TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las iniciativas exclusivamente privadas seguirán por el momento siendo estructuradas por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).
EL HERALDO conoció que son al menos 14 proyectos presentados por el sector privado los que deberán ser analizados y resueltos por esta institución.
De momento la vida de Coalianza es incierta debido a que depende de los desembolsos que pueda recibir de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Así lo establece el decreto PCM-010-2019 que ordena a Sefin dar a Coalianza los recursos necesarios para el año fiscal 2019. En ese sentido, el gobierno no ha establecido qué pasará con la institución en enero de 2020.
Fuentes de EL HERALDO informaron que la unidad ejecutora que trabajará con el BID manejará los proyectos de iniciativas públicas.
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En tanto, el poco personal que tiene Coalianza se quedará revisando la viabilidad de iniciativas que han presentado empresarios interesados en desarrollar proyectos en Honduras.
Son más de 14 iniciativas que pueden ser en áreas como carreteras, infraestructura portuaria, proyectos energéticos y de servicios.
Entre los ejemplos de iniciativas de APP privadas están el puerto del Henecán, en San Lorenzo, Valle, que está en estudio y el mercado de Danlí, El Paraíso.
Todas estas iniciativas fueron presentadas ante Coalianza y si el gobierno no les da una respuesta y decide cerrar Coalianza, generaría una serie de obstáculos para el Estado.
El problema es que existen garantías de sostenimiento y al no determinar cuál es el statu quo de los proyectos, puede traer demandas millonarias de parte de los ofertantes, aseguraron fuentes de EL HERALDO.
MegaproyectosEl Centro Cívico Gubernamental(CCG) es uno de los principales proyectos que ha adjudicado Coalianza. |
La revisión de todos estos proyectos puede llevar entre seis meses y tres años, ya que representan aproximadamente 2,000 millones de dólares, unos 49,000 millones de lempiras.
Estos montos pueden ser mucho más altos que las iniciativas públicas, pero es de resaltar que no todos los proyectos reúnen los requisitos.
En ese sentido, antes de decidir cerrar en definitiva Coalianza, se debe resolver la viabilidad de las iniciativas privadas presentadas hasta el momento.
La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) está a cargo de definir el futuro de esta institución que cada día que pasa es más severa su agonía.
EL HERALDO consultó a Martha Doblado, titular de la SCGG, pero solo leyó los mensajes y no respondió a las preguntas sobre las salidas que tienen como Ejecutivo para esta institución.
El régimen de las iniciativas privadas está contemplado en artículo 34 del Reglamento de las APP.
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Administración
La falta de transparencia de Coalianza la llevó a ganarse la desconfianza de la población debido a que implementó un modelo desconocido hasta hace menos de diez años en el país, sin informar los procesos.
Las APP fueron concebidas en el marco legal hondureño en el año 2010, mediante decreto legislativo número 143-2010.
Con el paso de los años se han dado una serie de mandatos y reformas con el fin de mejorar el modelo.
Sin embargo, uno de los principales problemas de Coalianza es que los tres comisionados que integran el consejo directivo son electos en el cargo por siete años consecutivos, según el artículo 11 de la Ley de la institución.
Esto limita poder evolucionar con este tipo de modelos de inversión, por lo cual, algunos expertos consideran que se debe limitar al período de cada gobierno al menos.
MegaproyectoPara no dejar morirlas iniciativas de Alianza Público Privada (APP), la mejor alternativa que tiene el gobierno es el apoyo que le está dando el BID. |
Además los sueldos son elevados, cada comisionado devenga 153,360 lempiras mensuales y 113,000 el secretario ejecutivo.
Un informe de transparencia, sobre los resultados de Coalianza entre los años 2010 al 2019 indica que las APP han permitido la adjudicación de proyectos por un monto que supera los 42,724 millones de lempiras.
Del 100% de los proyectos, el 16% es en infraestructura vial, el 13% en infraestructura urbana y el 0.43% en infraestructura local.
Las grandes inversiones se han hecho en los puertos con el 39%, en aeropuertos el 9%, en energía el 21.42% y en servicios el 1.07%.
Según el reporte de transparencia, Coalianza funciona como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ya que recibe un 2% del costo de cada proyecto adjudicado para su funcionamiento.
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Este ente ha sido el encargado de gestionar los proyectos y procesos de participación público-privada para la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos.
Pero en los últimos años, los funcionarios al frente de la institución han tomado malas decisiones, que representan millonarias demandas para el Estado.
Debido a lo anterior, EL HERALDO reveló que el gobierno en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) crearán una unidad ejecutora para concesionar los principales proyectos de APP que venía estructurando Coalianza.
Estos proyectos son aeropuertos, el puerto de Castilla, el sistema de rayos X de Puerto Cortés y una línea de transmisión para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Lester Ramírez, director de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideró que si el BID se va a hacer cargo de los proyectos de Coalianza, debería tomar el total de la cartera y que se decida qué pasará con esa institución.
“El problema aquí es que en las instituciones solo hacen borrón y cuenta nueva, pero qué pasa con la responsabilidad de las autoridades que pasaron por Coalianza”, señaló Ramírez.
Recordó que existe una responsabilidad del Estado con la empresa que estaba manejando el Corredor Turístico y que al final el proyecto fue un fracaso.
El investigador al mismo tiempo demandó al BID dar a conocer los resultados de la auditoría que realizaron sobre los proyectos que adjudicó Coalianza. Al mismo tiempo se debe definir cuál va a ser el papel de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), quienes también debía estar pendiente de los proceso de APP que se adjudicaron en el país.
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