TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Especial, del Congreso Nacional para investigar a los exfiscales del Ministerio Público, entregó la documentación de casos de “alto impacto” durante la gestión de los extitulares de la Fiscalía, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.
De acuerdo a lo informado por dicha comisión, el fiscal general interino, Johel Zelaya, tiene en su poder documentos de diez casos de alto impacto, cuyos expedientes se encuentran en poder del MP.
Además, Zelaya tuvo una reunión con los nueve congresistas que integran la Comisión Especial para hablar los avances del informe de dicha investigación
“Hemos entregado al Fiscal General interino copias de la documentación remitida y verificada por la comisión especial de casos de alto impacto en la vida general”, informó Silvia Ayala, congresistas del partido Libertad y Refundación (Libre) y la comisión especial.
De acuerdo a lo informado por Ayala, dicho informe contiene casos de impacto como la situación constitucional de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández en 2017.
Además, la participación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupcion (UFECIC) en procesos emblemáticos como el “Caso Pandora” y “Arca Abierta”.
Agregó el asesinato de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheryl Hernández, en 2018, quien era coordinadora en Santa Rosa de Copán y de acuerdo a Medicina Forense, su muerte fue un homicidio y no un suicidio.
“El Ministerio Público decidió cerrar administrativamente el caso, valorar la prueba y determinar que la muerte era un suicidio”, indicó la congresista.
De igual manera, señaló el caso de las muertes por la crisis electorales de 2017, donde Medicina Forense realizó 27 autopsias y solo existen apenas ocho expedientes administrativos del caso
Ayala se refirió a que el escrito contiene casos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración del Patronato Nacional de Infancia (Pani).
Sobre este caso, la parlamentaria explicó que hubo “una erogación superior a 230 millones de lempiras para el pago de merienda escolar en tiempo del confinamiento y las clases eran bajo la modalidad virtual”.
Asimismo, por la compra del Estado de Honduras de camiones bomberos a Israel en mal estado y la adjudicación de contratos de energía lesivos para el país.
Ante los casos anteriormente expuestos, Ayala se refirió a la no aplicación de la ley por parte del exfiscal general Óscar Chinchilla y el exfiscal interino Daniel Sibrián.
