Tegucigalpa, Honduras
Ante los cuestionamientos por el impacto social, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), se echó para atrás y derogó el Timbre de Litigación y Procuración.
El valor del timbre era de 200 lempiras en el escrito inicial de la demanda, igualmente en el escrito de contestación, mientras que el timbre de procuración se adherirá a todos los escritos administrativos y tendría un costo de 100 lempiras.
Esta medida iba en contra directamente de las personas que solicitaban los servicios de los profesionales del derecho porque prácticamente toda gestión tendría que usar el polémico timbre.
“Sabemos que el instrumento aprobado ha generado algo de controversia, sin embargo, la Junta Directiva Nacional ha dispuesto derogar los Timbres de Litigación y Procuración que estaban contempladas en el arancel”, informó el presidente del CAH, José María Díaz.
Justificó que no se derogaron porque fueran ilegales sino porque “estamos respetando la situación económica no solo de los abogados sino de la ciudadanía en general”.
El anuncio se hizo este lunes en una asamblea celebrada en las instalaciones del CAH en Tegucigalpa, en la que participaron miembros de ese ente gremial, representantes de las asociaciones de jueces y fiscales, entre otros.
Trancazo vigente
Pese al anuncio, en la asamblea la derogación o readecuación del nuevo arancel no fue abordado por las autoridades del CAH, por lo tanto las tarifas excesivas que ya fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta se mantienen vigentes.
“Nosotros vamos a rectificar lo que tengamos que rectificar, pero si no le vamos a dar marcha atrás a la dignidad de los abogados en el respeto a sus honorarios profesionales”, enfatizó Díaz.
Argumentó que el tema del aumento al arancel se está politizando y lo menos que se está haciendo es un estudio con conciencia de la nueva imposición.
La medida se tomó con base en el incremento del índice inflacionario, según alegan, sin embargo, los nuevos cobros en algunos casos superan el 50% del costo anterior.
En materia de familia, el costo es más oneroso, ya que por un divorcio de mutuo acuerdo el pago mínimo obligatorio es de 15,000 lempiras y por el proceso contencioso de divorcio se cobra ahora como mínimo 30,000 lempiras.
En materia laboral, solo una consulta verbal a un profesional del derecho tiene un precio de 1,000 lempiras.
Los abogados también fijaron sus honorarios cuando se trata de delitos contra el honor. Se fijó la cantidad de 30,000 lempiras en caso que concluyan el proceso en la audiencia conciliatoria, la suma pactada se reducirá a un 50% de los honorarios totales, asimismo si es desistida tácita o expresamente.
El CAH también publicó que el salario mínimo de los abogados será ahora de 27,000 lempiras y no de 21,000, como estaba establecido anteriormente.
En caso de que una causa judicial sea llevada a los juzgados, se fijó los honorarios por la gestión profesional hasta obtener sentencia definitiva en 170,000 lempiras, pero de forma acumulativa.
Los referidos valores se incrementarán hasta un 20% cuando estén relacionados con el crimen organizado, lavado de activos, corrupción y extorsión.
Abogados rechazan el incremento al arance
El abusivo aumento al arancel aprobado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) fue rechazado por los mismos profesionales del derecho.
Hay quienes opinan que la Asamblea no tiene potestad para elevar el arancel de los abogados.
“La Ley de Organización y de Atribución de los Tribunales dice que la administración de la justicia es gratuita”, indicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
En consecuencia, están creando un tributo, una tasa especial que debe de ser aprobada por el Congreso Nacional, dijo Barrientos.
Y es que pese a que al arancel de los abogados está vigente este no pasó en ningún momento a ser discutido mucho menos aprobado por el Poder Legislativo.
El artículo 122 del decreto de la Asamblea del CAH establece que “se crea el Timbre de Litigación y Procuración con la intención de fortalecer el Colegio de Abogados de Honduras y el Instituto de Previsión Social del Derecho”.
El valor del timbre es de 200 lempiras en el escrito inicial de la demanda, igualmente en el escrito de contestación, mientras que el timbre de procuración se adherirá a todos los escritos administrativos y tendrá un costo de 100 lempiras.
Hay quienes se oponen a esta determinación y la califican de abusiva.
“Se les ha pasado la mano al Colegio de Abogados con estos cobros exagerados, porque no obedecen al índice inflacionario del Banco Central de Honduras, ya que van arriba del 50% de lo que se cobraba anteriormente”, señaló Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).
