a los sectores sociales.
La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión tiene por consecuencia ser considerada como parte de un proceso que va a afectar nuestra economía.
Zelaya, en uno de los considerandos, dijo que “no debemos usurpar los espacios institucionales para promover actos de discriminación velada en contra de los grupos humanos más precarios en el país, a quienes se carga con el peso infame de las políticas impositivas del Estado que prometen una salida de las crisis fiscales a cambio del sacrificio permanente de los más pobres del país”.
Además, agregó que los impuestos no deben ser confiscatorios, que los ancianos merecen la protección especial del Estado, que el patrimonio familiar debe ser objeto de protección del Estado y que este tiene la obligación de proteger la infancia”.
Debido a que ambos proyectos de ley fueron firmados por todos los diputados de las referidas bancadas, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, permitió que varios diputados retiraran sus firmas a efecto de poder participar en las comisiones de dictamen.
El artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo prohíbe que los diputados proyectistas pasen a integrar las comisiones de dictamen de su propuesta.
Para el proyecto presentado por el expresidente liberal Zelaya Rosales, el presidente nombró a una comisión integrada por los diputados Rolando Dubón Bueso, Carlos Lara, Ángel Sandoval, David Reyes, Samuel Reyes, Tomás Zambrano, Aracely Leiva y Abel Benítez.
Para el proyecto que presentó el diputado Marco Antonio Andino, fue nombrada una comisión que encabeza el diputado Francisco Rivera, Gabriela Núñez, Marlon Lara, Yuri Sabas, Rolando Dubón Bueso, Carmen Rivera y José María Martínez.
