La opinión generalizada de los diputados del Congreso Nacional es que la depuración policial no debe sufrir ningún traspiés y debe continuar. El tema de la renuncia del abogado Óscar Manuel Arita de la Dirección de Evaluación e Investigación de la Carrera Policial (DIECP) ha encendido las alarmas en el Congreso y la preocupación de los diputados es que este impasse puede obstaculizar el desarrollo del proceso de depuración policial.
Cabe recordar que también está pendiente el nombramiento de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, un organismo cuya función es poner el “acelerador” al proceso de depuración.
¿Un revés?
En el Congreso, el temor es que esta nueva infraestructura sufra el traspiés que ya tiene la DIECP por falta de apoyo de las altas esferas del gobierno, sobre todo en materia económica, sostiene el congresista liberal ángel Darío Banegas.
No obstante, el legislador afirmó que la renuncia de Arita no debe interpretarse como un revés, sino como un alto en el proceso de adecentamiento y transformación de la Policía Nacional.
Banegas cuestionó que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo tienen que ser serios en este tipo de decisiones, porque “¿cómo es posible que se creen las infraestructuras para propósitos determinados y no se les dé el apoyo presupuestario”.
Una oficina creada para un trabajo tan riesgoso como es la depuración policial necesita apoyo no solo de la parte legal para proceder, sino de la parte logística para actuar, comentó Banegas.
Insistió en que para ese trabajo se necesitan laboratorios, cuerpos de investigación, consejos y consultores, pero si la persona que es responsable de los resultados no tiene un cinco para comprar un lápiz, es lógico que mejor prefiere renunciar.
Convocatoria
Por su parte, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, convocó al Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) a una reunión de urgencia para las próximas horas, a efecto de analizar la renuncia de Arita y hacerle nuevas propuestas al Poder Ejecutivo para el nombramiento de su sucesor.
Bonilla indicó que la renuncia de Arita no entorpece el proceso de depuración iniciado en esa dependencia. Indicó que se debe actuar con prontitud para que esta dirección opere con normalidad, mientras tanto el subdirector se ha hecho cargo de la misma.
Se informó que para dar seguimiento a las denuncias y a los expedientes levantados en los últimos meses contra miembros de la carrera policial, el director por ley de la DIECP, Eduardo Villanueva, autorizó la contratación del nuevo personal técnico e investigativo.
La falta de presupuesto
Sobre las condicionantes que provocaron la renuncia de Arita, el diputado Rodolfo Zelaya, de la Comisión de Defensa, indicó que tienen que ver con la tardanza en la transferencia de los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de las funciones atribuidas a la Dirección, para lo cual el Congreso aprobó una partida de 30 millones de lempiras.
Zelaya recordó que, sin recursos disponibles, en enero de este año se produjo un estancamiento del proceso de evaluación de los agentes de la desaparecida Dirección de Asuntos Internos, así como un retraso en el programa para contratar nuevos expertos en esta materia.La institución heredó una mora de cinco mil denuncias contra supuestos policías corruptos y, según la información proporcionada por las autoridades de la Carrera Policial, de un total de 99 investigadores, 78 aceptaron someterse a las pruebas de rigor para su recontratación.
Ante ese panorama, el congresista reveló que las comisiones de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional están obligadas a conocer los motivos de la renuncia del abogado Arita e investigar en la propia Dirección si es por la falta de transferencias presupuestarias.
La pretendida reforma de la seguridad pública tiene otro cabo suelto porque los comisionados responsables de darle seguimiento a este proceso no han sido nombrados.
Su misión será vigilar, dar seguimiento y supervisar que la Dirección de la Carrera Policial cumpla con sus objetivos, así como formular propuestas para que el Ministerio Público y los órganos de investigación criminal sean herramientas efectivas en el combate al delito y la impunidad.
El “maquillaje”
El diputado Darío Banegas cuestiona que a pesar del esfuerzo del Congreso Nacional para crear el marco jurídico para los procesos de intervención y depuración de los organismos policiales, no se obtienen resultados, pero esto es producto de que las decisiones en el poder Ejecutivo solo “maquillan” los problemas, no los solucionan.
“Yo creo que el problema de la Policía es suficientemente grave como para poner todo el esfuerzo nacional al servicio de la solución de un problema gravísimo y esta iniciativa de una oficina para investigar a la policía tiene que tener todo el respaldo, pero si solo fue nombrada para salir del paso y no se le entregan herramientas, las personas a su cargo tienen razón de irse y tirar la toalla”, comentó Banegas.
Procedimiento
Por su lado, el vicepresidente alterno del CN, diputado Mauricio Oliva, afirmó que la renuncia de Arita debe ser suplida a corto plazo.
Indicó que el procedimiento es que el presidente de la República nombre a un nuevo director en base a los candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), que deberá reunirse de urgencia.
Una vez nombrado por el presidente, debe notificarse al Congreso Nacional para su ratificación y juramentación. Oliva libró de toda responsabilidad al Congreso Nacional de que la nueva Dirección no tenga apoyo, ya que dijo: “hemos aprobado el marco legal, se aprobó un presupuesto de 30 millones de lempiras y en este caso corresponde al Ejecutivo dar las partidas correspondientes”.
“Entendemos que estamos en un estado de excepción y hay que tener la suficiente paciencia para una dotación adecuada de recursos para que este tipo de proyectos como la depuración funcionen a cabalidad”.
Tres meses
Se ha cuestionado que la depuración ya tiene un período de tres meses y si se hace un balance sobre este punto no se ven hechos concretos, apenas suspensiones de policías.
Al respecto, el diputado vicepresidente indicó que “la depuración es un proceso muy delicado y no se pueden cometer arrebatos que después causen perjuicios a las arcas del Estado por cuestiones de demandas judiciales”. Se dijo finalmente que el martes el Congreso estaría ratificando al sucesor de Arita.
