TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de año y medio del inicio de la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, sectores coincidieron en que las imposiciones han sido normalizadas al momento de aprobar leyes. En muchos casos no han contado con los votos necesarios y han violentado de manera recurrente las normas parlamentarias, hasta lo dispuesto por la Constitución.
Dentro de las leyes o procesos realizados por el órgano unicameral que han sido fuertemente cuestionados por irregularidades cometidas al momento de su aprobación figuran la propia elección de la Junta Directiva, en enero de 2022.
En el listado figuran el decreto 04-2022 o Ley de Amnistía Política -también conocida como pacto de impunidad-, aprobado con la ausencia de la oposición y en medio del conflicto por la legitimidad de la Junta Directiva de Redondo.
Se suma el nombramiento del procurador general, que no reunía los requisitos, y la derogación de la “Ley de secretos” contenida en el decreto 418-2013.
Más reciente está el caso de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) -cuya acta no fue ratificada en la sesión, pero siempre se publicó en La Gaceta- y la derogación del Fondo Departamental, que debía contar supuestamente con la mayoría calificada.
Origen viciado
“Lo que está sucediendo en el Poder Legislativo es la consecución de su origen, es un rosario de inconstitucionalidad de interpretación al margen de la Constitución, es un desconocimiento absoluto, no porque no tengan el conocimiento, sino porque no les importa respetar la Constitución”, aseveró el abogado constitucionalista Oliver Erazo.
Advirtió: “El tema es que se ha mal acostumbrado a la Junta Directiva a no tener los votos y a ejercer el poder al uso de la fuerza y la imposición coactiva. En este momento, el Estado constitucional democrático de derecho está en una crisis agonizando, por el maltrato, ultraje, usurpación del poder y de los actos regidos contra la Constitución que está cometiendo la clase política en el poder”.
El jurista lamentó cómo los parlamentarios obvian o pasan por alto los criterios de votación establecidos dentro de la Constitución al momento de votar o derogar leyes especiales, además de la mala interpretación de los artículos transitorios.
En consonancia, el excongresista y jurista Raúl Pineda es del criterio que “seguimos con diputados que van a hacer populismo, que van a usar discursos de barricada en temas que son eminentemente técnicos, por eso se equivocan en la jerarquía de una ley secundaria, de un tratado o la Constitución y generan conflictos que al final tendrán que ser resueltos por la sala de lo Constitucional”.
Pineda señaló que, además de las dudas que generan ciertas acciones cometidas por el CN al obviar procedimientos, el parlamento debe buscar asesoría especializada debido a que hay pobre producción en materia legislativa.
Por su parte, desde sociedad civil, Lester Ramírez, director de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que “no hay un CN fortalecido, el que tiene el control del CN va a aplicar los procedimientos a su conveniencia, ahora mismo la confianza en el CN está en su punto más bajo”.
Durante 19 meses, el mandato de Luis Redondo en el Congreso se ha visto envuelto de acusaciones de ilegalidad desde su ascenso a la presidencia del órgano unicameral.
A lo anterior se suma la crisis de ingobernabilidad legislativa al no poder aprobar leyes de importancia por no lograr establecer acuerdos con las demás fuerzas políticas, falta de transparencia y justificación de irregularidades en vacías interpretaciones a su conveniencia de la ley.
Decisiones polémicas
Con solo 44 votos de diputados propietarios a favor y varios suplentes integrados en curules de otras bancadas, con patadas y a la fuerza, Libre estableció en la presidencia del CN a Luis Redondo, situación que aún genera dudas en el Legislativo.
Con la justificación de hacer justicia a los perseguidos políticos tras el golpe de Estado, el parlamento aprobó la Ley de Amnistía, conocido como pacto de impunidad, que exonera de delitos relacionados a la corrupción a exfuncionarios de Mel Zelaya.
A falta de seis meses de vacar en su cargo, el Congreso removió a María Estela Cardona de la Procuraduría, para elegir con mayoría simple (65 votos) y no calificada (86 votos) a José Manuel Díaz, quien -además- no cumplía los requisitos.
Como una promesa cumplida, el Poder Legislativo derogó la cuestionada “Ley de secretos” aprobada por el gobierno anterior, no obstante no fue desclasificada la información sobre el manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad.
Con opiniones divididas, el parlamento derogó el decreto 116-2019 por mayoría simple, no obstante juristas consideran que la misma necesitaba 86 votos, ya que al no seguir el procedimiento se deja una puerta abierta para interposición de recurso en la CSJ.
Sin ratificar el acta de la sesión anterior, el CN envió a sanción el decreto del acuerdo para la adhesión a la CAF. Según lo promulgado en el diario La Gaceta, el decreto fue enviado a publicación desde el pasado 29 de mayo sin seguir el proceso.
