Tegucigalpa, Honduras.- Luis Urbina, jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de una entrevista y después de la cadena nacional del fiscal general Johel Zelaya, destacó la importancia de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y el rol de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Urbina enfatizó que varios casos de alto impacto solo lograron ser judicializados gracias a la existencia de la MACCIH, y lamentó la pérdida de institucionalidad que ha afectado al Ministerio Público en los últimos años.
Además, subrayó que la MACCIH evitó la concentración de poder dentro de las instituciones de justicia y permitió que la UFERCO avanzara en investigaciones relevantes.
Entre los casos destacados mencionó los procesos contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, la investigación sobre narcopolítica, y el proyecto hidroeléctrico Patuca III, los cuales surgieron, en parte, gracias a denuncias del CNA. Sin la presencia de la MACCIH, el investigador advirtió que esos casos no habrían sido procesados.
Críticas a la impunidad y concentración de poder
El CNA también cuestionó la falta de autonomía del Ministerio Público en años anteriores, así como la parcialidad del Poder Judicial al otorgar sobreseimientos provisionales y definitivos a funcionarios implicados en corrupción.
Urbina criticó cómo algunos decretos legislativos, como los aprobados entre 2019 y 2021, facilitaron la impunidad de altos funcionarios.
Mencionó como ejemplo los decretos 116-2019, 117-2019, 57-2020 y 93-2021, que generaron lo que describió como “impunidad institucionalizada”. Además, hizo referencia al decreto 04-2022, que otorgó amnistía por actos relacionados con la administración pública, lo cual, según el CNA, envía un mensaje preocupante en cuanto al combate contra la corrupción.
Johel Zelaya cuestionado por señalar a Asfura en cadena nacional
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha sido fuertemente cuestionado por diversos actores políticos tras utilizar una cadena nacional para exponer una acusación contra Nasry Asfura, exalcalde y precandidato opositor.
El diputado Daniel Discua criticó que al divulgar el caso públicamente, Zelaya vulneró el principio de inocencia y ejerció presión indebida sobre los jueces.
Además, recordó que tanto el Código Penal como el Código de Ética del Ministerio Público exigen mantener las investigaciones en confidencialidad.
Por su parte, la diputada Suyapa Figueroa acusó a Zelaya de carecer de credibilidad debido a su designación bajo acuerdos políticos con el partido Libre.
El diputado liberal Yuri Sabas señaló que el contexto electoral podría intensificar este tipo de acciones, utilizando procesos judiciales como armas políticas.
