TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Estado de Honduras fue condenado a pagar 2,600 millones de lempiras derivado de una demanda internacional, monto que el actual gobierno no pretende pagar según lo expresado por los interlocutores estatales.
Los apoderados legales de la compañía demandante DRC Inc. en Honduras aseguraron que hay anuencia para llegar a un acuerdo de pago si el Estado de Honduras así lo quisiera.
“Hay voluntad de conciliar y lógicamente no se está tratando de desfalcar los fondos del Estado, sino, que siempre ha habido voluntad por conciliar esta situación”, reveló Marco Zelaya, apoderado legal de la empresa DRC Inc.
Desde que se dictó la sentencia dando la resolución al laudo internacional en el año 2009, los dueños de esta empresa de capital estadounidense trataron de solucionar la problemática con los gobiernos anteriores, pero no hubo un eco positivo.
Zelaya compartió que se hicieron “las solicitudes pertinentes ante la presidenta Xiomara Castro, sin tener respuesta”.
¿Negligencia o qué?
En el proceso judicial en el que se enfrascaron la compañía DRC Inc. y el Estado de Honduras, producto de una situación contractual, se realizaron las audiencias ya establecidas, sin embargo, “esa audiencia se reprogramó cuatro veces y en las cuatro veces el mismo representante del Estado siempre decía que tenía covid”, señaló Jacobo Salandía, también apoderado de DRC Inc.
Aseveró que en la audiencia de apelación los procuradores del Estado no ingresaron a la sala judicial. Finalmente, fue un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien dio fe que todo estaba correcto. La sentencia se deriva por daños y perjuicios causados a dicha empresa, la que realizó trabajos de reconstrucción tras los daños causados por el huracán Mitch.
