Tegucigalpa, Honduras.- La conflictividad socioterritorial y ambiental en el país se agudizó en los últimos años debido al desarrollo de proyectos de extracción mineros, hidroeléctricos y de monocultivos que cada vez están afectando más a las comunidades y sus recursos naturales.
Así lo evidencia el informe presentado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) denominado “Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral”.
El documento, publicado en este 2024, analiza y visibiliza los conflictos sociales y ambientales que persisten en el país, producidos por la concesión de bienes comunes de la naturaleza, sin la consulta de las comunidades.
Cespad identificó en su estudio unos 42 conflictos socioambientales que actualmente se mantienen activos en al menos 10 departamentos del país.
La mayoría de ellos están relacionados con la instalación de represas hidroeléctricas, empresas mineras, proyectos de monocultivo y tenencia de tierra, de exploración y explotación petrolera, entre otros.
Para analizar el nivel de conflictividad, Cespad estableció la siguiente escala: el conflicto de nivel bajo se refiere cuando el impacto ambiental está relacionado con las obras de construcción inicial para habilitar operaciones de las empresas como apertura de carretera y deforestación.
El nivel medio hace referencia al impacto relacionado con la instalación del plantel de extracción en la identificación de fuentes de agua y los modos de acaparamiento, instalación energética para el desarrollo de las actividades, delimitación del espacio privado para la empresa, el desplazamiento de otras especies y la maquinaria en operaciones.
Mientras que el nivel de conflictividad alto está asociado a los impactos ambientales producidos por la operación de las empresas. En ese nivel se establece la contaminación de fuentes de agua, devastación de especies en el territorio y el asesinato de defensores y defensoras del territorio.
Este rotativo analizó los reportes de Cespad, identificando que de los 42 conflictos socioambientales el 59% tenía un nivel alto, mientras que el 15% un nivel medio y el resto un nivel bajo.
De acuerdo con los análisis, en Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán y La Paz predomina un nivel de conflictividad alto, mientras que en Santa Bárbara, Cortés, Choluteca y Valle, el nivel de conflictividad es medio y bajo.
Para el experto en derecho ambiental Pedro Landa, si bien el informe destaca más de 40 conflictos que están activos, son más de 300 los que se han registrado a lo largo de los últimos años por proyectos de extracción.
Landa auguró que los conflictos podrían incrementarse con la llegada de empresas de China, luego de establecer Honduras relaciones diplomáticas con el país asiático el año pasado.
“Creemos que se va a incrementar con la llegada de las empresas chinas que bajo el amparo del tratado comercial que se aprobó el año pasado y la aprobación de una concesión que hizo el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa sobre las reservas de hierro que tenemos en el país, van a llegar en el corto o mediano plazo empresas chinas a extraer el hierro que tenemos, generando mayores niveles de conflictividad, si no se toman las medidas”, advirtió.
Ataques contra defensores de la tierra
Las tensiones territoriales están provocando el desalojo y la criminalización de comunidades campesinas que defienden sus recursos y se oponen a la ejecución de algunos proyectos, revela el informe, por lo que establece la urgente necesidad de un compromiso por parte del Estado para desarrollar políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales del sector agrario.
Así como la creación mecanismos que garanticen la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. “Sin una acción decidida, los conflictos socioterritoriales en Honduras seguirán profundizando y perpetuando la desigualdad y la violencia en el campo”, exhorta el documento del Cespad.
La falta de protección estatal ha provocado un incremento de la violencia contra grupos campesinos, quienes se enfrentan a desalojos forzosos y amenazas de muerte, señala el documento.
A través del monitoreo de agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio, Cespad identificó que durante el primer semestre de este año son unos 17 los líderes ambientalistas y defensores de la tierra han sido asesinados, atacados y judicializados.
A la lista se suma el reciente asesinato del ambientalista Juan López en Tocoa, Colón.
López, quien se desempeñaba como concejal del municipio, fue atacado por hombres armados mientras se encontraba dentro de su vehículo en un concurrido barrio de Tocoa y falleció a causa de las heridas de bala que recibió, según informe preliminar de la Policía Nacional.
Además de tener el rol de concejal, Juan López se destacó por su labor de defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos y por su oposición a un megaproyecto extractivo de la zona.
El monitoreo del Cespad indica que en enero del 2024 fue asesinado el periodista y defensor del medio ambiente en Santa Bárbara, Luis Alonzo Teruel. Durante los siguientes meses se reportaron ataques a otros defensores territoriales y líderes campesinos.
“La muestra de casos presentada evidencia el alarmante nivel de vulnerabilidad y los riesgos extremos que enfrentan las personas defensoras de la tierra y el territorio en Honduras”, cuestiona el monitoreo.
Agrega que “la criminalización, los ataques violentos, las detenciones arbitrarias y la ineficiencia institucional para brindarles protección efectiva no solo exponen a estas personas a violaciones constantes de sus derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de impunidad y represión”.
A esta alarmante situación se suma la falta de respuestas y resultados en las investigaciones sobre los ataques contra defensores de la tierra, afirmó el Cespad.
Ante eso, subraya la urgencia de implementar soluciones inmediatas que garanticen un entorno seguro para que las y los defensores puedan ejercer su labor de manera plena.
Deficiencia institucional
Uno de los hallazgos que destaca el informe de Cespad es la falta de eficiencia por parte de la institucionalidad para prevenir y solucionar las tensiones territoriales y ambientales.
Aunque el documento establece algunas acciones que desde las entidades estatales se están desarrollando, las mismas son limitadas, lo que genera la necesidad de un compromiso del Estado para impulsar políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales.
Los expertos coinciden que es necesario que Honduras se adhiera al acuerdo de Escazú, tratado que fue adoptado por 24 países latinoamericanos en 2018 y que entró en vigor en 2022.
El acuerdo plantea el derecho de acceso a la información pública, es decir, obligaría al Estado a informar a las poblaciones sobre las ventajas, riesgos y acciones de mitigación que tendrán los proyectos antes de ser aprobados
Posteriormente, establece el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo que significa que una vez informadas, las comunidades podrán decidir si apoyan o no la ejecución de los proyectos.
Así como el derecho a la justicia en asuntos ambientales que traería protección a los defensores del medio ambiente y las comunidades.
Landa, quien también es integrante de la Red Hondureña por Escazú, manifestó que al adherirse Honduras al acuerdo se reducirían enormemente los conflictos socioterritoriales y ambientales, además se fortalecería la lucha contra el cambio climático, reduciría la vulnerabilidad ambiental y mejorarían las inversiones.
Lamentablemente, el acuerdo se ha mantenido engavetado por más de dos años en el Poder Ejecutivo, lo que demuestra la poca voluntad de parte de las autoridades.
“Ya sea por falta de voluntad o de compromisos con los sectores extractivos que no se atreven a dar el paso ni de cancelar los proyectos ni de aprobar el acuerdo de Escazú, pese a que en el discurso dicen una cosa y en la práctica actúan de forma distinta” criticó Landa.
Lucía Vijil, asesora de Justicia Ambiental y Ecológica del Cespad, dijo que el acuerdo de Escazú es el primer gran pacto ambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
El tratado garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, lo que lo convierte en un instrumento sumamente relevante para la región, puntualizó Vijil; no obstante, señaló que existen “múltiples intereses que obstaculizan la adhesión de Honduras a este tratado”.
