TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Frente Parlamentario presentó este miércoles (2 de agosto) una denuncia ante el Ministerio Público en contra los diputados Luis Redondo, Carlos Zelaya y Angélica Smith, por la adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La denuncia incluye al presidente del Congreso Nacional y a dos secretarios legislativos, al considerar que sus acciones fueron “ilegales y en contra de la voluntad de la mayoría de diputados en el Congreso Nacional”.
Los tres parlamentarios, miembros de la junta directiva, son acusados de delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones e impedimentos del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución.
El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, en representación del Frente Parlamentario- acusó a los mencionados arriba de enviar a publicar en La Gaceta la adhesión al CAF. La adhesión al también llamado Banco de Desarrollo de América Latina fue publicada el pasado 25 de julio generando una ola de reacciones y rechazo generalizado.
En la denuncian los firmantes solicitan al Ministerio Público emitir órdenes de captura en contra de los denunciados.
El Frente Parlamentario, que presentó la denuncia en defensa del estado de derecho, está integrado por los congresistas Maribel Espinoza del PSH; las diputadas Lissi Cano y Merary Díaz del Partido Nacional, además de Marlon Lara del Partido Liberal.
Denuncia
El Frente Parlamentario, que asegura la denuncia es en defensa del estado de derecho, está integrado por los congresistas Maribel Espinoza del PSH; Lissi Cano y Merary Díaz del Partido Nacional, además Marlon Lara de Partido Liberal.
Sin aprobación
El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el tema sigue causando rechazo entre varios sectores, ya que fue publicado sin haber sido aprobada por la mayoría de diputadas el acta de sesión.
Ante el rechazo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se pronunció al respecto en un documento donde justificó la legalidad de la aprobación.
Redondo, comenzó por aclarar que el término “ratificación del acta” es erróneo, pues se trata en realidad de una aprobación del acta de la sesión anterior, la cual no agrega ni le resta validez al decreto discutido, sino que se trata de un acto protocolario que no es de carácter obligatorio y que no afecta la cantidad de votos obtenidos en la discusión del decreto, para esto citó el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
